edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
19/10/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas apuesta por extender a los auditores la obligación de informar a Hacienda de planificaciones fiscales agresivas

Javier Ardalán
La Comisión Europea considera que la falta de transparencia facilita las actividades de determinados intermediarios que participan en la promoción y venta de los mecanismos de planificación fiscal agresiva con implicaciones transfronterizas.
Por ello apoya la directiva del Consejo que obliga al intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación.

Se trata de una respuesta diseñada tras hacerse público el caso de los ‘Papeles de Panamá’, han revelado cómo determinados intermediarios parecen haber ayudado activamente a sus clientes a servirse de mecanismos de planificación fiscal agresiva con vistas a reducir su carga fiscal y ocultar dinero en jurisdicciones extraterritoriales.

La propuesta de Directiva impone a los intermediarios la obligación de revelar a la administración tributaria los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva si participan en ellos, en el ejercicio de su actividad profesional, mediante la concepción y promoción de los mismos. Esta obligación se limita a las situaciones transfronterizas, es decir, aquellas situaciones que afectan a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y un tercer país.

Bruselas considera que ante estas situaciones, los Estados miembros se ven afectados por el traslado de beneficios que, en otras circunstancias, se generarían en su territorio y serían imponibles en él, hacia jurisdicciones de bajo nivel impositivo, sufriendo a menudo una erosión de sus bases imponibles. Además, una situación de esta índole da lugar a condiciones de competencia fiscal desleal frente a las empresas que se niegan a participar en esas actividades ilegítimas. El resultado último es un falseamiento del funcionamiento del mercado interior.

Sin embargo, determina que el efecto disuasorio de la revelación temprana de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva que se ha propuesto podría reforzarse si esta obligación de revelar información a las autoridades tributarias se hiciese extensiva a los auditores que se dispongan a aprobar los estados financieros del contribuyente. Dichos auditores tienen que procesar un volumen de datos considerable en el ejercicio de sus funciones profesionales.

En este contexto, pueden descubrir mecanismos susceptibles de ser calificados de prácticas de planificación fiscal agresiva. Los posibles beneficios de la revelación de estos mecanismos a las autoridades constituirían de hecho un complemento a la revelación obligatoria de sistemas similares por los intermediarios, es decir, los ideadores, promotores, asesores, etc. Así pues, podría preverse proseguir tal iniciativa en el futuro mediante la adopción de legislación.

Dado que la revelación tiene más probabilidades de lograr el efecto disuasorio esperado cuando las autoridades tributarias reciben la información pertinente en una fase temprana, la legislación propuesta establece que los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación deben revelarse antes de su implementación efectiva.

Partiendo de esta premisa, los intermediarios deberán revelar los mecanismos sujetos a comunicación de información en un plazo de 5 días a contar desde el día siguiente a aquel en que el contribuyente disponga de dichos mecanismos para su implementación.

Cuando la obligación de revelación se transfiere al contribuyente por no existir un intermediario responsable, el plazo para la revelación se pospone ligeramente; es decir, un plazo de 5 días a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya implementado el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o en la primera etapa de una serie de mecanismos de este tipo.

El intercambio automático de información ulterior sobre estos mecanismos tendrá lugar con periodicidad trimestral. Debido a la revelación temprana de esta información, las autoridades tributarias vinculadas más estrechamente al mecanismo obtendrán información suficiente para emprender medidas contra la elusión fiscal en una fase temprana.

Considera Bruselas que esforzarse por definir el concepto de planificación fiscal agresiva puede revelarse un ejercicio inútil, debido a que las estructuras de planificación fiscal agresiva han evolucionado, adquiriendo a lo largo de los años una especial complejidad, y a que están permanentemente sometidas a modificaciones y ajustes para hacer frente a las medidas adoptadas por las autoridades tributarias para contrarrestarlas. En vista de ello, la legislación propuesta incluye una compilación de las características y elementos de las operaciones que presentan claros indicios de elusión o fraude fiscal. A estas características y elementos se les denomina «señas distintivas», y basta que concurra una de ellas para que las autoridades tributarias consideren el mecanismo sujeto a comunicación.

La obligación de revelación puede no ser aplicable a un intermediario debido a una prerrogativa de secreto profesional o al mero hecho de que no esté presente en el territorio de la Unión. También puede darse el caso de que no exista intermediario alguno porque sea el propio contribuyente quien conciba e implemente el mecanismo internamente.

En tales circunstancias, las autoridades tributarias no perderán la oportunidad de obtener información sobre los mecanismos fiscales que puedan estar vinculados a estructuras abusivas, sino que la obligación de revelación se transferirá a los contribuyentes que utilicen el mecanismo.

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