edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
02/03/2015
No será la última injerencia política
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia

El Gobierno mete a Bankia en la campaña electoral

Los inversores institucionales cobrarán del banco, pasarán por Moncloa y evitarán los tribunales
Juan José González
Había comenzado la recuperación de Bankia cuando de repente las hordas del equipo de la campaña electoral se fijaron en la entidad intervenida. No fue una sorpresa porque en el banco se esperaban cualquier movimiento de la cuadrilla de la Oficina Económica del Gobierno, en Moncloa, en fase electoral. Porque la consigna general del equipo es evitar el mayor número de conflictos posible en estos meses, disputas y contenciosos con la Justicia, porque con los que hay pendientes el partido y el Gobierno ya tienen suficiente. Y en el caso de Bankia se espera que aumente en los próximos meses la actividad de juzgados y tribunales como consecuencia de un buen número de demandas de reclamación por la salida a Bolsa de Bankia procedentes de colectivos, particulares e instituciones. Moncloa ha decidido que el Estado es el `bueno´ y los anteriores gestores Blesa y Rato `los malos´. Pero lo malo es también que el banco cargue con toda los costes.
El Gobierno decidió eliminar todo vestigio de perjudicados por la oferta pública de venta de acciones de Bankia asumiendo un coste en torno a los 780 millones. Generosidad que no responde más que a un gesto electoral dedicado a la galería, en este caso representada por accionistas particulares que acudieron a la venta. La generosidad no acaba en este grupo de inversores, sino que se prolongará con la previsible aparición de otros grupos que demandarán su derecho a recuperar el dinero de una operación basada en una valoración inicial falsa de los activos que se sacaban a la venta. Por tanto, faltan por llegar las demandas o reclamaciones de algunos inversores institucionales que, al parecer, el Gobierno ya ha señalado que serán atendidas por Bankia.

No es la primera injerencia política en la gestión de la entidad financiera, como seguramente tampoco será la última. Pero es probable que esta haya sido la que mayor daño ha causado a las cuentas de la entidad pero sobre todo, a su credibilidad ante inversores institucionales nacionales, y en particular, ante los internacionales. Los primeros suelen entender este tipo de injerencias porque conocen a todos los actores, públicos y privados, así como las debilidades y necesidades políticas, que en esta ocasión, son electorales. Sin embargo, los segundos gestionan las interferencias políticas de otra forma; piden responsabilidades y abandonan. Y luego tardan en regresar o, incluso, algunos, deciden eliminar al banco de su cartera de por vida.

En esta ocasión, el espectáculo político, con un triple enfrentamiento entre los ministerios de Hacienda y Economía, además de la Oficina Económica del Gobierno se ha saldado con un perjuicio para un tercero, el banco, que al final ha sido el que ha debido pagar los platos rotos y los que faltan por llegar, también rotos. Sorprende que en la batalla el ministro defensor de la entidad, Luis de Guindos, se haya plegado, sin ofrecer gran resistencia, a la teoría del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, al entender que el banco genera recursos en cantidad suficiente para atender la devolución del principal al Estado y a los inversores privados e institucionales damnificados por la operación de bolsa.

A pesar de todo, no parece que el presidente de la entidad José Ignacio Goirigolzarri y su equipo, se hayan visto sorprendidos por la injerencia política, y que tampoco vaya a influir en el ánimo de los gestores en seguir resolviendo un problema financiero que, como se señaló en un principio, tenía y sigue teniendo, un carácter sistémico. Si la tropa de la Oficina Económica del Gobierno, como también éste entendieran el sentido sistémico de la entidad seguramente no habrían entrado como elefante por cacharrería en la gestión de Bankia. Y no se descarta que el mismo elefante regrese por sus fueros en el momento en que algún inversor institucional decida pasarse antes por Moncloa que por los tribunales, sobre todo cuando el inversor suele respaldar todas las citas electorales del partido en el Gobierno.


Nunca les faltará razón a los críticos de la intervención política en los asuntos privados, por mucho que en esta ocasión y, por el momento, Bankia (a través del BFA) sea una entidad de propiedad estatal. La última prueba es tan reciente como que todavía no ha concluido. Cabe esperar que en el futuro y ante la posible aparición de nuevos episodios o fiascos financieros públicos, no reaccione el Estado de igual forma pues habrá que entender entonces que la presencia del Estado en el accionariado de una empresa privatizada, sea un riesgo o peligro antes que lo que debería ser, un garante de la seguridad empresarial.

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