edición: 2618 , Martes, 18 diciembre 2018
26/04/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Bruselas regula las fusiones, escisiones y cambios de sede transfronterizas de las empresas en línea

Xavier Gil Pecharromán
La Comisión Europea ha  publicado dos propuestas de directiva  a través de las que será  posible crear una compañía completamente en línea, incluso a través de las fronteras, y mover, fusionar o dividir una empresa en varios países dentro de la UE, sin incurrir en cargas y costos innecesarios, siempre que la operación no sea artificial o abusiva y que los intereses de las partes interesadas -empleados, accionistas, acreedores- estén protegidos.
Estos proyectos de ley versan sobre la adaptación del derecho de la empresa a la era digital  y sobre la movilidad transfronteriza de las empresas, respectivamente. 

Según las estimaciones de la Comisión, el ahorro de costes para las empresas se cifraría entre 12 000 y 19 000 euros por operación y entre 176 y 280 millones de euros durante un período de cinco años.

En el mercado único, basado en el principio de libre establecimiento, las empresas deben poder fusionar, dividir o transferir su sede registrada de un Estado miembro a otro (‘conversión’) sin tener que pasar por la liquidación y perder su personalidad jurídica, tal como se reconoce por el Tribunal de Justicia en su sentencia ‘Polbud’ de octubre de 2017.

Si bien la gran mayoría de las empresas se mueven por razones genuinas, existe el riesgo de que las conversiones y divisiones transfronterizas se utilicen indebidamente para establecer estructuras ficticias con fines abusivos, como evitar impuestos o socavar los derechos de los trabajadores. Las propuestas contienen fuertes salvaguardas para evitar que este riesgo se materialice en el futuro. 

Un elemento crucial de los procedimientos de conversión y división es, por lo tanto, que el Estado miembro de salida de la empresa deberá prohibir operaciones que constituyan un acuerdo artificial destinado a obtener ventajas fiscales indebidas o socavar los derechos legales o contractuales de los empleados, acreedores o accionistas. 

En las medianas y grandes empresas, donde este análisis puede ser más complejo, un experto independiente intervendrá para proporcionar los elementos de hecho para la evaluación por parte de la autoridad del Estado miembro de partida. 

El informe pericial deberá tener en cuenta lo siguiente: las características del establecimiento en el Estado miembro de destino, incluida la intención, el sector, la inversión, el volumen de negocios neto y la ganancia o pérdida, el número de empleados, la composición del saldo hoja, la residencia fiscal, los activos y su ubicación, el lugar habitual de trabajo de los empleados y de grupos específicos de empleados, el lugar donde se deben pagar las contribuciones sociales y los riesgos comerciales asumidos por la empresa convertida en el Estado miembro de destino y el Estado miembro de salida.

La propuesta refuerza los derechos de los empleados al promover una mayor información, consulta y derechos de participación. Cada empresa que lleve a cabo una operación transfronteriza debe proporcionar a los empleados un informe que aborde las implicaciones y el impacto que esta operación puede tener sobre ellos. 

Los empleados tendrán el derecho de expresar su opinión, que debe tenerse en cuenta durante la junta general. Específicamente para las conversiones y divisiones transfronterizas, los empleados también serán invitados a enviar sus puntos de vista sobre los términos del borrador de la operación propuesta y, cuando corresponda, de un experto independiente. A su vez, la autoridad del Estado miembro de partida tendrá en cuenta sus opiniones al decidir emitir el certificado de preconversión.

En principio, la empresa deberá seguir las normas del Estado miembro de destino. Sin embargo, si la legislación nacional no prevé el mismo nivel de participación de los empleados (en los órganos de gestión u supervisión de la empresa) que la legislación del Estado miembro de salida, la empresa deberá entablar negociaciones con los empleados para determinar las modalidades de participación. 

Las negociaciones serán obligatorias y tendrán que resultar ya sea en un acuerdo personalizado que regule la participación de los empleados o, en caso de que no se llegue a un acuerdo en 4 meses, las normas estándar de participación de los empleados establecidas en la Directiva 2001/86 / CE se aplicará Estas reglas estándar se refieren, en principio, a la situación anterior a una determinada operación transfronteriza, que tendría que ser replicada en la empresa como resultado de esa operación. En caso de reestructuraciones posteriores, la compañía deberá preservar el régimen de participación de los empleados introducidos al menos durante tres años. 

El procedimiento para una fusión transfronteriza se mantendrá tal como está en la Directiva de Fusión transfronteriza existente, con la excepción de las nuevas reglas de vía rápida (para fusiones "simples") y medidas de protección adicionales para los accionistas y los acreedores, donde persisten las discrepancias entre los Estados miembros. 

Los procedimientos recientemente creados para las conversiones y divisiones transfronterizas seguirán en gran medida el proceso establecido ya por la Directiva de concentraciones transfronterizas, pero se adaptarán para tener en cuenta los riesgos potenciales.

En la actualidad solo hay 17 Estados miembros que ofrezcan un procedimiento íntegramente en línea para el registro de sociedades. Con arreglo a las nuevas normas, las empresas podrán inscribirse, establecer nuevas sucursales o presentar documentos en el registro mercantil en línea en todos los Estados miembros. La digitalización hace que el proceso de creación de una empresa sea más rentable y eficaz.

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