edición: 3006 , Jueves, 9 julio 2020
23/02/2020

Bruselas impone una multa de 6,7 millones a Meliá por discriminar a clientes

ICNR
La Comisión Europea considera que el grupo hotelero español beneficiaba a ciertos clientes dependiendo de su lugar de residencia.
El Ejecutivo europeo acaba de imponer una multa de 6.678.000 euros al grupo hotelero español Meliá por operar con cláusulas que discriminaban la oferta hotelera entre sus clientes dependiendo del lugar de residencia, lo que infringe la normativa europea de competencia y de apertura del mercado interior.

Según Bruselas, "la investigación de la Comisión mostró que Meliá había suscrito contratos con operadores turísticos que limitaban las ventas activas y pasivas de alojamientos hoteleros". La infracción por la que se impone esta sanción se prolongó durante los años 2014 y 2015 y comenzó a investigarse en el 2017.

Meliá Hotels International anunció que "asume de conformidad" la resolución de la investigación en materia de competencia de la Comisión Europea, que ha impuesto a la cadena una multa de 6.678.000 euros. "Como compañía responsable y comprometida con la transparencia, el cumplimiento y el buen gobierno, estamos seguros de que esta sanción incentiva nuestro compromiso y el de todo el sector, con el cumplimiento normativo dentro del entorno europeo", ha señalado Meliá Hotels International mediante un comunicado.

Para Bruselas, las prácticas de Meliá impidieron que los consumidores pudieran acceder "a una gama más amplia de elección y a unas mejores condiciones en sus compras". El grupo hotelero logró una reducción del 30% del monto de la sanción por cooperar con la Comisión "en términos que exceden de su obligación legal de hacerlo", ya que reconoció expresamente los hechos e infracciones que había cometido y facilitó pruebas a la Comisión.

La vicepresidenta ejecutiva de la CE Margrethe Vestager, que ostenta también la cartera de Competencia, señaló que Meliá "impidió a los operadores turísticos ofrecer libremente alojamientos hoteleros en todos los lugares de Europa". "Los consumidores accedieron a ofertas distintas y precios distintos en función de su nacionalidad. Esta práctica es ilegal con arreglo a las normas de defensa de la competencia. Los consumidores deben tener la posibilidad de hacer un uso pleno del mercado único y de acceder a las mejores ofertas", añadió.

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