edición: 2830 , Martes, 22 octubre 2019
05/06/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas emprende un programa para reducir las cargas legislativas de las pyme en Europa y los Veintisiete

El 85 % de la creación neta de puestos de trabajo en la UE entre 2002 y 2010 es atribuible a las pyme
Javier Ardalán

La Comisión Europea ha remitido una comunicación en la que insta al Parlamento  Europeo y al Consejo para que adopten medidas que no solo beneficien a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sino también que no se les añadan cargas innecesarias en el  proceso legislativo. Además, se solicita a los Estados miembros que reduzcan las cargas en las legislaciones nacionales. El Ejecutivo comunitario pretende que a través de procesos de evaluación del impacto, se evite la carga normativa innecesaria. Para ello analiza si las microempresas pueden quedar excluidas del ámbito de aplicación de la iniciativa sin poner en peligro el objetivo de la posible propuesta.

Los resultados se tendrán en cuenta en el inventario de la legislación de la UE que se está realizando con arreglo al recientemente anunciado programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). El programa REFIT implica, como primer paso, hacer el inventario de las medidas legislativas y ámbitos de actuación, a fin de descubrir las posibles cargas excesivas, incoherencias, lagunas, medidas ineficaces y efectos acumulativos, y de poder así obtener las ventajas esperadas de la manera más eficaz. Se prestará atención a la posible carga normativa resultante de la forma en que la legislación de la UE se instrumente a escala nacional y subnacional.

A estos efectos, se tendrán en cuenta las especificidades de las pymes y la importancia de la estabilidad de la normativa, tal como se ha puesto de manifiesto en muchas  de las consultas a las pymes.

Las evaluaciones de impacto también han demostrado que no siempre es posible conceder a las microempresas una exención. Por ejemplo, no pueden ser excluidas cuando existan claros indicios de que ello impediría a la normativa lograr sus objetivos, como puede ser protección de los trabajadores o los consumidores. Tampoco pueden quedar exentas de los requisitos previstos en el Tratado de la UE para proteger, por ejemplo, los derechos fundamentales.

Por último, no pueden quedar exentas en aquellos casos en que la legislación va específicamente dirigida a pequeñas empresas, tales como las «sociedades buzón», que eluden las normas aplicables, por ejemplo, en materia de servicios y competencia. Cuando las microempresas no pueden ser excluidas de las propuestas legislativas, es necesario explicar en la evaluación de impacto el análisis y las razones.

Esta preocupación proviene del convencimiento de Bruselas, de que las pymes son la espina dorsal de la economía europea, contribuyendo de manera significativa a la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. En la UE, unos 20,7 millones de pyme emplean al 67 % de los trabajadores del sector privado. Un reciente estudio ha puesto de manifiesto que el 85 % de la creación neta de puestos de trabajo en la UE entre 2002 y 2010 es atribuible a las pyme. Ello indica claramente su importancia para el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa.

Ejemplo de exenciones en favor de las pyme que han sido adoptadas por el legislador de la UE y están siendo instrumentadas por los Estados miembros. Los pequeños establecimientos comerciales que se dedican a la venta de aparatos eléctricos y electrónicos no necesitan reservar un espacio adicional para cumplir con la obligación de recogida de los aparatos desechados, impuesta por la nueva  Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta obligación de recogida solo se aplica a los establecimientos de venta minorista de más de 400 m2.

Cuando las exenciones no son posibles, se procura adaptar las propuestas normativas a las pyme, por ejemplo, a través de la introducción de una serie de requisitos menos gravosos para las empresas más pequeñas, la reducción de tasas, etc.

Además, algunos instrumentos legislativos de la UE dejan a cada Estado miembro decidir si  desea instaurar regímenes menos exigentes para las pymes (por ejemplo, en los ámbitos de la información y consulta de los trabajadores, la higiene alimentaria, los residuos y las cuentas anuales).

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