edición: 3101 , Jueves, 3 diciembre 2020
14/03/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas propone que las leyes concursales distingan entre empresarios honestos y deshonestos

Javier Ardalán

Mientras en España se debate la oportunidad y los resultados de la nueva reforma concursal, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento que prevé poner en marcha un mecanismo eficaz que permita una distinción entre los empresarios honestos y deshonestos, en los procesos concursales, ya que en Bruselas consideran que es fundamental para reducir el estigma actual de la quiebra. Con un número creciente de empresas que se enfrentan a dificultades financieras en toda la Comunidad, el Ejecutivo comunitario buscan repensar el actual enfoque de las insolvencias empresariales.

Con estas propuestas, se trata de introducir en la legislación europea medidas de apoyo a la innovación, Si al principio un empresario honesto no tiene éxito, debe ser capaz de volver a intentarlo, las reglas de insolvencia deberían facilitar un nuevo comienzo.

La recomendación adoptada por la Comisión sigue a una consulta pública realizada el año pasado sobre un enfoque europeo de la insolvencia, y una propuesta de revisión de las normas vigentes de la UE sobre las insolvencias transfronterizas, que recientemente recibió la aprobación del Parlamento Europeo.

Esta distinción, según ha revelado el comisario europeo de Empresa e Industria. Antonio Tajani debe servir para ayudar a eliminar la discriminación contra los empresarios concursados no fraudulentos, de modo que se conviertan en elegibles para algún tipo de apoyo existente en el mercado disponible para iniciar un nuevo negocio.

La Comisión Europea ha presentado una serie de principios comunes para los procedimientos nacionales de insolvencia de las empresas en dificultades financieras, que pretende cambiar la actual tendencia de ir a la liquidación hacia el fomento de la reestructuración de las empresas viables en una etapa temprana que permita evitar la insolvencia.

Quiere dar a las empresas viables la oportunidad de reestructurarse y mantenerse en el negocio, puesto que alrededor de 200.000 empresas de la UE se enfrentan cada año a la insolvencia y 1,7 millones de personas pierden sus puestos de trabajo cada año como consecuencia de estas situaciones.

Por ello, puso en marcha una consulta pública sobre un enfoque europeo de la quiebra de empresas y la insolvencia en julio de 2013, en busca de puntos de vista sobre temas clave como el tiempo necesario para cumplir con una deuda, las condiciones para la apertura de un procedimiento, las reglas para los planes de reestructuración y las medidas necesarias para las pymes.

Reformar las normas nacionales de insolvencia crearía según el ejecutivo comunitario una situación que ayudaría a mantener la actividad y salvaguardar puestos de trabajo de las empresas y al mismo tiempo mejorará las perspectivas para los acreedores, que serán capaces de recuperar una mayor proporción de su inversión que si el deudor hubiera quebrado. Tras la quiebra, los empresarios honestos deben recibir rápidamente una segunda oportunidad porque la evidencia muestra que tienen más éxito la segunda vez.

La Recomendación de la Comisión ayudará a proporcionar un marco coherente de las normas nacionales de insolvencia, pidiendo a los Estados miembros que faciliten la reestructuración de empresas en dificultades financieras en una etapa temprana, antes de iniciar el procedimiento formal de insolvencia, y sin procedimientos largos o costosos para ayudar a limitar el recurso a la liquidación.

Además, les demanda que permitan a los deudores para reestructurar su negocio sin necesidad de abrir un procedimiento judicial formal; que den a empresas en dificultades financieras la posibilidad de solicitar una suspensión temporal de un máximo de 4 meses (renovable hasta un máximo de 12 meses) para adoptar un plan de reestructuración antes de que los acreedores pueden iniciar procedimientos de ejecución en contra de ellas; y facilitar el proceso de adopción de un plan de reestructuración, teniendo en cuenta los intereses de los deudores y los acreedores, con el fin de aumentar las posibilidades de rescate de empresas viables. Les exige reducir los efectos negativos de una quiebra en las futuras posibilidades de los empresarios para comenzar un negocio, en particular mediante la rehabilitación de sus deudas en un plazo máximo de tres años.

Finalmente, la Recomendación pide a los Estados miembros poner en práctica medidas apropiadas en el plazo de un año, y año y medio después la Comisión evaluará el estado de la situación, basándose en los informes anuales de los Estados miembros para evaluar si se necesitan más medidas para fortalecer el enfoque horizontal en la insolvencia.

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