edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
10/06/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Cae el canon digital porque se cobra a las empresas

Javier Ardalán
No por esperada adquiere menos importancia la sentencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los derechos de autor en la que declara que el ‘Canon Digital’ español se opone la Directiva sobre Derechos de Autor, puesto que el sistema de financiación presupuestaria establecido en España no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas, puesto que las personas físicas cuentan con una exención, cosa que no ocurre con las empresas. El Tribunal ya lo venía advirtiendo desde hace años.
El ponente, el magistrado Malenovský, considera que la excepción de copia privada se ha concebido en beneficio exclusivo de las personas físicas, que efectúan o tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines comerciales. Estas personas son quienes causan un perjuicio a los titulares de los derechos y quienes, en principio, están obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa que se les adeuda. Por su parte, las personas jurídicas están excluidas del derecho a acogerse a esta excepción.

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que no es conforme con la Directiva aplicar el canon por copia privada, en particular, en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a dicha copia privada (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, ‘caso Padawan’, y de 11 de julio de 2013, ‘caso Amazon.com International Sales y otros).

También, el TJUE ha admitido que, habida cuenta de las dificultades prácticas que pueden producirse al poner en práctica tal financiación, los Estados miembros tienen la facultad de financiar esta compensación equitativa mediante un canon impuesto, antes de que se efectúen las copias privadas, a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción y los ponen a disposición de personas físicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, caso Padawan; de 16 de junio de 2011, ‘caso Stichting de Thuiskopie’; de 11 de julio de 2013, ‘caso Amazon.com International Sales y otros; y de 5 de marzo de 2015, ‘caso Copydan Båndkopi’).

Desde 2012, la compensación equitativa por copia privada en España se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Gracias a este sistema, el importe de esta compensación se determina anualmente, dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio. No obstante, en febrero de 2013, varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor (SGAE, CEDRO, AGEDI, AISGE y AIE), facultadas para percibir la compensación equitativa, solicitaron al Tribunal Supremo que anulara la citada normativa española.

El fallo, publicado este jueves, defiende que, no se ha demostrado que en España exista mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución.

Aunque el sistema de financiación de la compensación equitativa más comúnmente elegido sea actualmente el del canon, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva no se opone, en principio, a que los Estados miembros que hayan decidido introducir la excepción de copia privada opten por financiarla con cargo a sus Presupuestos Generales (una solución que también ha sido adoptada en Estonia, Finlandia y Noruega).

No obstante, matiza el TJUE, siempre que ese sistema alternativo garantice el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de los derechos, por un lado, y que sus modalidades garanticen su percepción efectiva, por otro, debe considerarse, en principio, compatible con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual.

El 21 de octubre de 2010, TJUE declaraba legal y conforme al Derecho Europeo la adaptación al derecho español de la directiva europea y el canon compensatorio, pero cuestionaba su aplicación indiscriminada en el caso de empresas y profesionales, aclarando que el problema surge siempre y cuando los aparatos adquiridos por estos sean destinados a fines distintos al de la copia privada.

El Tribunal falló que en el caso de las personas físicas que adquieren aparatos y soportes susceptibles de realizar copias protegidas, no es necesario probar que se destinaran a ese fin para aceptar como legal la aplicación del canon.

Un mes después, el 30 de noviembre de 2010 otra sentencia del TJUE, venía a poner en tela de juicio la validez del modelo aplicado en España para el cobro de la compensación por copia privada, al archivar una causa prejudicial planteada por Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Reconoce la sentencia que aunque los Estados miembros pueden, ciertamente, instaurar un sistema en virtud del cual, en determinadas circunstancias y por razones prácticas, las personas jurídicas estén obligadas a financiar la compensación equitativa, estas personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen.

Este requisito se aplica en todos los casos en los que un Estado miembro introduce la excepción de copia privada, con independencia de si éste establece un sistema de compensación equitativa sufragada mediante un canon o con cargo a sus Presupuestos Generales.

La Directiva de la Unión   ha instaurado desde 2001 un marco jurídico armonizado de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor basado en un elevado nivel de protección de los titulares de los derechos. A tal fin, los Estados miembros establecerán, entre otros, el derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras.

No obstante, los Estados pueden introducir excepciones a este derecho exclusivo de reproducción, en particular, en el caso de las reproducciones efectuadas por personas físicas para uso privado y sin fines comerciales (‘excepción de copia privada’). En este caso, los titulares de los derechos deben recibir una compensación equitativa.

En este contexto, el Tribunal Supremo elevó una cuestión prejudicial al TJUE sobre si la Directiva de derechos de Autor se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, cuando dicho sistema no permite asegurar, como ocurre en España, que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas.

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