edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
31/05/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Beneficios fiscales por las mejoras en la vivienda habitual

DATADIAR
El Real Decreto Ley 6/2010 introdujo con entrada en vigor el 14 de abril del 2010 una nueva Disposición adicional 29ª en la Ley del IRPF (Ley 35/2006). Así, los contribuyentes con una base imponible inferior a 53.007,20 € anuales, podrán aplicar una deducción del 10% de las cantidades que se hubieran pagado por las obras realizadas desde la entrada en vigor de la misma, en la vivienda habitual o en el edificio en que esta se encuentre. Estas obras tienen que tener por finalidad la mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud y protección al medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular, la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas.

También entrarían dentro del ámbito de aplicación de esta deducción las obras realizadas que tuvieran que ver con mejoras en las infraestructuras de telecomunicación para el acceso a Internet, a televisión digital.

Sin embargo, la normativa del IRPF excluye de la aplicación de esta deducción las obras realizadas en garajes, zonas ajardinadas, piscinas, instalaciones deportivas y similares.

Otro requisito muy importante, es que, sólo se permitirá la deducción de cantidades que se hubieran pagado mediante transferencia, tarjeta de crédito o débito, cheque nominativo o ingresos en cuenta.

Por lo tanto, se produce la exclusión de las cantidades pagadas en metálico.

Si bien  tienen acceso a esta deducción los contribuyentes con bases imponibles inferiores a 53.007,20 €, sin embargo, la base sobre la que aplicar la deducción tiene su propia regla.

Así, para contribuyentes con bases imponibles anuales iguales o inferiores a 33.007,20 € la base de la deducción serán 4.000 € anuales. Para bases imponibles entre 33.000,20 y 53.007,20 €, 4.000 € menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre la base imponible y 33.007,20 €.

La normativa del IRPF permite que las inversiones de esta naturaleza cuya base no se haya podido aplicar por exceso de la misma, se podrán aplicar en los cuatro ejercicios siguientes. Pero la base acumulada no podrá superar los 12.000 €.

Esta deducción será incompatible con la deducción por adquisición de vivienda habitual.

Y ahora en días pasados, el Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, ha vuelto a modificar esta deducción cambiando algunos de sus parámetros.

Se amplía tanto el objeto de la deducción, que ya no estará limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual, pudiendo practicarse a partir de esta modificación, a inversiones de esta naturaleza realizadas sobre segundas residencias u otros inmuebles que no sean vivienda habitual.

También se incrementa el límite anual de base imponible para acceder a la misma de 53.007,20 a 71.007,20 euros anuales. Y se incrementa hasta duplicar el tipo aplicable a la deducción que pasará de ser del 10 al 20%.

La base anual máxima de deducción, pasará de 4.000 a 6.750 euros anuales incrementándose de 12.000 a 20.000 € anuales la posible base acumulada de la deducción.

La nueva regulación de la deducción resultará de aplicación a las obras que se realicen desde el 7 de mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Por lo tanto, el año que viene cuando tengamos que enfrentarnos nuevamente a la obligación de autoliquidar el IRPF nos encontraremos con dos regulaciones de esta deducción, una hasta el 6 de mayo de 2011 a la que se aplicará la redacción original de la Disposición adicional 29ª de la LIRPF y otra a partir del 7 de mayo de 2011, con la nueva redacción aplicable también a otras viviendas distinta de la habitual.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Tributación en el IRPF de la percepción en 2010 del importe del justiprecio derivado de la expropiación forzosa por mutuo acuerdo de una finca rústica. D.G.T. C, (19/01/2011).
El consultante ha percibido en abril de 2010 el importe del justiprecio derivado de la expropiación forzosa por mutuo acuerdo de una finca rústica. Tributación de la cantidad percibida. Dado el especial carácter del procedimiento expropiatorio, en el que el justiprecio se fija posteriormente, puede aplicarse la regla de imputación correspondiente a las operaciones a plazos o con precio aplazado, siempre que haya transcurrido más de un año entre la entrega del bien y el devengo del cobro del justiprecio, e imputar según sean exigibles los cobros correspondientes, es decir, al período en que resulte exigible el pago del justiprecio. Por lo que se refiere a la imputación temporal de la parte de la indemnización que constituye rendimientos de la actividad agrícola, el artículo 14.1.b) de la Ley del Impuesto establece que “los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse”. Por su parte, el artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo) establece que los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros. No obstante, en el caso de que el consultante hubiese optado por el criterio de cobros y pagos previsto en el artículo 7.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), la imputación se realizará en el período impositivo en que se produzca el cobro.

A la percepción en forma de capital de la cantidad actuarialmente equivalente a la renta vitalicia a la edad de 65 años, podría resultar aplicable la reducción del 40% prevista en el régimen transitorio establecido en la DT11 de la Ley 35/2006. D.G.T. C, (19/01/2011).
El consultante extinguió su relación laboral con la empresa en el año 2004 mediante el expediente de regulación de empleo 48/04 autorizado por la autoridad laboral competente. Para el pago de la indemnización, la empresa contrató un seguro de grupo denominado «Plan de Rentas de Jubilación» y abonó una prima única, sin imputación fiscal a los trabajadores. A cambio, la compañía de seguros garantiza a los trabajadores asegurados la percepción de una renta temporal desde el cese en la empresa hasta cumplir los 65 años; y a partir de ese momento una renta vitalicia. Además se prevé que al cumplir los 65 años, el trabajador pueda elegir entre percibir dicha renta vitalicia o cobrar el capital actuarialmente equivalente; opción que debe comunicar antes de cumplir los 65 años. En el año 2011 ejercita tal opción. Tratamiento fiscal correspondiente a la percepción en forma de capital de la cantidad actuarialmente equivalente a la renta vitalicia. En caso de ejercitar la opción de conversión en capital se estaría ante una prestación mixta. Por tanto, a la percepción en forma de capital de la cantidad actuarialmente equivalente a la renta vitalicia a la edad de 65 años, podría resultar aplicable la reducción del 40 por 100 prevista en el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria undécima de la Ley 35/2006. Finalmente, señalar que estos rendimientos de trabajo están sujetos a retención conforme a los artículos 80 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tribunales

Inaplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores por haberse realizado con fines de evasión fiscal. Audiencia Nacional. Sentencia de 21 de febrero de 2011.
En el caso de autos es inaplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores por haberse realizado con fines de evasión fiscal, sin que existan motivos económicos válidos. La escisión no ha servido para la satisfacción de ninguna finalidad específica relacionada con el mercado, la competencia o la productividad, que son los principios que inspiran la Directiva 90/434/CEE, y, por ende, justifican la neutralidad fiscal, que tiene un objetivo instrumental, en el ámbito de la Unión Europea, encaminado a incentivar o, al menos, a no interferir las operaciones societarias, sean transfronterizas o no, presuponiendo ontológicamente que se trata de empresas que, como consecuencia de la operación neutral, van a continuar ejerciendo la actividad económica del modo definido por la operación de que se trate, en este caso la escisión, pero no puede amparar que los particulares se acojan a beneficios fiscales cuando llevan a cabo actos de transmisión de elementos patrimoniales cuya plusvalía es susceptible de gravamen ajenos al espíritu y finalidad perseguidos por la Directiva.

Una sociedad en transparencia fiscal puede dotar el RIC pero siempre que se realice una actividad económica de la que deriven las rentas o beneficios aplicados. Audiencia Nacional. Sentencia de 23 de febrero de 2011.
No es procedente la aplicación de la reserva para inversiones en Canarias pues la recurrente no ejerce o desarrolla una actividad económica. Dicha carencia de actividad y de personal laboral para el desarrollo de la actividad, entre las que destaca la adquisición y explotación de fincas rústicas y urbanas, por lo que se está ante una sociedad en régimen de transparencia fiscal. Indicar que el hecho del sometimiento o no al régimen de transparencia no incide, en un principio, en la prohibición de dotar el RIC, pues una sociedad en transparencia fiscal puede practicar la dotación, pero partiendo de la realización de una actividad económica de la que deriven las rentas o beneficios aplicados, lo que supone un mínimo de estructura empresarial. En relación al Fondo de Previsión para Inversiones hemos de decir que es un incentivo fiscal, y que para su aplicación tiene que cumplirse con los requisitos legales aplicables al efecto.

Tribunales Económico-Administrativos

Para la aplicación  de la exención en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte de la primera matriculación de aeronaves, es requisito exigible el destino del bien a arrendamiento a entidad de navegación aérea. TEAC  R, (08-03-2011).
El análisis de la procedencia de la exención del IEDMT concedida en la matriculación de una aeronave, al amparo del artículo 66.1.k) de la Ley 38/1992, exige determinar si realmente se ha producido, el arrendamiento de cosa a favor de una entidad de navegación aérea ya que las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. En el presente caso, puesto que el importe de la renta que recibe el arrendador equivale al resultado económico de la explotación de la cosa y los ingresos del arrendatario no dependen de dicho resultado se llega a la conclusión de que no se trata de un contrato de arrendamiento de cosa, sino de un contrato de arrendamiento de servicios, por lo que no procede la exención. Sentencia Audiencia Nacional 26/05/08. Procedimiento de inspección. Actas de disconformidad. Liquidación intereses de demora; «dies a quem». El TEAC reitera cambio de criterio en el que queda establecido se computarán hasta la fecha en que se dicte la liquidación principal... Cambio de criterio recogido en la resolución del TEAC R. G. 46/2010, de 15/09/2010. Con esta nueva resolución es criterio reiterado. El cómputo del interés de demora en los supuestos de liquidaciones derivadas de actas de disconformidad, se extenderá hasta la fecha en que se dicte la liquidación (191.1 RD 1065/2007), no hasta la fecha de finalización del plazo de alegaciones (191.2). Se establece nueva interpretaciónn de los dos primeros apartados del artículo 191.1 del RD 1065/2007: El apartado 1° se refiere al cómputo del interés de demora que se incluirá en el acuerdo de liquidación y hasta la fecha en que éste se dicte; el 2° apartado contiene la norma para el cómputo de los intereses de demora a la fecha de elaboración de la propuesta contenida en el acta. No hay contradicción entre ambos apartados, sino que se refieren a dos momentos procedimentales distintos.

Consecuencias de no atender un requerimiento para subsanar la falta de acreditación de la representación con que se actúa al formular la solicitud en los procedimientos que se inician a solicitud del interesado. TEAC  R, (08-03-2011).
El no atender a un requerimiento para subsanar la falta de acreditación de la representación con que se actúa al formular la solicitud en procedimientos que se inician a solicitud del interesado implica que hay un requisito incumplido (la falta de acreditación de la representación), pero ese incumplimiento no afecta a la solicitud en sí misma, en la que se identifica al representante que firma. Lo que se incumple es la obligación de acreditar dicha representación. Por tanto no es un supuesto de desistimiento presunto a que se refiere el artículo 70.1 LRJPAC. Tampoco es un supuesto de caducidad, como forma de terminación de un procedimiento por su paralización por más de tres meses imputable al solicitante, pues el procedimiento no se ha llegado a iniciar, no se ha constituido la relación jurídico procesal entre las partes. La consecuencia prevista tanto en la LGT como en la LRJPAC, en cuanto a los procedimientos iniciados a instancia de parte, es que la solicitud que inicia el procedimiento se tiene por no presentada.

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