edición: 3097 , Viernes, 27 noviembre 2020
20/10/2020

Bruselas publica las previsiones 2020-2021 de la Eurozona con un déficit global cercano a un billón

Las previsiones del Gobierno español superan en un punto en materia de déficit a las de la Comisión
Carlos Schwartz
La Comisión Europea (CE) ha publicado las previsiones económicas de los 19 países de la eurozona cuyas proyecciones de déficit globales se quedan cerca del billón de euros con un incremento histórico, consecuencia de las medidas para atajar los efectos económicos de la crisis global profundizada por el estallido de la pandemia de la Covid-19. EL documento enviado por el Gobierno español establece un déficit de las administraciones públicas para 2020 del 11,3% del producto interior bruto (PIB) comparado con las previsiones de la CE que los estima en el 10,1%. Para el año próximo las estimaciones oficiales transmitidas a Bruselas son de un déficit del 7,6% del PIB mientras que Bruselas lo ha cifrado en el 6,7%. Es interesante el documento en la medida que centra la diana de los ingresos fiscales en “los impuestos corrientes sobre la renta y la riqueza” señalando que presentan un mejor comportamiento que los impuestos sobre la producción y las importaciones, la estimación del Gobierno es que ascenderán a 124.619 millones de euros frente a los 129.157 millones de euros de 2019, con una tasa de variación esperada de sólo el -3,51%.
Una vez más se demuestra que en España “La recaudación por los Impuestos sobre la renta de los hogares” es la base de los ingresos tributarios del país. “Se estima que alcanzarán los 102.264 millones de euros, lo que implica una caída esperada de solo un 1,10% explicada en gran medida por la buena marcha de las retenciones del trabajo que muestran una persistente estabilidad respecto a 2019, por el dinamismo de las retenciones sobre salarios y pensiones públicas, los mayores ingresos en la cuota positiva del ejercicio 2019 y la práctica ausencia de devoluciones por prestación de maternidad. La resistencia a la baja de las retenciones sobre salarios privados se ha visto intensificada además por la extensión de los ERTES”, remacha el documento. 

En materia de pensiones se vuelve a recitar lo que ha dictado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien es una persona de confianza de la ministra de Economía Nadia Calviño. El Gobierno piensa descargar de la Seguridad Social los gastos considerados impropios para depurar la cuenta y determinar a ciencia cierta cuál es el peso real de las pensiones. Este es un cálculo que se puede hacer sin depurar nada. Basta con alimentar una hoja de cálculo para saber cuál es el exceso de gasto impropio al que hace frente ese departamento de la Administración del Estado, y éste además lo ha detallado varias veces, incluso en el documento de marras. Sin embargo, la manera de formularlo indica que lo que está en el aire es una batalla con otras carteras cuyo presupuesto se ve aliviado por el cajón de sastre en que se ha convertido a la Seguridad Social. Es de prever que en este sentido haya una lucha de fieras.

Lo que sí establece el documento es que en 2021 las pensiones se van a ajustar por el incremento del IPC. Por cierto no hay indicios de que salgamos de la semi deflación que asfixia a las economías europeas, con lo cual el ajuste al alza será poco significativo y eso le ahorrará al Gobierno cierta presión. El recetario sigue con la prolongación de la edad de jubilación, pero advierte que “En septiembre 2020 se han producido comparecencias en el Congreso”, y vale la pena recordar que en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción se deslizó el voto en favor del sistema de capitalización en el sector de las pensiones. Asunto espinoso que se mantiene en debate. ”Asimismo, el asunto se ha examinado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión del 18 de septiembre. Las conclusiones del Pacto de Toledo se esperan en el muy corto plazo”, añade la comunicación a Bruselas. Esperemos que efectivamente las conclusiones estén en el corto plazo. Es de señalar que el déficit público de España en proporción al PIB es el más alto de la eurozona, seguido por el de Italia y Bélgica, por ese orden.

El déficit agregado de las 19 naciones de la zona del euro que es de 976.000 millones de euros supone el 8,9% del PIB de la zona este año según cálculos estimados a mano alzada. Esto indica que los déficit de este año serán 10 veces más grandes que los registrados el año pasado y se mantendrán altos en 2021, cuando la actividad “rebote”, lo que indica la profunda desconfianza en ese rebote de un lado y del otro la necesidad de asistir al estrés de las unidades productivas, es decir el mundo corporativo que seguirá sometido a fuertes presiones por la crisis. Una cosa es que la actividad económica rebote, otra que a partir de la profunda retracción que se ha sufrido a lo largo de este año se recuperen los niveles de producción pre crisis. 

Las previsiones agregadas para 2021 son de un déficit de 700.000 millones de euros lo que representa un 6% del PIB de la eurozona. El anterior máximo en el déficit acumulado de la zona del euro se registró en 2010 a consecuencia del efecto de la crisis de 2008 que de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central Europeo (BCE) fue del 6,6% del PIB de la región. La acumulación de este déficit trastornó a los mercados y estuvo en la base de la crisis de deuda soberana en Europa. Esta vez la política de mano abierta del BCE, de momento, ha frenado una evolución negativa en los costes de la financiación de las naciones de la periferia europea a diferencia de la situación anterior que afectó en particular a Grecia, Portugal, Italia y España. Todos estos países tienen costes de emisión muy bajos en la actualidad, del orden de mínimos históricos. 

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró el domingo que las medidas excepcionales del banco emisor deberán mantenerse durante el tiempo que sea necesario para evitar tensiones en el sector laboral y la quiebra de empresas viables. Este es un punto de vista que de momento comparten el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que ha supuesto una colosal transferencia de recursos al sector empresarial a escala global. La presión de la crisis sobre las finanzas públicas llevó a un acuerdo en la UE en julio para un fondo de recuperación económica de 750.000 millones de euro, parte en subsidios y parte en créditos. Pero la efectividad de este fondo está cuestionado de momento por las divergencias que no se han podido superar en las negociaciones entre la presidencia alemana de la CE y el Parlamento Europeo, lo que ha desatado temores de que la financiación se retrase.

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