edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
20/09/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Beneficios fiscales a trabajadores desplazados al extranjero

DATADIAR
Nos vamos a referir en esta colaboración, a la posible aplicación de la exención prevista en el art. 7 p) de la Ley 35/2006, LIRPF, el cual, dispone que están exentos:
"p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos:
1.º Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, deberán cumplirse los requisitos previstos en el apartado 5 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

2.º Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información.

La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales. Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el importe diario exento.

Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el reglamento de este impuesto, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención".

Como puede observarse, la aplicación de esta exención requiere el cumplimiento de una serie de requisitos, como son:

1.- Que se trate de rendimientos derivados de trabajos que se hayan realizado de manera efectiva en el extranjero. El cumplimiento de este requisito exige, no solamente el desplazamiento físico del trabajador fuera de España, sino también que los trabajos se efectúen realmente en el extranjero y no desde España, para lo cual, será necesario que el centro de trabajo se fije, aunque sea de forma temporal, fuera de España.
Este requisito se puede entender cumplido si el trabajador realiza los trabajos dirigidos por la empresa española, pero éstos son realizados efectivamente en otro país.

2.- Los trabajos deben realizarse para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente situado en el extranjero.
En este sentido, la Dirección General de Tributos en consulta vinculante de 30-3-2011 señala, en un supuesto similar, que "la aplicación de la exención requiere que el destinatario o beneficiario del trabajo prestado por el trabajador desplazado desde España deba ser una empresa o entidad no residente, o un establecimiento permanente en el extranjero"
Entendemos que la anterior condición se debe entender cumplida si los beneficiarios de los trabajos realizados por el desplazado son filiales o sucursales que la empresa española tenga instaladas en el país donde se desarrollan los trabajos.

3.- Por último, es necesario que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal.

La citada consulta de la Dirección General de Tributos establece que "se considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información".

Continúa la consulta señalando que "Al respecto hay que señalar que la norma no exige que los rendimientos correspondientes a los trabajos efectivamente prestados en el extranjero sean gravados en el país o territorio en el que se presten, siendo exigible únicamente que en dicho país o territorio se aplique un impuesto de las características señaladas, y que no se trate de un país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal".

Por lo tanto, se deberá acreditar que en el país donde se van a desarrollar los trabajos no es un territorio calificado de paraíso fiscal o tenga suscrito un Convenio con España para evitar la doble imposición internacional y que se aplica un impuesto de naturaleza idéntica o similar al IRPF.

La acreditación de la existencia de dicho impuesto deberá efectuarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.

De esta forma, los rendimientos obtenidos por los desplazados podrían contar con un importante beneficio fiscal como es la exención  hasta, 60.100 euros.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Cuestiones relativas a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de un arrendamiento de opción de compra. D.G.T. C, (12/04/2011).
Los consultantes son arrendatarios de una vivienda, habiendo suscrito el correspondiente contrato de arrendamiento con opción de compra con una sociedad mercantil el 4 de marzo de 2009, cuya duración es de dos años prorrogable anualmente obligatoriamente para la parte arrendadora hasta que alcance una duración máxima de cinco años.
1. A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se pide determinar:
- La posibilidad de practicar la deducción por alquiler respecto del arrendamiento abonado mensualmente incluyendo el IVA correspondiente, de los gastos derivados del mismo (gastos de comunidad, IBI, suministros, etc.) y de la fianza entregada con anterioridad al ejercicio de la opción de compra.
- La posibilidad de practicar la deducción por inversión en vivienda habitual con anterioridad y con posterioridad al ejercicio de la opción de compra y en su caso, si la prima de opción y el importe de los arrendamientos satisfechos por los consultantes con anterioridad al ejercicio de la opción de compra, forman parte de la base de la deducción.
2. En el caso de que los consultantes no ejerciten la opción de compra, se pide determinar las actuaciones o correcciones a realizar.

Tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Actividades Económicas de la actividad de profesor de golf. D.G.T. C, (12/04/2011).
El consultante va a iniciar la actividad de profesor de golf. Las clases teóricas las va a impartir en una dependencia de su vivienda y las clases prácticas piensa impartirlas en un campo de golf con el que llegue a un acuerdo específico para ello. Por otra parte, participará como jugador en torneos profesionales de golf.
- Si la actividad de enseñanza se encuadra en el epígrafe 967.2 de la sección primera de las tarifas del IAE y por tanto encuadrable en el método de estimación objetiva.
- Calificación de los premios y patrocinio conseguidos como jugador.
Partiendo de esta perspectiva genérica de considerar rendimientos de actividades profesionales los obtenidos por la participación en competiciones deportivas, las cantidades que pudiera percibir el consultante de patrocinadores procederá otorgarles también esa calificación de rendimientos de actividades profesionales, en cuanto derivan también de la propia condición de deportista. Finalmente, y desde esa consideración de actividades profesionales que corresponde a las dos actividades cuestionadas (profesor y jugador de golf), procede indicar que su ejercicio está sometido a las correspondientes obligaciones censales y de pagos fraccionados que afectan a las actividades profesionales, debiendo tenerse en cuenta también ante el posible desarrollo por el consultante de otra actividad más (otros cafés y bares) las incompatibilidades existentes en los métodos de determinación del rendimiento neto.


