edición: 2760 , Lunes, 15 julio 2019
03/06/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas considera que la reversión del sujeto pasivo del IVA para los teléfonos móviles daña el mercado interior

Xavier Gil Pecharromán

La Comisión Europea ha decidido negar a los países comunitarios que puedan aplicar el mecanismo de inversión impositiva en el IVA en relación con los teléfonos móviles y los dispositivos de circuitos integrados al considerar que esta medida ha tenido un efecto negativo en el fraude en otros Estados miembros y, por consiguiente, una incidencia adversa en el mercado interior en su conjunto.

La decisión de Bruselas se ha centrado en la solicitud realizada por el Reino Unido para que se extendiese la excepción aprobada en abril de 2007, renovada en 2009 y 2011, y que caducaba en 2013.

A raíz de la prórroga de 2011, Alemania, Italia y Austria solicitaron una medida de  excepción similar en relación con los teléfonos móviles y los dispositivos de circuitos integrados, ya que estos Estados miembros también se enfrentaban a fraude en estos sectores. El resultado fue una Decisión por la que se autorizaba a estos tres Estados miembros a aplicar la medida de excepción solicitada. Al mismo tiempo, se volvió a prorrogar la medida de excepción para el Reino Unido, con el efecto de que las autorizaciones de todos los Estados miembros interesados expirarían el mismo día, a saber, el 31 de diciembre de 2013.

Considera en su decisión la Comisión Europea que las múltiples solicitudes de excepción que siguieron a la concesión de la excepción al Reino Unido indican también claramente que el fraude en los sectores citados se ha desplazado entre los Estados miembros (el Reino Unido, Austria, Alemania, Italia y los Países Bajos). Por consiguiente, está ya claramente establecido que la primera medida de excepción ha tenido un efecto negativo en el fraude en otros Estados miembros y, por consiguiente, una incidencia adversa en el mercado interior en su conjunto.

Además, cuando un nuevo Estado miembro se ve afectado por este tipo de fraude, y al no existir un mecanismo de reacción rápida, de acuerdo con el actual procedimiento de excepción tiene que esperar varios meses para que se le conceda una excepción similar, lo que incrementa más aún la repercusión negativa que tiene que soportar. Estas consecuencias indirectas son mucho más importantes de lo que se había valorado inicialmente.

De acuerdo con el artículo 193 de la Directiva del IVA, el deudor del IVA es el sujeto pasivo que efectúa la entrega de los bienes o servicios. La finalidad del mecanismo de inversión impositiva es desplazar la obligación de pago del impuesto hacia el sujeto pasivo a quien se entregan los bienes o servicios.

El fraude del operador desaparecido ocurre cuando los operadores económicos no abonan el IVA a las autoridades fiscales tras la venta de sus productos. Sin embargo, sus clientes, al estar en posesión de una factura válida, tienen derecho a la deducción del impuesto.
 
En los casos más agresivos de esa evasión fiscal unos mismos bienes o servicios son suministrados varias veces sin abonar el IVA a las autoridades fiscales mediante un esquema de «carrusel» (que afecta a bienes o servicios que están siendo comercializados entre Estados miembros). Al designar, en estos casos, a la persona a quien se entregan los bienes o servicios como deudora del IVA, el mecanismo de inversión elimina la posibilidad de incurrir en ese tipo de evasión fiscal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre  el valor añadido (Directiva del IVA), el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, puede autorizar a cualquier Estado miembro a que introduzca medidas  especiales de excepción a lo dispuesto en dicha Directiva, para simplificar el  procedimiento de recaudación del IVA o para impedir ciertos tipos de evasión o elusión fiscales.

Dado que este procedimiento prevé la posibilidad de excepciones a los principios generales del IVA, con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dichas excepciones deben ser limitadas en  su alcance y proporcionadas.

Algunos Estados miembros estiman que las pérdidas ocasionadas por el fraude carrusel alcanzan el 10 por ciento de la recaudación neta del IVA, lo que supone cantidades muy considerables, y que convierten al fraude del IVA en un grave problema. Además del daño que se causa al Fisco, este fraude lesiona el comercio legítimo de algunos sectores económicos al distorsionar la competencia mediante una reducción de precios a costa del impago del IVA.

El fraude al IVA en las operaciones intracomunitarias, conocido como fraude carrusel, es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta actualmente el sistema fiscal europeo. Para poder analizarlo correctamente y proponer posibles soluciones, es necesario conocer el actual sistema jurídico del IVA en la Unión Europea y su evolución histórica.

La razón del fraude está en el abuso de la normativa reguladora del IVA en las entregas intracomunitarias, y sobre todo del sistema transitorio establecido en la Sexta Directiva sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, que como ya se ha expuesto, está basado en la tributación en destino.

El fraude básico en las operaciones intracomunitarias consiste en que el adquirente comunitario vende los bienes a un tercero, repercutiendo el IVA aplicable para operaciones internas, pero no declara a la Hacienda Pública ese IVA repercutido, ni el que debió auto-repercutirse en el procedimiento de auto-facturación anteriormente mencionado. Cuando la Administración intenta reclamar el pago de esas cuotas de IVA a este adquirente intracomunitario se encuentra con que éste ha desaparecido, encontrándonos con lo que se conoce comúnmente en la Unión Europea como Missing Trader , o “trucha” en el argot de los funcionarios españoles.

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