edición: 3051 , Martes, 22 septiembre 2020
27/08/2009

Bruselas, el ‘Paquete Telecom’ y Londres le abren a González-Sinde nuevas puertas en la guerra de las descargas de internet

Moncloa buscará reactivar las negociaciones entre Redtel y los creadores con la vista puesta en la presidencia de la UE
Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura
Ana Zarzuela

Volverá del verano y de estos meses de silencio con las lanzas en ristre y la vista puesta en los muros exteriores. González-Sinde deshace sus pasos atrás. La ministra renunciaba en junio oficialmente a la penalización al usuario de descargas protegidas y se abrazaba sólo a la amenaza con pisarles los talones a los proveedores, para empezar a una ‘lista negra’ de 200 webs a las que acusa del 80% de las descargas españolas. Moncloa le ‘leyó la cartilla’ y le ha dejado claro que tendría que conformarse con las leyes que ya existen. Nada de los "ajustes" en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o en la Ley de Enjuiciamiento. Menos aún las sanciones sin juez que trataba de colar en la Ley General Audiovisual, en los predios de la CMT o en el perímetro  del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Pero Londres y la UE resucitan un fantasma que el mercado y el Consejo galo habían convertido ya en cadáver a los pies de Sarkozy: la propuesta de cortes directos a instancia administrativa a los usuarios que reincidan en descargas ‘ilegales’. El retorno de las zancadas de Vivianne Reding con el ‘paquete telecom’ en ristre le destapa a Cultura y Moncloa el horizonte –todavía lejano- de nuevas gateras legales y sobre todo, nuevos aliados en la UE con los que subirse otra vez al ‘barco antipirata’. La ministra se autoinvita a una escena de la que ya la empujaron a salir el repudio de las operadoras de telefonía y los usuarios de internet y las gestiones directas del Secretario de Estado Francisco Ros. Quiere ser la ‘embajadora’ europea de la guerra al P2P a partir de 2010.

Se enfunda el uniforme de mediadora y deshoja de nuevo la margarita de las propuestas para Redtel -que aúna a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono-. No son otras que las de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que engloba a las sociedades de gestión de derechos de autor, productoras, discográficas y distribuidoras-. Quiere ser la capitana del abordaje a su propio “Pirate Bay” español y ahora sabe que puede mirar a envidia no sólo a Suecia y al antecedente estadounidense del caso tenenbaum,   Busca recargas para los ‘cañones’ que Moncloa no ha querido nutrir de munición administrativa -ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni Industria ven con buenos ojos que la CEMA ejecutara cortes de red sin sentencia judicial. Será sólo por un año y para coger impulso. Por la vía administrativa -la única que les queda, ahora que han agotado la penal y la civil-. Si en un año no funciona, llegará lo que desean: los cortes ‘a la inglesa’ y los castigos a los usuarios. La industria busca una gatera por la que cumplir el guión de Washington e impulsar sus propias webs de contenidos que quieren apadrinar, con o sin las operadoras de telefonía.

El ‘barco antipirata’ de Sarkozy -los cortes a los usuarios de internet- no tiene capitán en Francia, que aprobó en julio una ley que sólo incluye multas de entre 1.500 y 3.750 euros. La ley Hadopi murió a domicilio en su dimensión original, pero se encarna de nuevo allende los Pirineos. El ‘buque’ inglés -restricciones de velocidad y cortes esporádicos- ha tenido poco sitio en España y ahora ya no tiene timonel ni siquiera en las aguas de la Pérfida Albión. Londres está dispuesto a darle la espalda a la Digital Britain que vio la luz el segundo trimestre de 2009: sólo contempla la reducción de la velocidad de acceso a la red, o desconexiones puntuales (segundos o minutos) para interrumpir las descargas.
Los planes para combatir la piratería en Reino Unido se frenaron tras una consulta elaborada por el Departamento de Negocios Corporativos y Reformas Regulatorias (BERR) que mostró que no había consenso entre los operadores y la industria musical como para justificar una actuación contra los 7 millones de usuarios de internet británicos que comparten archivos en las redes de intercambio P2P.  Pero ahora Londres tiene prisas, al menos el ministro de Negocios e Innovación,  Lord Peter Mandelson, que ha vuelto de las vacaciones y del encuentro –no tan secreto- con las principales multinacionales de la industria (entre ellas David Geffen, fundador de  Asylum Records) con las lanzas en ristre y  una propuesta normativa que recuerda a la ley Hadopi francesa: el infractor se quedará sin acceso a la red. Hay prisas. Y presiones.

