edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
02/11/2009
La batalla de la fibra óptica

Bruselas suaviza la confrontación con las operadoras

A.Z.

Con la vista puesta en su modelo de “competencia efectiva”, Vivianne Reding ha comenzado a digerir las recomendaciones de la consulta sobre las Redes de Próxima Generación (NGN) que permiten una velocidad de descarga de más de 80 megas por segundo que cerró el 24 de julio, en particular la fibra. La ‘tercera vía’ de la regulación de las redes ultrarrápidas que acaba de comenzar a mostrar sus líneas maestras al sector -inversiones públicas pero sólo en zonas no competitivas- promete suavizar la confrontación de Bruselas con las operadoras de telecomunicaciones de los Veintisiete, pero sólo devuelve la rebelión al armario de la espera: no se consumará antes de 2011. No será hasta finales de año cuando la Comisión tenga que presentar su recomendación, ni hasta al menos dentro de un año cuando entre en vigor un marco regulatorio común que sólo servirá de guía a los reguladores nacionales.

Pero la Comisaria europea de Sociedad de la Información le bebe los vientos al regulador sueco, que con la separación funcional de la red del ex monopolio obliga a Telia Sonera a dar acceso a todos sus rivales a la red de fibra que vaya desplegando. Y no se resiste a repartir los riesgos de inversión entre las empresas que pongan el dinero para desplegar las redes y las compañías que buscan acceso.

Bruselas le tiende al sector la alfombra roja de la regulación de la banda ancha, al menos lo justo para sellar la estabilidad regulatoria que esperan las inversiones.  Pero las grandes telecos pensarán dos veces con qué velocidad se suben a las nuevas redes ultrarrápidas en un escenario en el que coexisten operadores de telecomunicaciones bajo el paraguas del Estado -France Telecom, Deutsche Telekom o TeliaSonera-  con operadores totalmente privados como Telefónica, Vodafone o Telecom Italia. Si la regulación de redes de nueva generación y el damero de las ayudas públicas y la inversión privada siguen dejando al sector a años luz de las redes americanas o asiáticas, las operadoras le darán la espalda de su repudio, ya han comenzado a hacerlo con 6.000 millones menos de inversión en el último lustro y una merma en sus ingresos de más de 70.000 millones que llevan el apellido de la política de precios de Reding.

En los casos donde no haya ninguna red de fibra, la Comisión Europea autorizará siempre que las Administraciones Públicas concedan subvenciones a los operadores. Si sólo hay una red, el regulador europeo estudiará el caso en función de la oferta que exista. El problema son las ‘zonas grises’, donde ya existen redes, normalmente del operador histórico, pero en las que la UE podría permitir ayudas públicas, aunque supondrá un freno a la inversión privada: nadie asumiría el riesgo de que, realizado el despliegue, deba competir con otra red construida con ayuda pública.  datos facilitados por la CE, en la UE hay 229 millones de líneas de cobre frente a algo más de un millón de conexiones de fibra óptica, pero los analistas prevén un crecimiento de la inversión de 20.000 millones de euros en redes de próxima generación de aquí a 2011. Pero es la propia CMT la que en España le marca los muros al optimismo de Bruselas: si sus previsiones se consuman, en 2023 sólo tendrán fibra el 45% de los hogares españoles.

Hoy ya hay países europeos con más del 15% del territorio cubierto. ETNO propone que las autoridades contribuyan al desarrollo de la banda ancha rebajando el coste de las obras públicas, o que fomenten su uso entre los ciudadanos y las empresas por medio de incentivos fiscales o de servicios públicos "ampliamente accesibles en línea".

No sólo es –la CMT dixit- que la normativa europea de telecomunicaciones corre el riesgo de contradecir las normas nacionales; es que las nuevas directivas comunitarias y el mapa que Reding diseña para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes generan en el sector más "incertidumbre regulatoria" que "seguridad jurídica". Pueden suponer análisis geográficos de mercados y una imposición de obligaciones distintos de los resueltos por las Autoridades Nacionales de Reglamentación. Chocan “frontalmente” con el marco normativo europeo de las comunicaciones electrónicas al sugerir análisis distintos de los resueltos por las autoridades de cada país.

Y, entre tanto, amenazan con dejar a las telecos europeas en el limbo de las dudas y las amenazas. Lo ha hecho ya Reding con la banda ancha inglesa: no quiere que nadie mueva ficha hasta que no llegue el ‘todos a una’ entre los Veintisiete y le para ya los caballos al Reino Unido de sus planes para establecer una infraestructura de banda ancha a través de todo el país en tres años.

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