edición: 3073 , Viernes, 23 octubre 2020
30/09/2020
banca 
Contracorriente de Europa

Bancos y seguros contra el Gobierno para mantener la fiscalidad de las pensiones privadas

La Airef por un lado y los planteamientos del Gobierno en el Pacto de Toledo por otro trabajan para demostrar que el Estado no puede asumir el coste fiscal de los planes privados y recuperan que sólo favorecen a las rentas altas
Juan José González
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha conseguido (sólo en parte) rebajar la presión informativa y el interés general por las pensiones, lo cual no significa, por desgracia, que haya remitido la gravedad del déficit en pensiones que mensualmente se va acumulando y que pesan como una de las peores losas sobre las cuentas del Estado. Pero las espadas siguen en alto, en primera línea de las preocupaciones sociales y seguramente políticas. La Airef, sin embargo, no deja de trabajar y en esta dirección viene alimentando desde hace unos meses un debate con el que pretende justificar una propuesta sobre las desgravaciones de los planes de pensiones que, según el organismo independiente resultan de escasa utilidad para el gran público, benefician principalmente a las rentas altas al tiempo que representan una carga importante para el Estado. Así considerado el asunto, un problema sin duda, es obvio que habría que proceder a aplicar algún ajuste, bien para que la carga para las arcas públicas fuera menor, bien para que los beneficios alcanzasen a mayores sectores de población pero quizá nunca plantear la desaparición de los incentivos fiscales o desgravaciones por su, al parecer, falta de eficiencia general. La batalla (desgravaciones sí, desgravaciones no) puede alcanzar mayor temperatura en los próximos meses. Será a principios de año el momento en el que el Gobierno planea proponer algunas modificaciones fiscales para los planes de pensiones y otros productos de ahorro a largo plazo.
Será el momento en que comiencen a salir a la luz pública algunas conclusiones de la comisión que estudia la reforma del sistema de pensiones públicas en el ámbito del Pacto de Toledo. Los sectores económicos más afectados, entidades financieras y compañías aseguradoras, que cubren mayoritariamente el grueso de la inversión privada en planes y productos de ahorro, están comenzando a reaccionar. Al efecto ya se conocen algunos estudios que justifican las bondades y ventajas de los beneficios, desgravaciones y trato fiscal preferente para el ahorro privado. Destacan estos la virtualidad del ahorro a largo plazo, la prevención de futuro y demás características que acompañan al ahorro privado, tanto para el ahorrador como para las entidades y para el sistema económico. 

También dejan en evidencia estos estudios, en su mayoría pertenecientes a instituciones privadas del sector empresarial, algunas carencias intencionadas en la información de la Airef relativa a la ausencia de beneficios del ahorro a largo plazo para algunos de los ahorradores: no siempre el impacto fiscal produce ganancia en los ahorradores y la rentabilidad a largo plazo, en contra de lo afirmado por los expertos, no siempre acaba siendo positiva al final del período del plan de pensiones. Y finalmente, el peso o coste fiscal que soporta anualmente el Estado por el rescate de los planes no llega ni a la cuarta parte de las cantidades que apuntan los informes de la autoridad independiente. 

Como crítica a la campaña de calentamiento de la opinión pública que pretende el organismo, previa a la puesta en escena de las primeras conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo, se echa en falta alguna mención relativa a la necesidad de aumentar la formación financiera de los ciudadanos, alimentando la necesidad de la prevención futura, una necesidad de formación que junto a los temores y miedos alimentados en muchas ocasiones por las autoridades, ayudarían a una mayor demanda de productos de ahorro y que a su vez provocara una nueva reflexión más ajustada a las necesidades de los futuros pensionistas.

En todos los países se conocen medidas de estímulo fiscal con incentivos claramente establecidos que persiguen el aumento del ahorro a largo plazo, así como otros productos similares a los planes de pensiones para el ahorro de previsión. Y dadas las preocupantes cifras que presentan las cargas públicas de la Seguridad Social por las pensiones, no parecería razonable eliminar, o revisar a la baja hasta su práctica desaparición, el tratamiento fiscal para los planes de pensiones. 

Debería ser suficiente para los partidarios de la eliminación de los incentivos fiscales, considerar que España se encuentra en el grupo de seis países que peor tratamiento fiscal dispensa para planes de pensiones y ahorro privado. Baste señalar que en España, las aportaciones anuales a los planes de pensiones privados se sitúan en el entorno de los 5.000 millones de euros de media (entre los3.900 millones de 2012 y los 5.600 de 2009) con registros anuales que como en el ejercicio de 2015 el 65% de los partícipes no hicieron ninguna aportación.

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