edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
12/05/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas espera acabar en el Ecofin de junio con la laguna legal que permite a las multinacionales no tributar

Xavier Gil Pecharromán

No pudo ser en el pasado Consejo de Ministros de la Unión Europea. La oposición de Suecia impidió aprobar la reforma de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. La Comisión Europea lo intentara de nuevo en junio, tras introducir algunos cambios técnicos para evitar una posible doble imposición a las multinacionales.

La directiva trata de acabar con las ventajas indebidas para no tributar que han generado muchas multinacionales aprovechando las asimetrías entre los distintos regímenes fiscales nacionales. Las lagunas legales que existen en esta directiva han sido explotadas por algunas empresas para no pagar ningún impuesto.

Se trata de atajar las asimetrías de los mecanismos financieros híbridos en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales y de introducir una norma general contra las prácticas abusivas para proteger el funcionamiento de esa Directiva.

El aumento de las inversiones transfronterizas ha ofrecido a los grupos transfronterizos la posibilidad de utilizar instrumentos financieros híbridos, lo cual les ha permitido obtener ventajas indebidas aprovechando las asimetrías entre los distintos regímenes fiscales nacionales y las normas internacionales para evitar la doble imposición. Esto provoca, dentro de la UE, un falseamiento de la competencia entre los grupos transfronterizos y los grupos nacionales, en contradicción con el objetivo de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales.

Los mecanismos de préstamo híbrido son instrumentos financieros que presentan características tanto de deuda como de capital. Debido a las diferentes consideraciones fiscales otorgadas por los Estados miembros a los préstamos híbridos (capital o deuda), los pagos en concepto de préstamo híbrido transfronterizo se tratan como un gasto deducible fiscalmente en un Estado miembro (el Estado miembro del pagador) y como distribución de beneficios exenta de impuestos en el otro Estado miembro (el Estado miembro del beneficiario), provocando así una doble no imposición no deliberada.

Las diferencias considerables en los enfoques de los Estados miembros contra los comportamientos abusivos generan inseguridad jurídica y socavan el objetivo mismo de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a saber, la supresión de los obstáculos fiscales a la agrupación transfronteriza de sociedades de Estados miembros diferentes.

La actuación a escala de la UE es necesaria para alcanzar mejor el objetivo de la iniciativa. Las modificaciones propuestas cumplen por tanto el principio de subsidiariedad. Las modificaciones propuestas cumplen asimismo el principio de proporcionalidad, ya que no van más allá de lo necesario para abordar los problemas planteados y, por tanto, para alcanzar los objetivos de los Tratados, en particular el funcionamiento adecuado y eficaz del mercado interior.

Para evitar que los grupos transfronterizos de sociedades matrices y filiales se beneficien de ventajas no deliberadas en comparación con los grupos nacionales, debe denegarse la exención fiscal en relación con las distribuciones de beneficios que sean deducibles en el Estado miembro de origen.

El Estado miembro de la sociedad beneficiaria (sociedad matriz o su establecimiento permanente) solo se abstendrá de gravar las distribuciones de beneficios en la medida en que estas no sean deducibles en el Estado miembro de origen (es decir, en el Estado miembro de la filial que los distribuya). Así pues, el Estado miembro de la sociedad beneficiaria gravará la parte de los beneficios que sea deducible en el Estado miembro de origen.

No se impondrá ninguna retención en origen a los beneficios distribuidos por la sociedad filial, ya que el pago en el Estado miembro de la filial se considerará un pago de intereses con arreglo a la Directiva relativa a los pagos de intereses y cánones.

El Consejo está examinando una propuesta para adaptar el umbral de participación actual del 25% que figura en la Directiva relativa a los pagos de intereses y cánones al umbral del 10% de la Directiva sobre  sociedades matrices y filiales. Por otra parte, los mecanismos financieros híbridos suelen crearse en los Estados miembros que no aplican ninguna retención sobre los pagos de intereses en virtud de disposiciones nacionales o de los convenios de doble imposición.

La discusión de los ministros se centra e n la llamada norma general antifraude (GAAR) que pretende que los miembros puedan retirar el beneficio de las multinacionales en caso de mecanismo artificial o serie de mecanismos artificiales introducidos con el objetivo fundamental de obtener una ventaja fiscal indebida en virtud de la presente Directiva, que anule el objeto, el espíritu y la finalidad de las disposiciones tributarias alegadas.

A este respecto, se entiende por mecanismo artificial o serie de mecanismos artificiales toda transacción, régimen, medida, operación, acuerdo, entendimiento, promesa o compromiso que no corresponda a la realidad económica. Para determinar si un mecanismo o una serie de mecanismos son artificiales, los Estados miembros deberán cerciorarse, en particular, de si concurren una o varias de las circunstancias, incluidas en la Directiva.

Estas circunstancias, incluyen, la caracterización jurídica de las diferentes fases de las que consta un mecanismo es incompatible con la naturaleza jurídica del mecanismo en su conjunto; el mecanismo se ejecuta de una manera que no sería la habitual atendiendo a un comportamiento comercial razonable; el mecanismo incluye elementos que tienen por efecto compensarse o anularse entre sí; las operaciones realizadas son de naturaleza circular; o el mecanismo da lugar a una importante ventaja impositiva, aunque esto no se refleja en los riesgos empresariales asumidos por el contribuyente ni en sus flujos de caja.

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