edición: 2307 , Miércoles, 20 septiembre 2017
30/11/2016

Brasil intenta forzar un acuerdo para evitar la liquidación del operador telefónico OI

Accionistas y acreedores se enfrentan en el mayor concurso de acreedores en la historia del país
Carlos Schwartz
Las negociaciones en torno al plan de reestructuración de la deuda del operador telefónico de Brasil OI están en un punto muerto. El Gobierno ha hecho una cuestión de estado en la continuidad de la empresa, y el regulador Anatel ha amenazado con una intervención del operador ante la posibilidad de que el concurso de acreedores acabe en una liquidación de OI. Uno de los graves problemas es la dimensión de la crisis empresarial que es superior a los 17.000 millones de euros (65.000 millones de reales). La empresa da empleo a 138.000 trabajadores de forma directa e indirecta y la dimensión política de la crisis de OI es muy significativa porque el país atraviesa por su peor recesión en décadas mientras algunos economistas afirman que tiene una dimensión sin precedentes. Los conflictos de fondo son entre los acreedores y los accionistas con el telón de fondo del interés de los otros operadores del país por eventualmente tomar una posición en el competidor o repartirse sus activos según el desenlace.
Pero el problema más reciente es la formación de un grupo separado de acreedores que tiene 1.400 millones de euros en deuda del operador que han establecido una alianza con el magnate egipcio Naguib Sawiris que ya había intentado intervenir en la crisis de OI además de revolotear en torno a otros operadores como Telecom Italia. Este grupo ha dividido el frente mayoritario de bonistas ad hoc que respresentaría al 40% de los tenedores de deuda. El Comité de Bonistas Internacionales (CBI) está elaborando una propuesta alternativa y tiene como eje de aglutinación al fondo de deuda de difícil recuperación Aurelius Capital Management que ha establecido la alianza con Sawiris. De acuerdo con una fuente del sector en Brasil el magnate colaboraría con el CBI en el desarrollo de un plan alternativo para la resolución de la crisis de la empresa. La irrupción del Comité ha dividido al frente de los bonistas acreedores y ha añadido complejidad a la resolución de la crisis.

De acuerdo con los datos disponibles los bonistas representan casi el 50% de la deuda total, es decir 32.000 millones de reales (8.800 millones de euros), los bancos unos 11.000 millones de reales, las agencias de crédito a la exportación 5.000 millones de reales y Anatel afirma que se le deben 20.000 millones de reales en concepto de sanciones y derechos, mientras que la posición acreedora del Gobierno por impuestos impagados es de entre 5.000 y 10.000 millones de reales.

Las discrepancias entre los acreedores han dejado al procedimiento concursal en suspenso mientras que fuentes de los acreedores bancarios estiman que para asegurar la viabilidad de la empresa habría que hacer una quita de dos tercios de la deuda. En 2013 el futuro de la empresa parecía asegurado cuando se acordó una fusión entre Portugal Telecom (PT) y el operador brasileño. Pero la crisis del Banco Espirito Santo (BES) acabó con la experiencia cuando se hizo público que PT había concedido financiación a empresas del grupo del BES a cambio de papel del grupo financiero en crisis. PT contabilizó como activos la deuda del BES que estaba al borde la quiebra e hizo pesar esa deuda en el reparto de capital de la fusión. Al descubrirse el desaguisado la fusión se abandonó. OI es el resultado del afán del Gobierno bajo el mandato del ex presidente Luis Inacio Lula da Silva por construir una campeón nacional de las telecomunicaciones que hiciera frente a la presencia dominante de operadores extranjeros como Telefónica, América Móvil y Telecom Italia fundamentalmente.

La empresa tiene que hacer frente a un modelo que le exige una inversión permanente en el desarrollo de la telefonía fija y los teléfonos públicos que son negocios en franca caída, mientras que los otros operadores tienen acceso a sus líneas fijas por acuerdos específicos mientras operan en la telefonía móvil que es el sector rentable del mercado. La presión de la competencia, y el desarrollo de la telefonía fija ha arrasado los márgenes comerciales en un mercado en el cual lo que se vende y asegura rentabilidad es telefonía móvil. El Gobierno estudia una reforma de la normativa de telecomunicaciones para aliviar las exigencias que padece OI pero un cambio de modelo no es fácil de introducir de forma limitada e improvisada.

Por este motivo los analistas del sector comienzan a dar más crédito a la posibilidad de que el estado irrumpa en la crisis garantizando la supervivencia de la empresa tal como ha afirmado el presidente de Anatel recientemente. De acuerdo con fuentes del sector en Brasil la legislación concursal brinda una posición privilegiada a los accionistas de las empresas. PT sigue siendo un accionista relevante de la empresa, y entre las grandes participaciones dentro del capital figura el fondo Société Mondiale, propiedad del magnate brasileño Nelson Tanure que tiene una gran influencia sobre el gobierno de Michel Temer, el sucesor de Dilma Rousseff.

El plan ofrecido en septiembre por PT y Société Mondiale de acuerdo con fuentes de los tenedores de bonos suponía un recorte de las posiciones acreedoras del 70% con una oferta de 10.000 millones de reales (2.750 millones de euros) como única compensación. La acusación contra esta oferta es que la deuda se convertiría en capital sólo en caso de impago de esa cantidad mientras que los accionistas se beneficiarían de la reestructuración y los cambios en la regulación para aplicar recursos a las emisiones de bonos convertibles que amortizarían gracias a los sacrificios de los otros acreedores, manteniendo su participación en el capital de la sociedad intacta a pesar de la crisis.

La propuesta fue rechazada. El frente de los acreedores está dividido de momento en tres sectores, uno mayoritario que afirma representar al 40% de los bonistas, el grupo organizado en torno a Aurelius Capital, y otros prestamistas internacionales.

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