edición: 2471 , Martes, 22 mayo 2018
26/11/2012

Bruselas rechaza cambiar las cotizaciones a la Seguridad Social por un Impuesto al consumo

Xavier Gil Pecharromán
El comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor ha descartado esta semana que la Comisión Europea se plantee que en futuro la financiación de las pensiones pueda realizarse a través de un impuesto directamente pagado por los consumidores como solución a los cambios en la demografía de las sociedades europeas que se está produciendo en las últimas décadas.

El sistema de pensiones en el futuro afrontará mayores exigencias con la jubilación de generaciones más numerosas, cuya esperanza de vida y cuantía media de la prestación están, afortunadamente, aumentando.

Así, se descarta internalizar los costes de la Seguridad Social en el precio de los productos al consumidor sustituyendo completamente o en parte, la contribución directa de las empresas a la Seguridad Social para cada uno de sus trabajadores. El importe recaudado por este impuesto social podría estar destinado directamente hacia el pago de las pensiones de la Seguridad Social. Esta propuesta, sólo podría ser aplicable para el comercio interior y muchos analistas creen que podría facilitar la reducción del gran número de sistemas paralelos existentes actualmente respecto la jubilación y el cobro de las pensiones.

La Comisión Europea considera que la introducción de un impuesto al consumo impediría vincular los periodos de cotización individuales a la acumulación de derechos. Por el contrario, el comisario europeo de Empleo recuerda que en muchas reformas recientes de los sistemas de pensiones, dicho vínculo se ha reforzado a fin de ofrecer incentivos al empleo y pagar las cotizaciones.

Además, entiende que es preciso tener también en cuenta que la subida de los impuestos al consumo tendría consecuencias distributivas regresivas, ya que las personas con ingresos bajos tienden a consumir una proporción más alta de sus ingresos y tendrían que pagar, por tanto, una parte más elevada de sus ingresos en impuestos.

No es muy difícil que mirando las estadísticas, se pueda llegar a la conclusión de que vincular aportaciones a la Seguridad Social y las prestaciones correspondientes disminuye el fraude. En cambio, reducir la relación lo aumenta, puesto que si no se abonan los impuestos al consumo no supone para el contribuyente recibir  peores servicios públicos, pero si el contribuyente lo hace con menores cotizaciones perjudicará su futura pensión.

Las prácticas actuales de recaudar la mayor parte de los fondos de protección social de los empresarios y los trabajadores se considera un problema, ya que tiende a incidir negativamente en la demanda y la oferta de empleo. La sostenibilidad del trabajo como fuente de financiación también se ha puesto en duda, habida cuenta de que en los próximos tres decenios se prevé una disminución de la población en edad de trabajar.

En el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento y las recomendaciones específicas para cada país de 2011 y 2012, la Comisión subrayó la necesidad de desplazar la fiscalidad del trabajo hacia una imposición menos perjudicial para el empleo. Esto se debe principalmente a la previsión de que la demanda de empleo aumentará si se reduce la denominada cuña fiscal, que incluye las cotizaciones patronales a la seguridad social, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones de los trabajadores.

Sin embargo, Andor considera que la financiación de las pensiones debe examinarse en relación con el hecho de que, en la mayoría de los países, las pensiones están vinculadas a los periodos de cotización y los ingresos pasados, y se consideran salarios diferidos.

En Bruselas están convencidos de que los impuestos, y en particular el IVA, se han comportado por lo general peor que las cotizaciones, tanto en las fases alcistas como en las recesivas. Ese es esencialmente el problema de la financiación de la sanidad, ya que en la actualidad el gasto crece mientras los ingresos bajan a un ritmo muy acelerado.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que en el caso español, a la complejidad técnica de cambiar cuotas sociales por impuestos compartidos entre el Estado y las comunidades autónomas, es preciso considerar que el IVA es gestionado por las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra. Si se adoptase la medida de introducir un impuesto sobre el consumo rompería la caja única de la Seguridad Social.

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