El gobierno de Gordon Brown no quiere esperar un año –menos aún hasta 2012 como pedían las operadoras- para poner en pie el Plan B –tres avisos progresivos antes de la simple rebaja de velocidad de internet-. Demasiado tiempo, piensa ahora el ejecutivo británico, con la mirada atenta a los casi 7 millones de personas intercambian de forma habitual contenidos de Internet saltándose el copyright en Gran Bretaña y al tirón de orejas de la administración Obama a sus aliados del Thamesis. El organismo regulador de los medios (Ofcom) se encargará de instar a las compañías proveedoras de Internet a que introduzcan "medidas técnicas" para contrarrestar la piratería. Si tras el envío de los avisos al usuario éste persiste, se cortará la conexión a instancias de Ofcom. Después, puede llegar el corte definitivo del servicio. Downing Street está dispuesto a hacer oídos sordos a las voces del laborismo que advierte que la ley puede violar los derechos básicos del ciudadano y a las quejas de los proveedores de Internet, que consideran que la amenaza de suspender la conexión de sus clientes supone una "respuesta desproporcionada" a la piratería, con un gran coste económico y no están dispuestos a cargar con el sombrero de ‘sheriff de la ley’ en la red de redes.

BRUSELAS NAVEGA DE NUEVO EN EL ‘BUQUE ANTIPIRATA’

Reding vuelve a la carga y trata de colar el 'paquete telecom' en las grietas de la transición de la UE. Dijo adiós en mayo, pero fue un hasta luego. La Comisaria de Telecomunicaciones de los Veintisiete claudicó en las redes del Parlamento, con los añicos de la que iba a ser "la nueva era de las telecomunicaciones" europeas en las manos. Su empeño en sintonizar con el pulso de Nicolas Sarkozy en la contención al P2P hicieron estallar el ‘pequete telecom’. Fue justamente la propuesta de protección jurídica para los usuarios de internet con cerca de un 90% de votos a favor en el Europalamento lo que devolvió de nuevo a la mesa de negociación –antes de los comicios europeos- todo el corpus legislativo. Pero Vivianne Reding está de regreso. Se salta la consigna de ‘mejor no tocarlo’ que operadoras, Parlamento y CE acordaron hasta septiembre y vuelve a la mesa con la que estaba llamada a ser la mayor regulación de la historia del sector. Busca saltarse el calendario del Paquete Telecom, que tendría que ser de nuevo examinado en otoño por el comité de conciliación, en un proceso que requiere la representación de miembros del Parlamento y del Consejo. Y con su pértiga, la luxemburguesa trata de rematar el legado de un mandato que no es lo que buscaba. O, al menos, hacer de él un peaje mejorado para un nuevo mandato. Se sube a la victoria del partido democristiano luxemburgués, la que le garantiza un sitio en la Eurocámara.

Pero la ‘dama de hierro de las comunicaciones’ apunta más alto. Reding aprovechó la orfandad del Parlamento Europeo recién escogido, para estrenar una consulta pública sobre su proyecto de regulación del acceso a las redes de nueva generación de Internet, que permiten una velocidad de descarga de más de 80 megas. Y ahora desenvuelve de nuevo, también, las propuestas para la regulación de los contenidos de la red de redes que no pudo ver consagradas, tras el rechazo parlamentario a la reforma del sector de las telecomunicaciones al no aceptar la norma que proponía dejar en manos de los Estados la decisión de permitir o no los cortes de conexión.

Parlamento y Consejo tienen cinco meses para alcanzar un acuerdo sobre la regulación de las descargas ilegales -si aceptan seguir con el consenso del resto del paquete-: o tres para que el Consejo adopte su posición en segunda lectura y otros cuatro para la conciliación. Una segunda vía impulsada por Vivianne Reding y la Comisión Europea. Se cuela por las grietas del calendario, el fuera de juego del Europarlamento y las vías abiertas por la regulación del ADSL desde 2012 que Bruselas debe consumar este semestre. Vuelve con el mismo plato que echó por tierra el ‘banquete’ del paquete telecom y esta vez lo presenta, de nuevo, por la vía de la conciliación, lo justo – si prospera- para reemplazar la Enmienda 138 -que pretendía garantizar que la desconexión de Internet sólo pudiera ser ordenada mediante resolución judicial- con una alternativa "bosquejada" por el Consejo de Ministros mediante el procedimiento de conciliación, un sistema bastante oculto al ciudadano de a pie.

CONTRA LOS MUROS LEGALES

González Sinde sólo tiene ojos para EEUU. Washington le ha marcado el guión. Y busca el acuerdo para la venta entre las empresas de telecomunicación con los que fabrican los contenidos, ahora que un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard hace añicos su teoría de los daños del P2P a la producción cultural: el peer to peer no provoca descensos en las ventas. Al menos no en el mercado estadounidense. Si en 2000, meses después de la creación del programa Napster, se publicaron 35.515 álbumes, en 2007 -cuando el programa P2P BitTorrent había superado en eficacia y velocidad al anterior rey de las descargas, eMule- se editaron 79.695 y se realizaron 4.989 filmes, un 30% más en todo el mundo. 

