edición: 2806 , Miércoles, 18 septiembre 2019
16/12/2011

Bruselas no controla las ayudas de Estado menores de 200.000 euros y los Estados las han multiplicado

Javier Ardalán
A pesar de la sensación que Bruselas brinda de ser una maquinaria burocrática muy bien engrasada y eficiente, la verdad es que en algunas áreas de supervisión hace aguas escandalosamente y cantidades importantes de dinero que constituyen subvenciones ilegales acaban pasando inadvertidas cada año con los efectos distorsionantes que esta situación conlleva. Es una muestra de que la UE ‘hace aguas’ por muchos costados.

En la cabeza de los empresarios vascos está la obligación de devolver las cantidades deducidas por las ‘vacaciones fiscales vascas’ y  el número de las denuncias recibidas y el de las pendientes no ha dejado de aumentar durante el período 2006-2010.

La mitad de ellas quedaron pendientes durante más de un año; casi la cuarta parte, durante más de dos años, y otras, durante más de cinco. La mayoría pertenecían al ámbito del transporte y la Dirección General de Competencia las había recibido de la Dirección General de Energía y Trans¬portes al principio de 2010 tras la redistribución de carteras entre los Comisarios.

Aunque los Estados miembros deben registrar y compilar toda la información relativa a la aplicación del Reglamento de ‘minimis’ (cuantías pequeñas que no es necesario declarar) y facilitarla posteriormente a la Comisión, previa petición por escrito, en la práctica la Comisión no controla el cumpli¬miento de las condiciones de concesión de estas ayudas.

Así, se reconoce en un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea titulado ¿Garantizan los procedimientos de la comisión la gestión eficaz del control de las ayudas estatales? en el que va¬rios organismos proveedores de ayuda declararon que resulta muy difícil comprobar el cumplimiento del límite máximo de la ayuda de ‘minimis’ y que no saben con certeza si en general se cumple.

El Reglamento sobre ayudas de ‘minimis’ establece un límite máximo de 200.000 euros por debajo del cual se considera que no queda afectado el comercio entre Estados miembros o no se distorsiona la competencia y por tanto no constituye ayuda estatal. Los Estados miembros han acogido favorablemente las normas relativas a la ayuda de ‘minimis’ y han incrementado gradualmente su aplicación, lo cual permite la ejecución más rápida de las ayudas.

La Comisión es la única autoridad que puede declarar la compatibilidad con el Tratado de una ayuda estatal y está investida con amplias facultades discrecionales para ello, sin embargo, no cuenta con un fundamento jurídico específico que le permita pedir información a los Estados miembros para determinar cuáles son las principales autoridades que conceden ayudas o para conocer la organización interna y los procedimientos vigentes de notificación y control en los Veintisiete.

Sin embargo, no dispone de un fundamento jurídico para realizar investigaciones sectoriales o en los Estados miembros para detectar posibles ayudas estatales ilegales. Sin embargo, la Comisión no aprovechó plenamente la información de do¬minio público para valorar el riesgo de falta de notificación de las ayudas.

En consecuencia, no ha identificado las categorías de ayuda con mayor riesgo de falta de notificación debido al riesgo inherente de la ayuda o a insuficiencias de los sistemas de control establecidos por el Estado miembro.

La detección de ayudas estatales que debiendo ser notificadas por los Estados miembros no lo han sido se basa principalmen¬te en las denuncias y en las investigaciones de oficio. Hasta hace muy poco la Comisión no empezó a registrar los asuntos incoados de oficio independientemente de las denuncias. Así, el número de asuntos de oficio (35 en 2009 y 18 en 2010 es muy inferior al número de denuncias (alrede¬dor de 400 en 2009).

Para colmo, la Comisión no comprueba si las ayudas cuya notificación ha sido retirada, pero que parecían, a priori, ayudas estatales, se abandonaron o se aplicaron sin su aprobación. En este últi¬mo caso, la medida constituiría una ayuda estatal ilegal que justificaría el inicio por la Comisión de un procedimiento de oficio. Lo mismo podría suceder con las ayudas notificadas acreedoras de una decisión negativa de la Comisión.

El informe revela que el riesgo de falta de notificación es especialmente elevado en las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración, en las medidas fiscales y en la venta de ter renos por debajo del precio de mercado, que han dado lugar a varias denuncias. El riesgo es también mayor en las ayudas concedidas por or¬ganismos gubernamentales regionales y locales , los cuales , al otorgar ayudas estatales solo ocasionalmente, tienen un conocimiento limitado de la normativa que las rige.

La Comisión ha reconocido la importancia cada vez mayor de la supervisión ex post debido al creciente número de medidas exentas de notificación previa. Sin embargo, su actividad supervisora se limita a un control documental anual de quince regímenes de ayuda aprobados más 15 medidas cubiertas por la exención por categorías, seleccionados conforme a criterios diversos. Esto solo proporciona una impresión limitada del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamen¬to general de exención por categorías y en las decisiones de la Comisión de autorización de regímenes de ayudas.

El Tribunal de Cuentas Europeo señala a los Gobiernos nacionales que al conceder la ayuda de ‘minimis’, los Estados miembros de¬berían informar a las empresas interesadas sobre este carácter de la ayuda, solicitar información completa a las mismas sobre otras ayudas de estas características percibidas durante los tres años anteriores y comprobar cuidadosamente que no se sobrepase el límite máximo. Otra manera posible de garantizar el cumplimiento del límite es llevar un registro central, pero pocos Estados miembros disponen de uno.

Debido a la complejidad de la noción de ayuda estatal, los Estados miembros tienen dificultades para determinar si una medida reviste esta naturaleza y por tanto debe ser notificada a la Comisión. En algunos casos, resulta pues particularmen¬te difícil determinar si las medidas fiscales constituyen o no ayudas estatales. De ahí que alrededor del 5 % de las notifi¬caciones se realicen únicamente por “razones de seguridad jurídica”.

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