edición: 3076 , Miércoles, 28 octubre 2020
07/06/2018
banca 
Campaña intensiva de prensa de la presidenta del Santander

Botín se ofrece a Sánchez para liderar en la mediación del impuesto a la banca 

El cambio de Gobierno abre un compás de espera en el pacto PSOE-PP para el gravamen que asegure el futuro de las pensiones
Juan José González
Continúan los esfuerzos políticos por encontrar la medicina más adecuada, y que convenza, para poner remedio a la falta de recursos financieros destinados al pago de las pensiones. No consiguen dar con la fórmula precisa que sustituya a los costosos paliativos como el Fondo de Reserva -hoy agotado- y las aportaciones extraordinarias del Estado para cumplir con las pagas extra. Lo que no resta para que la memoria recupere la propuesta que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formulaba el 9 de enero pasado para gravar con uno o dos impuestos a la Banca destinados a financiar las pensiones. De aquella propuesta nada más se supo hasta el pasado mes de abril, cuando fue recuperada por un técnico del partido socialista que seguía la pista a los mensajes dispersos emitidos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Éste no perdía la ocasión de lanzar a sus interlocutores bancarios y grandes empresas, las dificultades del Presupuesto para reunir los recursos suficientes para el cumplimiento de los pagos de las pensiones públicas, y que claro, alguna vez habría que pensar que el reproche de la calle sobre los pocos impuestos (el 7% de promedio sobre los beneficios) que soportan grandes empresas y bancos debería ser corregido, en especial, por la compleja situación de las cuentas públicas. Por tanto, no debe extrañar el ajetreo de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín y sus continuas intervenciones públicas, la última de ellas con una expresiva e interesada felicitación a la nueva ministra de Economía que da muestras de una fuerte inquietud por los planes del nuevo Gobierno, y su intención de distinguirse como líder del sector bancario.
El socialista entendió que el ministro popular podría estar abriendo la puerta a una negociación al respecto, un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, algo que, además de necesario, dada la gravedad de las cuentas de la Seguridad Social, serviría para revivir al moribundo Pacto de Toledo y desviar la atención general del problema territorial catalán, en esos primeros meses del año, más enmarañado que nunca judicialmente. Y entendió bien el socialista que pudo escuchar el pasado mes de mayo al ministro la necesidad de pactar con el partido socialista una subida de impuestos.

La banca no ha sido ajena al movimiento de los dos políticos, que ya habían informado a la Asociación Española de Banca y que ésta, a su vez, se encargó de correr la voz y poco más. Es probable que hasta el momento en que se planteó la moción de censura que derribó al Gobierno la pasada semana, socialistas y populares hubieran avanzado posiciones para alcanzar el acuerdo sobre pensiones, y que el capítulo más complejo, el relativo a la fuente de financiación, se retrasara, puesto que, en principio, si la vía elegida era un gravamen a la banca, difícilmente habría sido consentido por Bruselas.

La via de los impuestos especiales a la banca como singular destinataria en el papel de pagador que le sitúa el pacto entre las dos formaciones políticas (y en el que el ministerio de Hacienda tiene un papel muy relevante) parece que habría encontrado numerosas barreras jurídicas por el camino, entre ellas la posibilidad de incurrir en un supuesto de inconstitucionalidad. Llama la atención que ninguna de las partes implicadas parece haber identificado los problemas derivados de una sentencia de inconstitucionalidad, en este caso por financiar a la Seguridad Social a cargo de un sector de la economía, y la complejidad de devolver el dinero recaudado indebidamente, con sus multas, y con el problema del déficit de la Seguridad Social sin resolver.

Sin embargo, el movimiento de los dos partidos, en línea respecto a la aplicación de la vía de las tasas o gravámenes especiales al sector bancario, aunque frenado en seco por el triunfo de la moción de censura, ha confirmado algo más que las intenciones políticas de ambas formaciones, como es que el partido socialista mantiene en su programa varios gravámenes al sector empresarial, en concreto, al bancario, como mecanismo para corregir los desequilibrios más urgentes, como es el de la Seguridad Social.

De la misma forma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya tenía decidido proponer la aplicación uno o dos gravámenes a la banca, cuyos fondos se destinarían directamente a financiar las pensiones, el entonces ministro Román Escolano contrarrestaba la iniciativa socialista con otra tasa, un nuevo impuesto, este digital, orientado hacia el mismo objetivo que el del hoy presidente Sánchez. Una primera diferencia salta a la vista, y es que en el caso de Sánchez, el gravamen a la banca está dentro de las diez prioridades del nuevo Gobierno, mientras que en el caso de Solano se trataba de apaciguar los ánimos, obviamente sobresaltados entre los responsables bancarios, habida cuenta del perjuicio para sus cuentas, con una caída de las valoraciones bancarias en Bolsa y un aumento del riesgo con posible revisión de calificaciones.

En cualquier caso, destaca la estrategia desplegada en estos meses por el Banco Santander, consciente de que en el lance, el sector entero y el Santander en particular, para controlar de forma directa las decisiones sobre el gravamen a los beneficios del sector que figura en los planes del nuevo Gobierno. Una estrategia que, como se puede ver en las reiteradas intervenciones ha dado alas a la presidenta del banco, Ana Patricia Botín, que no pierde la oportunidad de acercarse al Ejecutivo de Sánchez.

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