edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
13/11/2017

Caracas debería mantener hoy una reunión convocada con sus acreedores para reestructurar deuda

El Gobierno de Maduro fijó esa fecha el día que vencían 300 millones en intereses de bonos de PDVSA
Carlos Schwartz
En la tarde del dos de noviembre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció la voluntad de su país de reestructurar el saldo de su deuda viva. El anuncio se hizo tras afirmar el mandatario que el Estado honraría 1.100 millones de dólares en deuda de PDVSA que vencían ese mismo día. No hay constancia de que ese pago se haya hecho, pero tampoco hay ningún anuncio público de que ese pago no se haya verificado. Maduro designó como principal negociador dentro de un comité de seis miembros a su hombre de confianza el vicepresidente Tarek El Aissami. Éste figura en una lista de personas clave en redes delictivas del Gobierno de los Estados Unidos. Otro de los miembros de la comisión negociadora, el ministro de Finanzas Simón Zerpa, figura en otra lista de personalidades venezolanas corruptas. Para reforzar sus posiciones el Tesoro anunció otra nueva lista de 10 funcionarios y ex funcionarios incursos en diversas supuestas violaciones de normas. De acuerdo con la legislación estadounidense los ciudadanos y empresas de Estados Unidos no pueden mantener tratos con estas personas, y de hacerlo corren el riesgo de ser procesados. Por su parte, el ejecutivo del presidente Donald Trump prohibió todo tipo de negocios con el Gobierno de Venezuela por considerar sus métodos de gobierno antidemocráticos. Estas decisiones del gabinete Trump han hecho imposible que los acreedores estadounidenses puedan acudir a una cita para negociar la reestructuración de la deuda del país convocada para hoy en Caracas.
La cita sin embargo se ha mostrado esquiva porque fuentes próximas a entidades de otros países dispuestas a acudir no lograron obtener información sobre dónde y cuando el 13 de noviembre tendría lugar el encuentro. El domingo en un programa de televisión emitido en España el presidente Maduro dio algunas pistas sobre lo que argumentará respecto de la deuda al señalar que la asfixia financiera de su país era responsabilidad del presidente Donald Trump. Se refería sin lugar a dudas a las decisiones destinadas a ahogar al Gobierno de Maduro al impedir a la banca estadounidense reestructurar su deuda con sanciones políticas.

La convocatoria de Maduro a una reestructuración de deuda mediante la negociación de nuevos vencimientos es sin embargo un cambio importante en la estrategia del país más allá de los desórdenes de conducta del presidente estadounidense. Hasta ahora Venezuela había sacrificado ingresos fiscales que deberían destinarse a los programas sociales de ayuda al pago de la deuda externa. Desde la caída de los precios del petróleo en junio de 2014 el presupuesto del Estado en Venezuela ha acusado un déficit creciente y la caída de los ingresos fiscales ha creado una situación insostenible por la creciente escasez de elementos de primera necesidad incluidas las medicinas que el Gobierno ponía al alcance de la sociedad a través de las denominadas Misiones.

De acuerdo con Moody’s Investor Service el Gobierno de Venezuela tiene un saldo vivo de deuda de 142.000 millones de dólares y en el Banco Central de Venezuela el nivel de reservas es de 10.000 millones de dólares. De aquí a final de año los vencimientos de deuda en intereses y principal suman 1.700 millones de dólares de acuerdo con diversos analistas y en 2018 los vencimientos previstos son de 9.000 millones de dólares. La ofensiva del Gobierno Trump le permite ahora a Nicolás Maduro afirmar que es la guerra económica desatada por Estados Unidos lo que les obliga a suspender el pago de la deuda externa en la medida que los acreedores estadounidenses no pueden reestructurar la deuda ni emprender negociaciones sobre esta posibilidad dejando en el cono de sombra el hecho que los ingresos fiscales no dan de sí para atender de un lado a los vencimientos de la deuda y del otro a sus compromisos sociales.

En parte la clave de esta situación es que en 2018 hay elecciones presidenciales en un país profundamente dividido con una oposición que tiene el control del parlamento y un Gobierno que ha convocado una asamblea constituyente como forma de establecer un poder legislativo paralelo que convalide sus decisiones mientras el congreso las rechaza.

Si el Gobierno suspende el pago de la deuda contaría con unos 10.000 millones de dólares sustraídos al pago de la deuda externa para atender a las necesidades sociales internas lo que es probable que le permitiera recuperar una parte del apoyo popular perdido dándole oxigeno para ganar las presidenciales a pesar del fuerte desgaste del oficialismo y de la figura de Maduro que ha perdido apoyo de forma estrepitosa. Esta perspectiva es lo que hace pensar a muchos analistas que Maduro está preparando una suspensión de pagos de la deuda con el objetivo de rehacer su perfil electoral y recuperar algo del favor perdido.

Por su parte, los acreedores consideran que si esta es la estrategia se avecina un periodo de desorden sin precedentes en los mercados de bonos y deuda. Sin el establecimiento de una prelación de acreedores coherente, con la intervención de gobiernos acreedores como los de Rusia y China que también se precipitarán a asegurar sus posiciones acreedoras, en medio de una confusión extrema y con una parte mayoritaria de los acreedores imposibilitados de mantener negociaciones por las decisiones del Gobierno estadounidense. “Un verdadero caos”, afirma una fuente de un fondo de inversión europeo acreedor de PDVSA.

Mientras tanto la tasa de inflación el país alcanzará este año al 1.000% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la contracción económica será del 12% este año y del 6% en 2018. “Hay que tener en cuenta que por añadidura que los precios del crudo han iniciado una recuperación que si se acelera van a beneficiar de forma central a Venezuela puesto que 95 de cada 100 dólares que el país ingresa provienen del comercio del petróleo”, añadió la fuente del fondo de inversión. 

Mientras tanto un grupo de entidades que tienen ‘swaps’ para el impago de créditos por parte de Venezuela han reclamado el pago de este seguro el pasado miércoles a la asociación internacional de ‘swaps’ y derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) tras vencer el martes el periodo de gracia para el pago de la emisión de bonos de PDVSA que maduró el 2 de noviembre las entidades que tienen CDS sobre la deuda venezolano argumentaron la existencia de un “evento de crédito” que debería desencadenar el impago de otras deudas en una bola de nieve que llevaría a las aseguradoras a dar cumplimiento a pagos del orden de los 250 millones de dólares sin contar el ‘default’ de otras operaciones cruzadas con emisiones diversas.

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