edición: 2490 , Lunes, 18 junio 2018
08/02/2012
EL DEDO DE MADOZ

Brufau logra para Repsol una tregua del Gobierno argentino tras fuertes presiones administrativas

Ante un mayor deterioro de la situación económica y social no se puede descartar que Fernández tome medidas nacionalistas más extremas con el objetivo de mantener su hegemonía política
Brufau en una encuentro anterior con Cristina Fernández de Kirchner
Carlos Schwartz

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, regresaba este martes de su visita a Argentina en medio de una fuerte intoxicación oficial a los medios argentinos que insistían en que el socio de referencia de la petrolera no sería recibido por la presidenta del Gobierno. Brufau tuvo una reunión con la presidenta Cristina Fernández y con dos ministros en la cual habría obtenido garantías para las operaciones de Repsol en Argentina mientras los medios negaban la mayor. Sin embargo, estas garantías no pueden ser tomadas más que como una tregua. La petrolera recibió presiones significativas la última semana para que efectuara una rebaja de los precios de los productos en el mercado interior y para que paralizara la repatriación de utilidades. Ambos objetivos del Gobierno apuntaban a dos problemas básicos de la economía de Argentina.

De un lado, a que el Gobierno se ha visto obligado a retirar los subsidios a los precios de la energía y los combustibles que atenuaban los precios interiores de los productos refinados, en particular gasolina y gasóleo, lo cual ha tenido un fuerte impacto en los precios al consumidor de estos productos. El otro es la fuga de capitales del país al extranjero que la consultora Ecolatina del ex ministro de Economía del primer Gobierno de Néstor Kirchner, Rodolfo Lavagna, calcula en 22.000 millones de dólares para 2011. La fuga de divisas está alimentada por las presiones del sector exportador argentino que aspira a una devaluación del peso.

En su discurso inaugural la presidenta argentina Cristina Fernández tras las últimas elecciones presidenciales en octubre que ganó por una aplastante mayoría afirmó que no cedería a las presiones del lobby exportador para una devaluación. El principal dilema económico de Argentina en este momento es la caída de ingresos de las exportaciones. Una leve reducción del precio internacional de la soja y una mayor debilidad de la demanda de granos ha supuesto un duro revés para los cálculos del Gobierno. La política oficial se basa en un impuesto del 35% a las exportaciones. El problema es que esa fracción de la tarta de las rentas del sector agrario se ha reducido por la menor demanda y la caída del precio internacional de las principales exportaciones del país. Los ingresos de divisas anuales se concentran en el cierre de las campañas agrícolas, y los exportadores agrarios repatrían beneficios en marzo.

Fuentes del Banco Central de la República Argentina señalaron a ICNreport que “existen suspicacias respecto de posibles lags de comercio exterior”. Es decir que el Banco Central considera factible que los exportadores estén reteniendo parte de sus ingresos en el extranjero a la espera de que haya una devaluación. La seria amenaza sobre la estructura de supervivencia de la economía argentina basada en las tasas a las exportaciones agropecuarias se ha visto agravada por una fuerte reducción de los flujos de capitales internacionales a Argentina. Este no es un problema específico del país sino del conjunto de los países emergentes. Brasil que había visto su divisa, el real, inflada por la entrada sistemática de capitales especulativos ha sufrido una caída de la moneda ante el dólar por la retirada de capitales. Esto está en parte alimentado por la crisis de la deuda soberana en Europa y la incertidumbre que ha desatado a escala internacional en la banca.

Estas circunstancias llevaron al Gobierno a imponer un control de cambios limitando las posibilidades de adquisición de divisas por los particulares e imponiendo fuertes condiciones a la solicitud de divisas por parte de las empresas. Las coberturas mediante operaciones de futuros contra divisas fueron eliminadas para las empresas que se han visto huérfanas de cobertura ante el riesgo de cambio. Estas limitaciones han provocado la reaparición de un mercado negro de divisas que se había extinguido en Argentina hace décadas. La caída de las reservas centrales del país utilizadas para frenar las presiones para la devaluación se han sumado a la inestabilidad cambiaria. Mientras Brufau estaba reunido ayer con las autoridades argentinas el dólar “blue” -así denominan con sorna al dólar del mercado negro en el país- se vendía a los particulares a 4,80 pesos argentinos mientras la cotización oficial era de 4,338 pesos argentinos y el Banco Central compraba 40 millones de dólares en el mercado para frenar la presión. Las malas perspectivas de la estrategia económica gubernamental han desatado mientras la lucha de fracciones internas.

El pasado 16 de enero, el vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en rueda de prensa junto con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, una denuncia contra las cinco principales proveedoras de combustibles del mercado interno: Repsol YPF, Shell, Esso, Petrobras y OIL Combustible. La denuncia fue por colusión para la fijación de precios. La denuncia fue en particular por las divergencias de precios mayoristas y minoristas en gasolineras. Los precios mayoristas eran superiores en un peso por litro en el fuel oil para locomoción. La Comisión Nacional de la Competencia investiga actualmente esa denuncia que supone operación en cartel para manipular precios ya que los precios mayoristas son superiores a los minoristas de acuerdo con el Gobierno. Esta denuncia forma parte de las presiones sobre las petroleras para que absorban costes antes asumidos vía subsidios, de acuerdo con fuentes privadas en Buenos Aires.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), considerado enemigo mortal por el Gobierno de Cristina Fernández y antes por Néstor Kirchner su difunto esposo, acaba de emplazar al Gobierno argentino para que adopte “estándares creíbles” para su estadística de Indice de Precios al Consumo del Gran Buenos Aires y para las cifras de PIB. En mayo del año pasado la consultora Ecolatina fue multada por el gobierno por hacer estimaciones privadas sobre el IPC que no coincidían con el índice oficial registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas. La presión del FMI está en línea con los intentos por parte de Lavagna en el pasado y Boudou más recientemente por restablecer las relaciones con el Fondo de forma de dejar abierta la posibilidad de recurrir a líneas de financiación multilaterales. A este fin Argentina efectuó pagos parciales sobre la deuda cuyo pago se suspendió en 2001. Como parte de este proceso llegó a un acuerdo con la mayor parte de los acreedores de los bonos externos. El FMI ha dado a Argentina 180 días para rectificar sus cuestionadas estadísticas. La directora gerente Christine Lagarde deberá informar el 6 de septiembre de 2012 al Consejo Ejecutivo del Fondo sobre los progresos efectuados por el país.

Repsol YPF debería tener en cuenta que el avance de las tensiones económicas en Argentina van a ejercer una mayor fractura entre las distintas alas del Gobierno, en lo que el lenguaje local denomina las “internas”. No sólo entre las fracciones enfrentadas dentro del aparato estatal, sino también externas a él pero determinantes. La creciente influencia del movimiento La Cámpora, bajo el liderazgo del hijo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Máximo Kirchner, entre la juventud argentina es un llamado de atención. Es en el fondo un intento de atrapar simpatías por la izquierda hacia el peronismo pero también de contener el crecimiento de organizaciones bastante más a la izquierda. Sin embargo pone de relieve que ante un mayor deterioro de la situación económica y social no se puede descartar que el Gobierno de Fernández tome medidas nacionalistas más extremas con el objetivo de mantener su hegemonía política. Un cuadro de esta naturaleza va implicar que el mecanismo de lobby de la petrolera española y sus propios aliados interiores queden aislados del centro de toma de decisiones.

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