edición: 2850 , Miércoles, 20 noviembre 2019
05/03/2019
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas advierte de que vincular las pensiones a la inflación llevaría a un aumento significativo del gasto

Javier Ardalán
La Comisión Europea considera que vincular las pensiones al IPC en lugar de al índice de revalorización de las pensiones en 2018 y 2019 podría dar lugar a un aumento acumulado del gasto en pensiones del 0,2% del PIB hasta 2019, en comparación con el escenario previsto
En el informe sobre España 2019, correspondiente al primer semestre europeo, Bruselas estima que la vinculación permanente y plena de las pensiones a la inflación que se está debatiendo en la actualidad llevaría a un aumento significativo del gasto en pensiones a largo plazo, a menos que se adopten medidas compensatorias. En septiembre de 2018, la comisión parlamentaria encargada de las cuestiones relativas a las pensiones, la denominada ‘Comisión del Pacto de Toledo’ por un amplio apoyo político, no es vinculante.

El reciente Real Decreto-Ley exige que la indexación de las pensiones se aplique de forma que se garantice la sostenibilidad social y financiera del sistema. Según las previsiones preliminares de los servicios de la Comisión, una nueva vinculación directa al IPC en vez de al índice de revalorización de las pensiones implicaría que, en 2050, el gasto en pensiones sería superior en aproximadamente un 4% del PIB a lo previsto en la actualidad. 

Esta previsión se aproxima a las realizadas por otras instituciones, como el Banco de España, el FMI y el grupo de reflexión FEDEA (2018). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el efecto será inferior (2% del PIB), basándose en diferentes hipótesis.

La aprobación del presupuesto de 2018 implicó una desviación de dos elementos clave de la reforma de las pensiones de 2013. Consisten, en primer lugar, en una suspensión temporal del mecanismo de revalorización anual en 2018 y 2019 y, en segundo lugar, en un aplazamiento de 2019 a 2023 de la entrada en vigor del denominado 'factor de sostenibilidad', mecanismo por el cual el nivel inicial de las pensiones se ajusta a los cambios en la esperanza de vida. 

En cuanto al primer elemento, la Ley de Presupuestos de 2018 contenía una revalorización de las pensiones del 1,6% en 2018 (frente al 0,25% que determina el índice de revalorización de las pensiones). Además, el Gobierno acordó aumentar la pensión mínima en un 3% en 2018 y elevar las pensiones de supervivencia tanto en 2018 como en 2019.

Esto último ya estaba previsto en la reforma de las pensiones de 2011, pero se había suspendido durante los años de crisis. El proyecto de plan presupuestario para 2019 presentado en octubre de 2018 también anunció una nueva subida respecto de las pensiones de 2018 a fin de compensar la inflación, que se espera que haya superado el 1,6% en 2018. 

También prevé una nueva subida de las pensiones mínimas del 3% en 2019 y confirma la intención de aumentar las pensiones en 2019 en la misma medida que el índice de precios al consumo (IPC). Todas estas medidas se incorporaron a las previsiones del otoño de 2018 de la Comisión. A fin de garantizar su entrada en vigor el 1 de enero de 2019, a falta de aprobación de la ley de presupuestos para 2019, estos cambios se llevaron a efecto mediante un Real Decreto-ley adoptado por el Gobierno en diciembre de 2018.

Teniendo en cuenta todas estas medidas legislativas a corto plazo, el gasto total en pensiones sería considerablemente más elevado en comparación con el previsto en el escenario de referencia del Informe sobre el envejecimiento de 2018, que refleja la situación anterior a la revocación de la reforma. 

La sensibilidad de las previsiones en materia de pensiones a los cambios en las hipótesis relativas a la migración neta es bastante limitada. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado recientemente sus previsiones demográficas, y la AIReF ha publicado por primera vez un conjunto de previsiones demográficas. 

Ambas instituciones prevén entradas netas de flujos migratorios superiores a las incluidas en el Informe sobre el envejecimiento de 2018 de la Comisión. Para evaluar la incidencia de las hipótesis demográficas sobre las previsiones en materia de pensiones, el Informe sobre el envejecimiento de 2018 incluye un escenario de sensibilidad de alta migración. 

Parte de que, a lo largo del período de previsión, los flujos migratorios netos son un 33% más elevados que en el escenario de referencia. Si bien se espera que este escenario dé lugar a una reducción del peso del gasto en pensiones de aproximadamente un 0,5% del PIB hasta 2050, al aumentar el empleo más rápidamente, en 2070 esta reducción debería haberse reducido al 0,2% del PIB, ya que los migrantes empezarían a cobrar una pensión una vez finalizada su carrera profesional.

Por lo que se refiere a la adecuación, la tasa de sustitución teórica neta actual de las pensiones públicas españolas (medida mediante la relación entre la primera pensión de jubilación y el último salario antes de la jubilación, partiendo de la hipótesis de que la carrera profesional ha durado 40 años, con ingresos medios y jubilación a los 65 años) se encuentra entre las más elevadas de la UE (96,8%). 

En 2017, las personas de 65 años o más estaban expuestas a un riesgo de pobreza mucho menor que otros grupos de edad, especialmente los niños (14,8% frente al 28,3%). Según el Informe sobre la adecuación de las pensiones de 2018, se prevé que la tasa de sustitución teórica en España disminuirá a largo plazo (86,5% en 2056), pero que se mantendrá por encima de la media de la UE, también en un escenario en el que se deje intacta la reforma de 2013. La adecuación y la sostenibilidad de las futuras pensiones mejoraría si se lograse avanzar aún más en la consecución de carreras laborales más prolongadas y completas.

Recientemente, las autoridades españolas han adoptado una nueva medida en el ámbito de la asistencia sanitaria. En julio de 2018, el Gobierno español adoptó un Real Decreto-ley por el que se amplía la cobertura de la asistencia sanitaria a los inmigrantes indocumentados e irregulares Este Decreto-ley fue convalidado por el Parlamento en septiembre de 2018, estableciendo un derecho legal a la asistencia sanitaria.

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