edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
30/01/2009

Bruselas cambia los plazos para enviar la información sobre el IVA y quitará la firma electrónica de las facturas con el impuesto

Xavier Gil Pecharromán

Acaba de entrar en vigor la Directiva  2008/117/CE, de 16 de diciembre, que modifica el plazo que debe transcurrir entre una operación y el intercambio de información sobre la misma, ya que el sistema de intercambio de información sobre el IVA que se viene utilizando hasta ahora supone un obstáculo para el uso eficaz de dicha información a para combatir el fraude. A partir del 1 de enero de 2010, la Administración del Estado miembro en el que el IVA sea exigible y disponga de información sobre las entregas intracomunitarias de bienes concederá a los contribuyentes un plazo inferior o igual a un mes frente a los tres meses actuales.

Así, a fin de efectuar una comprobación cruzada de la información que resulte útil para combatir el fraude, procede garantizar que tanto el proveedor como el adquiriente o destinatario declaren las operaciones intracomunitarias para el mismo período impositivo.

La declaración se realizará a través de un nuevo Modelo 349, que supone el empleo de procedimientos electrónicos simples a fin de reducir al máximo las cargas administrativas. Con este fin, se permitirá la posibilidad de que los Estados miembros autoricen a los operadores a presentar trimestralmente los estados recapitulativos relativos a las entregas intracomunitarias de bienes cuando su importe no sea significativo. Asimismo, ha de preverse la posibilidad de que los Estados miembros autoricen a los operadores a presentar trimestralmente la información relativa a las prestaciones intracomunitarias de servicios.

Pero estas no van a ser las únicas novedades en el IVA, puesto que en su dictamen de 22 de octubre de 2008, el Grupo de Alto Nivel sobre el Estudio de las Cargas Administrativas ha puesto su próximo empeño en la simplificación en el área de facturación.

Se pretende emitir una nueva directiva que regule el empleo de facturación electrónica, reducir cargas de negocio en todo tipo de sociedades, apoyar empresas pequeñas y medias clasificadas (pymes) y ayudar a los Gobiernos de los Estados miembros a combatir el fraude fiscal.

El proyecto simplifica, moderniza y armoniza las reglas sobre la emisión de facturas con IVA. Se eliminarán las barreras corrientes a la facturación dando un trato similar a las facturas en soporte papel y a las electrónicas. 

En la propuesta legislativa que ahora remitirá a los estados miembros (que deben aprobarla por unanimidad) y al Parlamento, la Comisión elimina algunos de los requisitos previos (como la firma electrónica) que desincentivan su uso y permite el almacenamiento electrónico de facturas aunque el formato original sea papel.

Para facilitar las tareas contables a las empresas que operan en varios estados miembros y permitirles centralizar la facturación, Bruselas suprime las numerosas opciones que la legislación da ahora a los países.

También extiende la posibilidad de utilizar la factura simplificada, a las operaciones hasta 200 euros y a las ventas directas al consumidor.

La oferta es un elemento clave del Programa de Acción de la Comisión para reducir cargas de negocio en el 25% hacia 2012, y es parte de la estrategia de la Comisión de combatir el fraude de IVA de una manera más eficiente.

Esta medida viene a complementar a la Directiva sobre Pequeñas Empresas (SBA), que ha sido aprobada por la Comisión el 25 de junio de 2008. En ella establecen una lista de medidas que deben adoptarse, tanto por los Estados miembros y por la Comisión  con el objetivo común de la promoción de las pymes.

Las estimaciones a  mediano plazo en la eliminación de los obstáculos que se oponen a la facturación electrónica son de hasta 18 mil millones de euros si todas las facturas se envían por medios electrónicos.

La pasada semana comentábamos los cambios que el Gobierno español está preparando para adaptar las últimas novedades legislativas en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la Unión Europea a la normativa española. Habábamos de la adaptación a las nuevas normas de contabilidad, se prepara ahora para definir la localización del sujeto pasivo en las operaciones intracomunitarias (Directiva 2008/9/CE, de 12 de febrero) y la reclamación de las devoluciones a través de sus propias Administraciones tributarias por las personas no residentes en el Estado de devolución (Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero).

Por cierto, que la Comisión Europea ha presentado un informe sobre su actual actuación a favor de la reducción de cargas burocráticas inútiles y ha contado las propuestas que actualmente se están elaborando, que vienen a suponer un total de 1.300 actos legislativos, que representan alrededor del 10% del total, lo que traducido a páginas del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) vendrá a suponer un total de 7.800 páginas. La valoración económica representa un ahorro de más de 30.000 millones de euros.

El Ejecutivo comunitario prepara también otras 33 nuevas iniciativas para 2009 y prevé que se podrán adoptar otras 81 más a partir de 2010.

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