edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
16/11/2016

Bruselas sopesa la pesada factura que deberá pagar Londres para salir de la UE

Las cifras surgen de una base de cálculo amplia que sólo podría atenuarse con un periodo transitorio
Carlos Schwartz
Funcionarios próximos al negociador de la Unión Europea para la salida de Reino Unido, Michel Barnier, sugieren que la factura que están considerando será más pesada de lo que el Gobierno británico y las estimaciones privadas consideraban como probable. Si se aplica la base amplia de cálculo en la que ha clavado la mirada Bruselas el coste de la operación para Londres puede rondar entre los 40.000 y los 60.000 millones de euros. La cuenta incluiría las compromisos presupuestarios no desembolsados, contingencias de pensiones de funcionarios, avales sobre créditos y el gasto hecho en programas desarrollados en el Reino Unido. Este criterio supera las previsiones más restrictivas. Desde un punto de vista de la estrategia de la negociación además Barnier ha endurecido sus posiciones y exigirá que el primer paso de las tratativas sean las condiciones de la separación.
Londres aun no ha activado el Artículo 50 de la UE de separación de países miembros que establece un periodo de transición de dos años. “Nadie en sus cabales considera posible que las negociaciones para la separación se puedan completar en ese plazo, porque se debe llegar a un acuerdo también sobre las relaciones comerciales con el grupo de países que forman la UE”, afirma una fuente diplomática en Bruselas. Bruselas, es decir la Comisión Europea, considera que antes de negociar cualquier tratado comercial entre Reino Unido y la UE es necesario dejar zanjada la separación. No está claro sin embargo cuál es el punto de vista del Consejo Europeo, es decir el de los jefes de estado.

Reino Unido aspiraba a negociar los términos de su futura relación comercial con la UE, algo por lo que abogan los empresarios del país cuya máxima preocupación está centrada en las consecuencias comerciales de la separación, en definitiva cuál será el trato que recibirán los bienes y servicios británicos a la hora de traspasar las fronteras de la unión. La posición de Barnier es frenar en seco cualquier avance en ese sentido y dejarlo condicionado a un acuerdo sobre la factura de la separación.

Las filtraciones, interesadas sin duda, de la UE apuntan a que la concesión estaría del lado de los plazos. Es decir que si se llega a un acuerdo sobre el precio de la operación salida habría magnanimidad en cuanto a la extensión de periodo transitorio durante el cual se iría madurando el futuro acuerdo comercial. Es decir que en ese aspecto se actuaría sin precipitación. Este escenario también tiene su trampa ya que asume que Londres quedaría atado a compromisos presupuestarios que van bastante más allá de 2019.

Si Londres activa formalmente el Artículo 50 en marzo de 2017 tal como ha sugerido la primera ministro Theresa May el proceso quedaría lanzado con un horizonte de dos años, un plazo que no satisface a los empresarios británicos. La actitud amistosa de May, y se supone que de su gabinete, hacia el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, indica claramente que los británicos miran una vez más al otro lado del Atlántico en búsqueda de un tratado comercial preferente que los ampare en este trance y sustituya al menos en parte la pérdida que puede suponer la salida de la UE. Claro que esta actitud va a inflamar a los miembros del consejo europeo y puede hacer las cosas más difíciles a los británicos.

La dureza de Barnier no está exenta de riesgos porque hay un punto en el cual el Gobierno británico tiene que hacer frente al parlamento y este puede decidir que la cuenta es demasiado grande para lo que se ha recibido y abandonar el barco dejando la puerta abierta a la acción de la justicia europea. La gran cuestión mientras es un acuerdo para un periodo transitorio, y Bruselas, consciente de que esta es una demanda firme de los empresarios al Gobierno de May, ha lanzado la versión de que ese periodo transitorio sólo sería posible si Londres acepta el libre movimiento de las personas a través de sus fronteras, la normativa de la UE y el sistema europeo de justicia.

May viene de afirmar en la conferencia de su partido, el Conservador, que no se va a optar por la salida para renunciar al día siguiente al control de la inmigración y para regresar a la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia. No es fácil saber hasta que punto ambas partes se han empeñado en mostrar más firmeza de la que están realmente dispuestas a emplear a la hora de la negociación real.
Barnier ya ha hecho una gira por una docena de países para explicar su postura en este diferendo, y hasta ahora lo que ha trascendido es que mantiene su perfil duro en materia de condiciones a exigir a Londres.

Esta semana el político tiene previsto reunirse con asesores del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y mantendrá reuniones bilaterales con representantes de las restantes naciones con las que no mantuvo aun contacto. Entre las materias en disputa están desde luego el lugar de Irlanda del Norte y de Gibraltar respecto de la UE. No cabe la menor duda que en el fondo del fenómeno Brexit como en el de la elección de Trump en Estados Unidos hay una dosis de fracaso del “establishment”.

La situación política de Estados Unidos estaba en un grado mucho más álgido de “desafección ciudadana” del que los politólogos locales e internacionales estimaron. Es probable además que una parte de los electores no hayan votado a Trump sino que hayan rechazado al lobby financiero, industrial y petrolero encaramado sobre la espalda de Hillary Clinton. La cuestión es no aplicar el erróneo criterio de que los británicos “ya pagarán por lo que han hecho y cuanto más se los ponga de rodillas más van a arrepentirse de haber votado por la salida”.

Europa tiene una cierta tradición de pensar en esos términos y esa operación subjetiva puede tener un desenlace material complejo, y quizá caro.

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