Tribunales

Tratamiento tributario de la actividad económica de promoción inmobiliaria y la aptitud del beneficio derivado de la misma para dotar la RIC. Audiencia Nacional. Sentencia de 16 de junio de 2011.
Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones. La reducción se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficios obtenidos en el mismo período que no sean objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias. En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa. Puede entenderse que la utilización de explotación económica equivale al desarrollo de una actividad empresarial, en cuanto supone la organización de medios humanos y materiales, es decir, la ordenación de factores de producción. Sin embargo, en el presente caso, a tenor de lo obrante en el expediente, y no habiéndose promovido la práctica de prueba en contrario por la parte recurrente, no ha resultado acreditada la existencia de tal actividad empresarial, pues no concurren los requisitos exigibles al no resultar probado que se cuente con un local en el que supuestamente se realice tal actividad, ni la existencia de un empleado con contrato laboral con tal fin, por lo que los datos obrante en el expediente no permiten presumir que realmente la venta del inmueble constituía una actividad empresarial de la entidad a cuyo servicio se hubiera puesto una estructura material y personal, en los términos exigidos por la norma.

No deducibilidad de los gastos pues no se ha demostrado la necesariedad de aquellos para la actividad económica. Audiencia Nacional. Sentencia de 16 de junio de 2011.
En el caso de autos, la prestación de servicios de asistencia técnica de la empresa matriz a sus filiales ha de acreditarse cumplidamente, sin que baste a tal efecto con la mera previsión genérica establecida en el contrato, pues debe distinguirse conceptualmente la existencia de una o varias obligaciones que podrían considerarse como potenciales, esto es, de realización futura y posible, y la efectiva y real prestación de servicios surgida de esa relación contractual y que, por desenvolverse en el seno de una relación entre entidades vinculadas -y no cabe dudar de que, en el caso presente, lo son- no sólo han de ser objeto de una directa prueba, que es aún más problemática si los eventuales servicios son prestados, no directamente a la otra parte contractual, sino a un tercero, como es el caso, con el que no se tiene relación contractual alguna. En el concepto de gasto necesario subyace una fundamentación finalística del mismo, ligada al concepto de partida deducible, y, por tanto, al de coste en la obtención de ingresos.

 
Tribunales Económico-Administrativos

Rectificación de cuotas cuando suponen una minoración de las cuotas repercutidas. Procedimiento según la naturaleza del ingreso realizado (por incorrecta aplicación de la norma o por modificación de la base imponible). TEAC R, (24-05-2011).
En el caso de rectificación de cuotas de IVA conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 37/1992, cuando suponen una minoración de las cuotas repercutidas, el procedimiento a seguir de los previstos en el precepto apartado Cinco, párrafo tercero, será el que proceda en función de la naturaleza del ingreso o repercusión. En el supuesto de que se trate de ingreso indebido por incorrecta aplicación de las normas procederá el previsto en la letra a) (devolución de ingresos indebidos), mientras que en los demás casos, por modificación de la base imponible prevista en el artículo 80, se aplicará el procedimiento previsto en la letra b) (regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al período en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores).

Concepto de empresario o profesional en relación con urbanizadores ocasionales de terrenos, cuando el proceso de urbanización no ha concluido. TEAC R, (24-05-2011).
En el caso de un proceso urbanizador de terrenos, cuando el urbanizador es ocasional, no habiendo concluido el proceso de urbanización, y la urbanización no sea realizada por cuenta propia, la actividad empresarial de urbanizador se considera iniciada desde el momento en que se soporten de forma efectiva los costes correspondientes a las obras de urbanización.
El Proyecto de Reparcelación no ha sido aprobado todavía, y que el coste de la urbanización atribuible a cada propietario tampoco se ha aprobado aún, por lo que el Sr. A no puede haber asumido ya el pago de cuota alguna de costes de urbanización. El aval que se presta en fecha 29 de junio de 2004 es para optar por el pago en metálico o con terrenos al agente urbanizador, sin que suponga que se han aprobado efectivamente las cuotas de obras de urbanización, ni que se le hayan exigido al Sr. A ni que éste las haya pagado.
No constan en el expediente documentos con virtualidad probatoria que acrediten la realización material de obras de urbanización, ni que el transmitente haya resultado obligado al pago de cuotas de costes del proceso de urbanización antes de la transmisión. Por tanto, procede desestimar las alegaciones vertidas por X respecto a la condición de empresario o profesional de D. A en la compraventa de fecha 29 de julio de 2004. No podemos considerar que la citada compraventa se efectuó por un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad, no estando sujeta a IVA.

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