edición: 2324 , Martes, 17 octubre 2017
03/05/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Cambios de residencia de una Comunidad Autónoma a otra

De conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 22/2009, de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma:

1.º Cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2.º Cuando no fuese posible determinar la permanencia se considerarán residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma donde tengan su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3.º Cuando no pueda determinarse la residencia conforme a los criterios establecidos anteriormente, se considerarán residentes en el lugar de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, la residencia de las personas físicas será la misma que corresponda para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la fecha de devengarse aquél.

Las personas físicas residentes en el territorio de una Comunidad Autónoma que pasasen a tener su residencia habitual en el de otra, cumplirán sus obligaciones tributarias de acuerdo con la nueva residencia, cuando ésta actúe como punto de conexión.

No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos.

Se presumirá, salvo que la nueva residencia se prolongue de manera continuada durante, al menos, tres años, que no ha existido cambio, en relación con el rendimiento cedido de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el año en el cual se produce el cambio de residencia o en el siguiente, su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea superior en, al menos, un 50 por ciento, a la del año anterior al cambio.

En caso de tributación conjunta se determinará de acuerdo con las normas de individualización.

b) Que en el año en el cual se produce la situación a que se refiere la letra anterior, su tributación efectiva por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior a la que hubiese correspondido de acuerdo con la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma en la que residía con anterioridad al cambio.

c) Que en el año siguiente a aquel en el cual se produce la situación a que se refiere la letra a) anterior, o en el siguiente, vuelva a tener su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residió con anterioridad al cambio.


Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente derivado de la Ley 22/2009, de cesión de tributos a las CCAA,  entendemos que en principio, ninguna causa impide el cambio de residencia, salvo que se produzca para lograr una menor tributación, tributandose conforme a la normativa aplicable en la nueva Comunidad Autónoma en la que resida, siempre que ésta sea punto de conexión.

Si bien, se presume que no ha existido cambio, salvo que el consultante esté de manera continuada en la nueva residencia, durante al menos tres años, cuando se den las anteriores circunstancias.

En supuestos en que una determinada Comunidad Autónoma tenga bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio y  otras no, el cambio de residencia hacia la primera, podría interpretarse como cambio de residencia para lograr una menor tributación, lo que conllevaría que no tuviera efectos del cambio de residencia, salvo que, posteriormente, se resida efectivamente por 3 años en la nueva residencia.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Si el cobro de la prestación del plan de pensiones en años distintos se produce por la misma contingencia, solamente podría aplicar la reducción del 40% a las prestaciones percibidas en un único período impositivo. D.G.T. C, (10/11/2011).
El consultante está en situación de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación de empleo. Una vez haya agotado las prestaciones por desempleo, pretende solicitar la prestación de un plan de pensiones del sistema de empleo, del que es partícipe. Posibilidad de solicitar la prestación del plan de pensiones en varios años diferentes, aplicando la reducción del 40 por ciento a cada prestación en la parte que corresponda a aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006, habiendo transcurrido más de dos años desde la primera aportación al plan de pensiones. El tratamiento tributario que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas otorga a las prestaciones en forma de capital derivadas de planes de pensiones se refiere al conjunto de planes de pensiones suscritos por un mismo partícipe y respecto de la misma contingencia. Así, con independencia del número de planes de pensiones que tenga suscritos una persona, el tratamiento fiscal de las prestaciones en forma de capital, con la posible aplicación de una reducción del 40 por 100, sólo podrá otorgarse a las cantidades percibidas en un único año, entendiendo por tal un único período impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y ello siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación hasta el momento del acaecimiento de la contingencia. Por tanto, si el cobro de la prestación del plan de pensiones en años distintos se produce por la misma contingencia, como ocurre en el caso planteado, el consultante solamente podría aplicar la reducción del 40 por 100 a las prestaciones percibidas en un único período impositivo. El resto de las cantidades percibidas en otros períodos impositivos tributaría en su totalidad sin aplicación de la reducción del 40 por 100. No obstante, dado que la norma fiscal no impone ninguna restricción a la aplicación de la reducción en un año u otro, el contribuyente podrá elegir el período impositivo en el que aplique la reducción a la prestación percibida en forma de capital.

Dado que el arrendatario es una persona obligada a retener y satisface las rentas en el ejercicio de su actividad económica, existiría la obligación de practicar la correspondiente retención sobre todas las rentas que satisfaga al arrendador. D.G.T. C, (15/11/2011).
El consultante, comerciante minorista sometido al régimen especial del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido y al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, va a arrendar el local comercial del que es titular de la mitad del pleno dominio y del usufructo de la otra mitad, en el que desarrolla su actividad económica, de la que es único titular. Como contraprestación por dicho arrendamiento va a percibir, además de la correspondiente renta mensual, una cuantía única en concepto de indemnización con motivo del abandono o cese de la actividad económica que venía desarrollando el consultante en el local. El abono de dicha indemnización se configura contractualmente como requisito previo para la plena eficacia del contrato de arrendamiento del local comercial, con independencia de la duración de dicho contrato. 1. Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de la referida indemnización. 2. Calificación de la indemnización, sometimiento a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas y aplicación de la reducción del 40 por 100. Dado que el arrendatario es una persona obligada a retener y satisface las rentas en el ejercicio de su actividad económica, salvo que resultase aplicable alguno de los supuestos de exoneración del artículo 75.3.g) del Reglamento del Impuesto, existiría la obligación por parte de aquel de practicar la correspondiente retención sobre todas las rentas que satisfaga al arrendador.


