Bruselas le aprieta las tuercas a España por obstaculizar
edición: 2532 , Miércoles, 15 agosto 2018
16/07/2009
Economía alega que la sentencia carece de efectos prácticos

Bruselas le aprieta las tuercas a España por obstaculizar la libre circulación de capitales

Una sentencia del TUE condena a España por no adaptarse a la Directiva que prevé una armonización en las operaciones societarias comunitarias
Beatriz Lorenzo

Gabelas excesivas e innecesarias que suponen un obstáculo a la libre circulación de capitales y que forman parte del derecho mercantil español. El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, grava con un impuesto indirecto determinadas operaciones societarias, entre las que se cuentan operaciones como la constitución, el aumento y la disminución de capital, la fusión, la escisión y la disolución de sociedades. Pocas son las operaciones, como la prórroga de la sociedad, el cambio del objeto social o el cambio del modo de representar las acciones que se libran de esta carga. Una situación a la que la Unión Europea quiere poner freno en aras de la armonización comunitaria. Y la toma de medidas no se ha hecho esperar. El pasado 9 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia condenatoria a España por mantener este gravamen en su legislación nacional.

La normativa española, según el TUE, no se ha adaptado a la Directiva 69/335 que prevé una armonización en la imposición de operaciones como la constitución de sociedades, el aumento y la disminución de capital, la fusión, la escisión y la disolución de sociedades, de manera que sólo se puedan gravar una vez, lo que implica la supresión de todos los demás impuestos indirectos, de las mismas características en otros Estados de la UE. Ante la imposibilidad de lograr que España cumpla esas obligaciones, la CE denuncio el caso ante el Tribunal de Luxemburgo, que ahora le ha dado la razón.

En concreto, la UE le reprocha a España que supedite la aplicación de las exenciones obligatorias del derecho de aportación a determinados requisitos. Además, la legislación española grava con un derecho de aportación el traslado a España de la sede o del domicilio social de las sociedades no sujetas en su Estado miembro de origen a un derecho similar. Por si no fuera poco, España vulnera la directiva al someter al derecho de aportación el capital destinado a las actividades mercantiles ejercidas en territorio español por las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades establecidas en un Estado miembro que no aplica un derecho análogo al aplicado en España.

En contraposición a esto, la normativa europea prevé que esas operaciones sometidas al impuesto sobre las aportaciones serán imponibles únicamente en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la sede de la dirección efectiva de la sociedad de capital en el momento en que se realicen estas operaciones. En su sentencia el TUE añade que esas medidas no están tampoco justificadas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.

LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES “VIGILADA”

Las reacciones del Ministerio de Economía a la decisión del TUE no se han hecho esperar. Pocos días después de dictarse la sentencia, fuentes ministeriales alegaban que ésta carecía de efectos prácticos y que la normativa española está hoy en día completamente armonizada con la de la UE. Según Economía, tanto la norma comunitaria como la española han sido modificadas en el periodo en el que se ha discutido la sentencia. Justifica este planteamiento alegando que en la nueva regulación, desde el 1 de enero de 2009, las operaciones de traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de una sociedad cuando estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la UE quedan no sujetas a gravamen.

La libre circulación de capitales, junto con la de personas, bienes y servicios, constituye una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea. La implantación de la libre circulación de capitales desde el 1 de julio de 1990 representa una primera fase de la unión económica y monetaria que culminó con la introducción del euro.

La libre circulación de capitales como libertad fundamental inscrita en los Tratados supone más que un simple cambio de divisas. La libre circulación de capitales incluye, entre otras cosas, el derecho de los ciudadanos y las empresas a adquirir acciones de sociedades instaladas en otro Estado miembro o adquirir bienes inmuebles tales como una residencia de vacaciones o una vivienda.

Y sin embargo, no es la primera vez que la UE le aprieta las tuercas a España en esta materia. Ya el pasado 25 de junio la Comisión Europea pedía a España, mediante un dictamen motivado, que no discriminase a las empresas extranjeras a la hora de aplicar el impuesto sobre las plusvalías derivadas del canje de acciones. Bruselas alegaba que la actual normativa española es incompatible con la directiva sobre fusiones y con los principios de libre circulación de capitales y de derecho de establecimiento.

También en este caso, si en dos meses las autoridades españolas no modifican la legislación de referencia, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el TUE.

El canje de acciones es una operación por la que una sociedad adquiere una participación en otra empresa igual o superior a la mayoría de los derechos de voto, con contrapartida en forma de nuevas acciones emitidas a los accionistas de la otra empresa. En esta materia, la legislación española contempla el aplazamiento del pago del impuesto sobre la obtención de plusvalías a resultas de un canje de acciones cuando la sociedad adquirente tiene su sede en España. Pero si la mayoría de los accionistas contribuyentes no residen en la UE y las acciones que se les asignan representan el capital de una sociedad cuya sede no está en España, las plusvalías se gravan normalmente en el momento del canje. España alega, para justificar estas diferencias de trato, la dificultad de garantizar posteriormente una tributación efectiva cuando la sociedad adquirente tiene su sede fuera de España.

Sin embargo la Comisión cree que estas normas infringen la legislación comunitaria porque disuaden a las empresas el ejercer su derecho a la libertad de establecimiento y porque los accionistas reciben peor trato si la sociedad de la que reciben las acciones tiene su sede en un Estado miembro distinto de España.

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