Bruselas prepara directrices y sanciones para evitar el
edición: 2532 , Miércoles, 15 agosto 2018
27/11/2012

Bruselas prepara directrices y sanciones para evitar el falseamiento del mercado energético y que los Estados regulen precios

Javier Ardalán
La Comisión está revisando actualmente las directrices sobre ayudas estatales para garantizar que el control de las ayudas estatales facilite la concesión de ayudas, siempre que estén bien concebidas, sean selectivas y provoquen el mínimo falseamiento posible, y a condición de que no haya otras alternativas mejores disponibles (medidas reglamentarias o instrumentos basados en el mercado). La Comisión anuncia que fomentará, en particular, las soluciones eficientes en costes que promuevan la integración transfronteriza.

En un reciente informe sobre la regulación del sector energético, el Ejecutivo comunitario afirma que los Estados miembros deberían abstenerse de regular los precios del gas y la electricidad pagados por todos los consumidores, incluidos los hogares y las pequeñas y medianas empresas (pyme), sin perjuicio de la obligación de servicio universal y la protección efectiva de los clientes vulnerables. Los proveedores deberían especificar claramente los distintos elementos que componen el coste final para sus clientes, a fin de fomentar la toma de decisiones informadas.

La Comisión seguirá insistiendo en que los Estados miembros incluyan un calendario de eliminación gradual de los precios regulados dentro de sus reformas estructurales, para lo que continuará promoviendo la fijación de precios minoristas de mercado, en su caso a través de procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que sigan regulando los precios de forma contraria a lo establecido en la legislación de la UE.

Propone contribuir activamente al objetivo del G-20 de eliminar todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las ayudas directas e indirectas a los combustibles fósiles que aún subsisten.

De aquí a 2014, anuncia la Comisión que debe implementarse íntegramente la legislación vigente, lo que incluye establecer las normas técnicas esenciales a escala de la UE y proporcionar a los reguladores los instrumentos y recursos necesarios para hacer cumplir eficazmente la normativa.


Señala que es probable que los precios de la energía sigan aumentando en el futuro, debido, entre otras cosas, a la incesante demanda mundial de combustibles, así como a las inversiones necesarias para mantener y modernizar los sistemas energéticos de la UE que están quedando desfasados.

Sin embargo, el mercado interior de la energía puede garantizar que las inversiones se realicen con la mayor eficacia de costes y que la factura antes de impuestos para los hogares y la industria se mantenga bajo control, merced a la presión de la competencia sobre los proveedores. Las estimaciones indican que, en la actualidad, los consumidores de la UE podrían ya ahorrar hasta 13 000 millones de euros al año si optasen por pasarse a la tarifa de electricidad más barata disponible.

Este potencial está por ahora en gran parte desaprovechado, ya que muchos consumidores aún no son totalmente conscientes de las oportunidades que ofrece el mercado o no se hallan todavía en condiciones de aprovecharlas por completo.

Considera el Ejecutivo comunitario que los mercados transfronterizos del gas y la electricidad deben ser operativos en cualquier parte de la UE y la aplicación de planes para completar, modernizar y perfeccionar las redes de la UE debe hallarse en una fase avanzada. Solo en ese momento podrán los consumidores empezar a cosechar verdaderamente los frutos del mercado interior de la energía.

La factura pagada por los consumidores no comprende solamente el componente de energía, por lo que ese efecto sobre los precios resulta menos visible. Los gastos cobrados por las redes de transporte y distribución representan una parte sustancial de la factura total, al igual que los impuestos y gravámenes.  Estos gastos, impuestos y gravámenes no siempre se distribuyen uniformemente entre todos los grupos de clientes, sobrecargando particularmente las facturas de los consumidores particulares.

Todas estas cargas se determinan a nivel de los Estados miembros y dependen de las políticas nacionales. En algunos Estados miembros, los impuestos y gravámenes constituyen cerca del 50 % de la factura energética final10. En la EU-15, los impuestos incluidos en la factura final de los clientes residenciales aumentaron, por término medio, del 22% en 1998 al 28 % en 2010.


En su situación actual, la UE no está en vías de cumplir el plazo fijado. Aparte de la lentitud que demuestran a la hora de adaptar su legislación nacional y crear mercados plenamente competitivos con la implicación de los consumidores, los Estados miembros necesitan también dejar atrás las políticas introspectivas o inspiradas por los intereses nacionales y resistir a sus llamadas.

Instruye, además, con carácter prioritario, procedimientos de infracción contra los Estados miembros que aún no han transpuesto completamente las Directivas del tercer paquete energético o que no lo han hecho de manera correcta. La Comisión tiene previsto presentar actualizaciones periódicas del estado de aplicación de la legislación sobre el mercado interior de la energía en los distintos Estados miembros y de la situación de los procedimientos de infracción.

Los reguladores de la energía y las autoridades de competencia, a nivel nacional y de la UE, deben actuar con determinación para garantizar que todas las empresas presentes en el mercado reciban el mismo trato y que se instauren y mantengan condiciones de plena competencia. La Comisión hará cumplir activamente las normas de competencia.

Avisa Bruselas de que tiene previsto apremiar a las autoridades públicas para que garanticen que las concesiones, por ejemplo, con vistas a instalaciones de generación de energía hidráulica, a instalaciones de almacenamiento o a la explotación de redes de distribución, se adjudiquen respetando rigurosamente los principios del Tratado y la legislación derivada de la UE.

La forma más adecuada de hacerlo consistiría en sacar a concurso dichas concesiones en condiciones no discriminatorias, recurriendo a instrumentos abiertos tales como subastas. La Comisión se propone evaluar la idoneidad de las medidas normativas vigentes para alcanzar este objetivo.

Estima que los Estados miembros deben proporcionar apoyo específico a los consumidores vulnerables con objeto de hacer frente a su vulnerabilidad económica y ayudarles a elegir con conocimiento de causa en unos mercados minoristas cada vez más complejos.

La Comisión anuncia que prestará asistencia a los Estados miembros a la hora de definir qué se entiende por «vulnerabilidad de los consumidores de energía» y cuáles son sus causas, proporcionando asesoramiento y facilitando el intercambio de buenas prácticas. Los Estados miembros deben hacer hincapié en la importancia de mejorar la eficiencia energética al abordar la vulnerabilidad de los consumidores y la pobreza energética.

La Comisión está instituyendo formalmente un Grupo de Coordinación de la Electricidad cuya misión consistirá en facilitar la cooperación en torno a la seguridad del abastecimiento de electricidad, así como en torno a la adecuación de la generación y la estabilidad de las redes transfronterizas.

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