edición: 2809 , Lunes, 23 septiembre 2019
30/09/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas exige a España que permita a los gestores de gas y electricidad explotar interconexiones con otros Estados de la UE

Javier Ardalán
Nuevo problema para un país que está sin Gobierno y, por tanto, sin poder legislar. La Comisión Europea ha solicitado formalmente a España que garantice la aplicación correcta de las directivas sobre electricidad (D. 2009/72/CE) y sobre el gas (D. 2009/73/CE), que forman parte del tercer paquete energético, que contiene disposiciones esenciales para que los mercados de la energía funcionen correctamente.
La Comisión ha comprobado que la actual legislación española impide a las empresas distintas de los gestores históricos nacionales de las redes de gas y electricidad construir y explotar interconexiones con otros Estados miembros.
La normativa comunitaria busca como objetivo la separación efectiva entre suministradores y productores de energía, normas para fortalecer la independencia y las competencias de las autoridades reguladoras nacionales y normas en beneficio de los consumidores.
       
La separación efectiva solo puede asegurarse mediante la eliminación del incentivo que empuja a las empresas integradas verticalmente a discriminar a sus competidores en lo que se refiere al acceso a la red y a la inversión.
 
La separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro, es evidentemente una manera efectiva y estable de resolver el conflicto de interés inherente y garantizar la seguridad del suministro.

Por ello, el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 10 de julio de 2007, sobre las perspectivas para el mercado interior del gas y la electricidad, señalaba que la separación patrimonial al nivel del transporte es la herramienta más eficaz para fomentar las inversiones en infraestructuras de una manera no discriminatoria, el acceso justo a la red de nuevos operadores y la transparencia del mercado.

En virtud de la separación patrimonial, debe exigirse, por lo tanto, a los Estados miembros que velen por que la misma persona o personas no puedan ejercer control sobre una empresa de generación o de suministro y, al mismo tiempo, ejercer control o cualquier derecho sobre un gestor de red de transporte o una red de transporte.

De la misma manera, el control sobre una red de transporte o sobre un gestor de red de transporte debe excluir la posibilidad de ejercer control o cualquier derecho sobre una empresa de generación o de suministro. Dentro de dichos límites, una empresa de generación o de suministro puede tener una participación minoritaria en un gestor de red de transporte o en una red de transporte.

Las directivas regulan que todo sistema de separación debe ser eficaz para resolver cualquier conflicto de intereses entre productores, suministradores y gestores de redes de transporte, a fin de crear incentivos para las inversiones que se requieren y garantizar el acceso de nuevos operadores en el mercado con arreglo a un régimen regulador transparente y eficiente, y además no debe dar lugar a un régimen regulador excesivamente oneroso para las autoridades reguladoras nacionales.

Además, disponen las normativas comunitarias que en virtud de la separación patrimonial, para garantizar la independencia plena de la explotación de la red con respecto a los intereses de suministro y generación y para evitar el intercambio de información confidencial, una misma persona no debe ser miembro de los consejos de administración de un gestor de red de transporte o de una red de transporte y de una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o suministro.

Por la misma razón, una misma persona no debe estar facultada para designar a los miembros de los consejos de administración de un gestor de red de transporte o de una red de transporte y ejercer control o cualquier derecho sobre una empresa de generación o de suministro.

Considera Bruselas, que España ha transpuesto incorrectamente algunas disposiciones sobre la independencia de la autoridad nacional de reglamentación. Así, en febrero de 2015 se envió una carta de emplazamiento a España. Puesto que aún no se ha dado cumplimiento a la legislación de la UE, la Comisión envía ahora un dictamen motivado.

España dispone de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; tras lo cual, la Comisión podría decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Para más información sobre la normativa del mercado interior de la UE, véase el sitio web de la Dirección General de Energía.

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