edición: 2762 , Miércoles, 17 julio 2019
24/03/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas plantea regular el intercambio automático acuerdos previos sobre precios vinculados

Javier Ardalán
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva para garantizar que la información sobre las resoluciones previas transfronterizas y los acuerdos previos de valoración de precios se intercambie de forma automática entre los Estados miembros cuando se cumplan las condiciones establecidas en la propia Directiva. La propuesta ha sido concebida específicamente para permitir que el intercambio automático de información sobre las resoluciones se base en las normas existentes de la Directiva 2011/16/UE
Esta Directiva esrelativa a las disposiciones prácticas para el intercambio de información, incluida la utilización de formularios normalizados. También está en consonancia con la evolución internacional a nivel de la OCDE y sus trabajos sobre el proyecto para combatir la erosión de las bases imponibles y la deslocalización (BEPS).

La autoridad competente de un Estado miembro que emita o modifique una resolución previa transfronteriza o un acuerdo previo de valoración de precios después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva deberá comunicar, mediante intercambio automático, la información correspondiente a las autoridades competentes de todos los demás Estados miembros, así como a la Comisión Europea.

En estos casos, el intercambio se efectuará en el plazo de un mes a partir del final del trimestre durante el cual las resoluciones previas transfronterizas y los acuerdos previos de valoración de precios hayan sido emitidos o modificados. Además, no se aplicará el intercambio en caso de que la resolución previa transfronteriza se refiera y ataña exclusivamente a la situación fiscal de una o más personas físicas.

La Administración tributaria de un Estado miembro también deberá comunicar a las autoridades competentes de todos los demás Estados miembros, así como a la Comisión Europea, información sobre las resoluciones previas transfronterizas y los acuerdos previos de valoración de precios emitidos en los diez años anteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva y que sigan siendo válidos en esa fecha. Este intercambio se realizará antes del 31 de diciembre de 2016.

La información que deberá ser comunicada deberá contener la identificación del sujeto pasivo y, en su caso, el grupo de empresas al que pertenece. Y, además, el contenido de la resolución previa transfronteriza o del acuerdo previo de valoración de precios, incluida una descripción de las actividades empresariales o las transacciones o la serie de transacciones pertinentes.

La propuesta de Directiva obliga también a incluir la descripción del conjunto de criterios utilizados para determinar la valoración de los precios de transferencia o el propio precio de transferencia en el caso de un acuerdo previo de valoración de precios; y la lista de los demás Estados miembros que pudieran verse afectados de forma directa o indirecta por la resolución previa transfronteriza o el acuerdo previo de valoración de precios.

Finalmente, deberá constar la identificación de cualquier persona, que no sea una persona física, en los otros Estados miembros que pueda verse directa o indirectamente afectada por la resolución previa transfronteriza o el acuerdo previo de valoración de precios (indicando con qué Estado miembro están vinculadas las personas afectadas).

Los Estados miembros podrán solicitar información adicional, en particular el texto íntegro de una resolución previa transfronteriza o un acuerdo previo de valoración de precios, al Estado miembro que lo haya emitido.

Antes del 1 de octubre de 2017, los Estados miembros tendrán que facilitar a la Comisión, y se hará con carácter anual a partir de entonces, las estadísticas sobre el volumen de intercambios automáticos y la información sobre los costes y beneficios administrativos o de otro tipo relativos a los intercambios que hayan tenido lugar y los posibles cambios tanto para las administraciones fiscales como para terceros.

Los asesores fiscales han mostrado su preocupación sobre la confidencialidad de los datos, por lo que la Comisión Europea procede modificar las disposiciones vigentes sobre confidencialidad a fin de reflejar la ampliación del intercambio automático y obligatorio de información a las resoluciones previas transfronterizas y los acuerdos previos de valoración de precios vinculados.

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