edición: 2599 , Martes, 20 noviembre 2018
03/11/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas decide que los bancos deben publicar sus beneficios país por país

Xavier Gil Pecharromán

La Comisión Europea considera en un informe publicado esta pasada semana que obligar a los grandes bancos y entidades financieras a publicar los beneficios, subvenciones e impuestos pagados país por país, y no sólo de forma agregada, carece de impacto económico negativo y contribuirá a restablecer la confianza en el sector financiero.

Esta obligación de que la banca publique anualmente información desagregada país por país entrará en vigor el 1 de enero de 2015, tal y como prevé la Directiva sobre Requisitos de Capital. El informe considera que si Bruselas hubiera detectado consecuencias económicas negativas, la entrada en vigor de esta disposición podría haberse retrasado o incluso anulado.
 
Sin embargo, en el informe se sugiere que mejoraría la transparencia con una guía adicional que garantizase la aplicación coherente en los Estados miembros interesados. Además, se considera que los inversores podrán ser capaces de tomar decisiones de inversión más informadas y ser más capaces de acudir a los bancos que les tenga cuenta. La Directiva conducirá a una mejor gestión de los riesgos por las instituciones declarantes, lo que reduce el riesgo de escándalos y el aumento de la estabilidad en el sector financiero.

La publicación de información país por país dará a las partes interesadas una mejor visión de las estructuras de los grupos financieros, de sus actividades y de su presencia geográfica, y permitirá comprender mejor si los impuestos se paga allí donde la empresa ejerce efectivamente su actividad, ha explicado el comisario europeo de Servicios Financieros, Michel Barnier, en un comunicado.

La directiva sobre requisitos de capital obliga a la banca a publicar la información país por país sobre denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad; volumen de negocio; número de empleados equivalentes a tiempo completo; resultado bruto antes de impuestos; impuestos sobre el resultado y subvenciones públicas recibidas.

Este tipo de información viene regulado por el artículo 89 de la Directiva 2013/36/EU, y se trata de un elemento importante de la responsabilidad corporativa de estas entidades hacia sus grupos de interés y la sociedad en general, que les ayudará a restaurar la confianza en el sector bancario.

La Comisión se reunió con la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Securities and Autoridad Europea de Mercados (ESMA) para consultar sus puntos de vista sobre la Directiva.  Además, el informe ha sido elaborado sobre la base de una consulta pública, un estudio y una mesa redonda con especialistas.

 Entre los aspectos positivos de este tipo de información se hace referencia a que los inversores serán capaces de tomar decisiones de inversión con más datos, además conducirá a una mejor gestión de riesgos por parte de las entidades, lo que reducirá las posibilidades de escándalos y aumentará la estabilidad del sector financiero.

Una mayor calidad de la divulgación puede llevar a una reducción en el costo de capital propio que puede ser transmitida a las empresas y los hogares en forma de tasas activas más bajas y por lo tanto beneficiar a la disponibilidad de crédito y la inversión;  sino que también puede conducir a una reducción en la capacidad de las instituciones de información para enmascarar su verdadero rendimiento (gestión de los ingresos); y un aumento de la calidad de la contabilidad que podría resultar en una mayor competitividad y una mayor estabilidad financiera.

 En la preparación de su evaluación, la Comisión consultó  con la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Securities and Autoridad Europea de Mercados (ESMA) conforme a lo dispuesto en la Directiva.

La entrada en vigor de estas medidas, coincidirá con el inicio del funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión, que será una realidad a partir del último trimestre de 2014, y que tiene como finalidad contribuir significativamente a un funcionamiento fluido de la Unión Monetaria y a la recuperación de la confianza en el sector bancario mediante la supervisión directa de las entidades bancarias consideradas de carácter sistémico (alrededor de 130 en el conjunto de la eurozona), gracias a la creación de un organismo supranacional y a través de la supervisión conjunta con los órganos nacionales correspondientes (en el caso de nuestro país, el Banco de España) del resto de las entidades.

Y también, el Mecanismo Único de Resolución de crisis bancarias, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, y que tiene como objetivos preservar la estabilidad financiera, mantener la confianza de los ahorradores en el sistema bancario, prevenir la caída desordenada de entidades inviables, proteger a los clientes y minimizar el empleo de recursos públicos.

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