Tribunales

Imputación temporal de la devolución del gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar. Tribunal Supremo. Sentencia de 7 de noviembre de 2011.
El importe de las devoluciones obtenidas por el gravamen complementario de la tasa sobre el juego declarado inconstitucional debe imputarse fiscalmente al ejercicio en el que se produjo la deducción como gasto fiscal de dicho gravamen.
Los intereses satisfechos por la Administración tributaria, como consecuencia de la devolución de lo indebidamente ingresado por el «gravamen complementario» declarado inconstitucional, cuyo cómputo se hará, como es lógico y ratificando la conclusión alcanzada, desde que se produjo el ingreso indebido del «gravamen complementario» de la Tasa Fiscal sobre el Juego, deberán imputarse fiscalmente al ejercicio en que se devengaron, con independencia del ejercicio en que se contabilizaron. De ahí que los intereses devengados en ejercicios prescritos también habrán de ser devueltos por la Administración tributaria, si fueron considerados como ingresos fiscales del ejercicio en que se percibieron.

Condonación de intereses. Liberalidades. Disminución de patrimonio. Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de noviembre de 2011.
La entidad recurrente alega infracción del artículo 1 de la LIS porque la condonación de intereses no supone incremento de patrimonio y que el artículo 127 del RIS no puede servir de fundamento para que la entidad recurrente tenga que satisfacer la cuota del Impuesto sobre Sociedades, al no referirse a quién condona los intereses, sino a quién ya no tiene que abonarlos. Asimismo, alega infracción del principio de capacidad económica, en tanto en cuanto se obliga a tributar por el Impuesto sobre Sociedades, en función de un incremento de patrimonio inexistente y, finalmente, en tanto se fundamenta la obligación de contribuir en lo dispuesto en el artículo 127.1 d) RIS, se alega la infracción del principio de legalidad ya que las presunciones deben ser establecidas por Ley. El Tribunal Supremo considera que la línea argumental de la recurrente se contradice con la forma en que operó en su día, toda vez que los intereses devengados fueron contabilizados como ingresos, aunque luego también provisionados como gastos dentro de la provisión por insolvencias. A este respecto, cabe señalar que el art. 1 LIS  señalaba que es un impuesto directo que grava la renta de las sociedades de acuerdo con las normas de la Ley, componiendo la renta, entre otros, los incrementos de patrimonio determinados que no son disminuciones patrimoniales, las debidas a liberalidades del sujeto pasivo. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo cuando se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, constituyendo alteraciones en la composición del patrimonio, la cancelación de obligaciones con contenido económico. Asimismo, la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dispone que la obtención por las personas jurídicas de los incrementos de patrimonio a que se refiere este impuesto no quedará sujeta al mismo y se someterá al Impuesto sobre Sociedades. Además, estima que, entre otros, tienen la consideración de negocios jurídicos gratuitos e inter vivos a los efectos de este impuesto, además de la donación, la condonación de deuda, total o parcial, realizada con ánimo de liberalidad. Por otra parte, no cabe aceptar la vulneración del principio de capacidad económica, ante la constatación de que la condonación no fue en virtud de la insolvencia de la deuda, sino a la decisión de la recurrente, por lo que la cantidad condonada reveló una capacidad económica de la empresa, sujeta a tributación. Finalmente, no cabe sostener que el artículo 127 RIS carezca del respaldo legal que exige el principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que tiene su cobertura en la ley, que consideraba que no son disminuciones patrimoniales las debidas a las liberalidades del sujeto pasivo.


Tribunales Económico-Administrativos

No son impugnables en vía económico-administrativa los actos de la Administración Tributaria que sean simples actuaciones de trámite o preparatorias de actos sustantivos o meras actuaciones informativas o comunicativas. TEAC R, (31-01-2012).
Solo son impugnables en vía económico-administrativa los actos de la Administración Tributaria que tienen una naturaleza sustantiva donde se despliegue el ejercicio de potestades administrativas, pero no los que sean simples actuaciones de trámite o preparatorias de actos sustantivos o meras actuaciones informativas o comunicativas. No es susceptible de reclamación el escrito de comunicación al interesado de la orden de pago de una devolución; sin perjuicio de que sean impugnables los acuerdos previos dictados por la Administración tributaria que han dado lugar a la minoración del importe a devolver.

A efectos de entender que hay una actividad económica de arrendamiento, una entidad no cumple el requisito de tener un empleado por el hecho de que los tengan otras entidades del Grupo. TEAC R, (02-02-2012).
Una entidad arrendadora no cumple el requisito de tener un empleado por el hecho de que los tengan otras entidades del Grupo. A efectos del Impuesto sobre Sociedades no resulta aplicable la doctrina del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) según la cual las empresas integradas en un Grupo se configuran como un empleador único. Los términos del artículo 25.2 de la Ley 40/1998 de IRPF se limitan a exigir la tenencia de local y empleado y no permiten trasladar la citada doctrina social por no contener referencia o remisión alguna a la legislación laboral a diferencia del artículo 7 e) de la misma Ley 40/1998 que, al regular la exención de las indemnizaciones, sí contiene esa remisión expresa a la legislación laboral.

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