edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
18/05/2016
Sanción con efectos imprevisibles

Bruselas busca en la multa dar ejemplo con el escarmiento de España

Los presupuestos autonómicos seguirán siendo las hipotecas del déficit para el Estado español
Juan José González
El peor de los escenarios, una sanción y la multa correspondiente por incumplir (reiteradamente) las metas fiscales del déficit, puede tener consecuencias esperadas a corto y medio plazo, como también inesperadas a más largo plazo. Entre las primeras se cita la aceptación de las medidas de ajuste que puede proponer la Comisión Europea, algo que conllevaría el incómodo "sistema de vigilancia reforzada" de su cumplimiento a cargo de un equipo similar al célebre de los `hombres de negro´. Una imagen que causa cierto bochorno por el significado y la imagen pública que proyecta el desfile de un grupo de comisarios que va y viene, entra y sale de sedes ministeriales con carteras y carpetas a lo largo de unos meses. Consecuencia también económica, pues la sanción se estima que podría alcanzar los 2.200 millones de euros.
Las consecuencias inesperadas, por su propia naturaleza - desconocidas- a más largo plazo son, sin embargo, más imprevisibles dado su carácter futuro y porque además dependerían de una acción política interior, esto es, de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, así como de la opinión pública. En concreto, las consecuencias a futuro vendrían por la vía del posible planteamiento social y político de la permanencia de España en la Unión Europea, un movimiento de desencanto similar al Brexit actual. En este sentido, el sentimiento expresado al respecto por una parte sustancial de la población inglesa, bien puede ser una moda que acabe llegando a los socios más desencantados, también a los más castigados por la austeridad, así como a los que se sienten víctimas inocentes de sanciones y multas.

En este asunto de las sanciones a un socio incumplidor, parecen jugar una serie de variables destinadas a hacer un balance final. Cuenta para Bruselas que el tipo o delito que define la norma (precepto infringido) es y consta llevado a cabo por el presunto infractor, y que por tanto, se considera probado. Cuenta además con agravante de reiteración, pues no es la primera ni, al parecer, la segunda ocasión en la que el presunto repite delito. Y, finalmente, el acusado cuenta con otra agravante no menor como es la existencia de un antecedente.

Efectivamente, España ya contaba con un antecedente negativo, feo, como fue la multa de 19 millones de euros impuesta por la UE al Estado español (julio de 2015) por falsear el déficit valenciano. Se dirá que fue una infracción menor porque se trataba de un Gobierno autónomo. En todo caso, las responsabilidades de supervisión, control y aprobación de la "manipulación" en el presupuesto, según ley, le correspondió y le sigue correspondiendo, al Gobierno central, el mismo que ahora debe hacer frente al juicio y decisión de Bruselas.

Por otro lado, que España haya incumplido el objetivo del 5,2% de déficit, no debería ser una desgracia, un desastre pues la economía se encuentra en una fase de crecimiento objetivo que bien puede ayudar a reducir el déficit en un futuro a medio plazo. Pero es que, además, los `jueces´ de la Comisión deberían considerar el elemento más importante de los hechos que se juzgan, como es el contexto político, marcado con fuego como corresponde a un período electoral que se prolonga en el tiempo (en este caso, también reincidente) desde diciembre (y antes en campaña) hasta el próximo 26 de junio. Seguramente que en similar escenario, a cualquier Gobierno se le habría `ido la mano´ en los gastos, como es el caso.

Es más que probable que, la Comisión, harta ya de incumplimientos y de hacer la vista gorda con socios potentes, de primera, como Francia e Italia, concluya el despropósito con una decisión ejemplarizante, mostrando que a partir de ahora (a partir de esta sanción a España) los miembros de la eurozona ya tienen una medida justa de las conductas y de los efectos de las mismas. En otras palabras, los infractores ya tienen constancia desde este momento, que deben atenerse a las normas y a sus consecuencias en caso de incumplimiento. Así que en adelante nadie se librará de multa por falta de cumplimiento.

Si la sanción impuesta por Bruselas en julio de 2015 por la manipulación (falseamiento) del presupuesto de la Comunidad Valenciana debería haber servido como escarmiento para corregir y mostrar un claro propósito de enmienda, la amonestación de facto que supone llevar unos meses con la amenaza, la posibilidad y la casi segura sanción, no parecen suficientes razones (y hechos) como para provocar la contrición de un Gobierno reincidente en incumplimientos. Y además, ahora, inmerso en tan decisiva campaña electoral. Ahora bien, si Bruselas considera que un Gobierno central está expuesto siempre a la deriva de cualquiera de sus Estados locales, länders o Comunidades, es obvio que el español nunca tendrá las espaldas cubiertas. Y cada vez más.

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