edición: 2350 , Jueves, 23 noviembre 2017
24/04/2009

Bruselas fuerza a las AAPP a pagar sus facturas para que las empresas sobrevivan a la crisis

Javier Ardalán

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para obligar a las administraciones públicas a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días y, si no lo hacen, obligarles a abonar intereses durante todo el periodo de impago y una sanción del 5% sobre el total. Aunque la normativa actual ya prevé el plazo objetivo de los 30 días, las cláusulas de libertad de contratación permiten ampliar los plazos de pagos, lo que supone una situación de autentica indefensión para las empresas.

La Comisión Europea  cifra en 1.900 millones de euros el valor de los contratos impagados en el conjunto de la Unión Europea. De ellos, 1.200 millones corresponden a impagos de las Administraciones Públicas y los otros 700 millones a impagos entre empresas

La media comunitaria para pagar las facturas en 65 días de media, el plazo en los Estados oscila desde 14 hasta 180 días, en el peor de los casos. Un reciente estudio realizado en Suiza que refleja que un retraso en los pagos superior a los 14 días representa el 7% de todos los casos de insolvencia de las empresas comunitarias.

La Comisión Europea trata de que la propuesta pueda ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de finales de este año, a través del procedimiento de urgencia. Con ella, se trata de evitar las quiebras producidas por los impagos de las Administraciones Públicas y favorecer la tesorería de las empresas europeas para reforzar su competitividad a largo plazo.

 El proyecto de propuesta de la Comisión plantea endurecer las normas sobre los contratos manifiestamente abusivos y será "ilegal" incluir cláusulas en el contrato que excluya la posibilidad de pagar intereses por impago, precisó el comisario.
Algunos Estados miembros ya han adoptado medidas nacionales para combatir la morosidad en las Administraciones Pública, como es el caso de Portugal y Reino Unido.

En España, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy un Real Decreto para permitir el endeudamiento de los ayuntamientos, que junto con la línea avalada por el ICO para las empresas que sufran impagos municipales puede suponer una financiación de hasta 14.000 millones de euros para subsanar la elevada morosidad de los entidades locales con sus proveedores.

Mediante esta línea, empresas y autónomos podrán pedir a la banca que les anticipe lo que les deben los ayuntamientos, mediante lo que se conoce como operaciones de descuento, con un tipo de descuento máximo del 5 por ciento, un porcentaje menor del habitual.

La situación es muy dura para las pequeñas y medianas empresas. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística hablan de impagos durante el último año, en Cataluña, Madrid y Andalucía de  341,6, 305 y 291,5 millones de euros respectivamente. Una cifra mareante.

Sin embargo, esta no es la única medida que los empresarios están urgiendo al Gobierno. Así, una propuesta no de ley del PP planteaba en el Pleno del Congreso que las empresas no paguen el IVA por las facturas no cobradas. Los empresarios vienen desde que se inició la crisis demandando que se permita levantar el criterio del devengo en los casos en que las empresas no tengan liquidez para afrontar su subsistencia por las deudas provocadas por sus clientes.

CiU propuso al Gobierno articular, en el plazo máximo de un mes, medidas transitorias para facilitar el aplazamiento del pago de impuestos en función de la morosidad. Recordemos que,  las pequeñas empresas que trabajan para el sector de la construcción están desesperadas. Algunas llevan ya casi un año sin cobrar.

Finalmente, el PP logró el apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante parte de su propuesta, por lo que en Gobierno debería  hacer posible que las pymes y los autónomos no tributen en el IVA por las facturas pendientes de cobro.

También, en pocas semanas, se aumentará el aplazamiento del pago de impuestos sin necesidad de presentar fianzas o avales, que pasará de los 6.000 euros actuales a los 18.000 euros, compromiso adquirido por el Gobierno. Este aumento de garantía afectará a más del 90% de las peticiones actuales. Lo que supondrá un respiro para los empresarios, fundamentalmente para los más pequeños.

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