La justicia sueca ha condenado a los cuatro responsables del portal 'The Pirate Bay' -el tracker de bittorrent más grande del mundo-, a un año de cárcel y a una indemnización 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por violar los derechos de la propiedad intelectual. Pero The Pirate Bay, con más de 20 millones de usuarios, sigue funcionando, a pesar de las condenas. Sus cuatro creadores siguen en libertad. Y la compra del portal por parte de Global Gaming Factory X le marca a sus homólogas en la UE la vía alternativa, si la necesitan: impulsar el lanzamiento de un nuevo modelo de negocio que incluya "compensación" a los suministradores de contenido y los dueños de la propiedad intelectual. La Corte Regional de Hamburgo (Alemania) ha condenado al servicio de alojamiento de archivos Rapidshare con 24 millones de euros y ha pedido que empiece a filtrar proactivamente contenido protegido por copyright, a instancia de la sociedad de autores GEMA. Pero los 24 millones de euros no eran una multa sino la estimación del lucro cesante  en música subida al hosting. Y, como recuerdan los expertos técnicos, es imposible aplicar un filtro a los ficheros que se suben protegidos por contraseña, hasta el punto de que en Belgica ya hubo una sentencia similar (contra un ISP al que también se le exigió que filtrase lo que circula por su red), y los tribunales rectificaron posteriormente esa decisión por ser impracticable.

En España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo pueden ser decididos por un juez. Una línea roja que sintoniza con la última decisión del Parlamento Europeo con el paquete telecom. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez.

Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual. Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa. Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones –a la que apuntaba la Coalición- a convertirse en sheriff de internet (menos aún ahora que sabe que quedará huérfana de competencias audiovisuales) ni el empeño de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo más inmaculado posible obran a favor de los planes de la ministra de Cultura.

LA COMPETENCIA Y EL CANON

Los creadores y la industria española de contenidos tratan de hacer de la necesidad virtud: generar su propia competencia y neutralizar a las descargas con las mismas armas que ahora repudian. Siguen el ‘guión inglés’. Lo han hecho, hasta ahora, al ritmo de las presiones de la Casa Rosada que acaban de hacer mella también en Downing Street. Demasiadas coincidencias: el objetivo de rebajar en un 70% la ‘piratería’, de dejar en manos del regulador inglés –la Ofcom- tanto el  sistema de avisos como los recortes tecnológicos;  dar un año de margen antes de comenzar los cortes definitivos y potenciar webs de contenidos de pago que cuenten con el aval de la industria y el impulso de las operadoras. Todas las propuestas de la Pérfida Albión eran bien acogidas por la industria española. Por eso miran también al canon del adsl que el regulador británico acaba de liberar, con un nuevo impuesto de 6 libras anuales sobre las líneas fijas de telefonía. Y querían lo mismo: sus deseos apuntan a que no sólo los usuarios, sino las telecos paguen por las arterias de los contenidos que los creadores apadrinan. Ahora, si prospera la iniciativa del Gobierno de Reino Unido -cortes sin sentencia judicial para los reincidentes de las descargas de contenidos con copyrigth- podrán volver a desempolvar las propuestas originales.

Lo sabe la bitácora estadounidense que les ha marcado a Ros y Sinde la Casa Blanca a través de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA): sólo subirse a un ‘buque’ similar al de los ‘piratas’ que intentan combatir será eficaz, la producción de webs de contenidos bajo las riendas -y los precios de Cultura y la industria- son la única brújula que Washington espera ver cuando el vicepresidente Joe Biden llegue a tierras españolas, este trimestre. Pero el abrazo al ‘streaming’ envenena la ‘cuarta vía’ de González-Sinde y la Coalición: la creación de una web que ofrecería a precio asequible un catálogo "casi ilimitado" y de calidad de películas, música y videojuegos, y en el que estarían integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos.  Y los recelos de la Coalición para convertir una oferta atractiva de contenidos en una tienda de contenidos digitales en la red no ayudan a recomponer unos puentes que, hoy por hoy, sólo se levantan con unos ladrillos comunes: la coincidencia en una campaña educativa para los usuarios de internet. Todos los caminos de González-Sinde conducen al ‘euro’. La industria y el Ministerio de Cultura quieren hacer caja: eso es todo lo que podrían asegurarse conseguir de la vía civil contra las webs de enlaces de descargas. Y eso es todo lo que busca su mirada, a medio plazo, con la puerta que comienza González Sinde a entreabrirle al plan de un canon por el adsl como el que Gran Bretaña estrenará este año. Ya avisa la ministra que en 2010 volverá a poner el debate en la mesa de la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso.

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