edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
07/12/2010
Salgado, Rubalcaba, Sebastián y Sinde se apuntan al ‘coge el dinero y corre’

Carreras en el Gobierno para ‘ordeñar’ la vaca de las telecos

Los tribunales dirimen el ‘espectrazo’, la duplicidad municipal, la tasa radioeléctrica y la financiación del regulador: Hacienda se arriesga a tener que empezar a devolver 1.000 millones
Bruselas le dio dos meses para rectificar, pero Presidencia se embolsó 160 millones para RTVE, aunque los ingresos audiovisuales de las cuatro grandes son sólo 24 millones de euros
La LES intenta quedarse con el superávit de la CMT antes de que prospere el recurso de las telecos -le aportan 33 millones- y financiar el CEMA
Ana Zarzuela

Buscaba el estreno de Bernardo Lorenzo como secretario de Estado de Telecomunicaciones para deshacer los viejos ‘entuertos’ con el sector. Pero desde septiembre, al ministro Sebastián las presiones de Salgado para amortizar el reparto de las frecuencias móviles, la herencia ‘audiovisual’ de De la Vega (en la LGA, el CEMA y la tasa del 0,9% a las operadoras) y la ‘Ley Sinde’ le complican las batallas fiscales con el sector y le hacen bueno el vaticinio que denuncia la patronal Redtel: Moncloa arrincona a las operadoras de telefonía en el olvido, sin planes para redes de nueva generación y se retrata con el interés por convertirlas en ‘carne’ de tasas, “una vaca a la que exprimir”, en palabras de Canalejo. Economía busca sitio -con un modelo de subastas- en la ‘caja’ del reparto de frecuencias. Las operadoras son el último recurso de la liquidez para RTVE, de la compensación para Sinde y el canon digital de la SGAE con una tasa al adsl. Sólo la tasa por el uso del espectro radioeléctrico ha supuesto que la carga tributaria de los operadores de móviles se incrementara un 576% en ocho años. Nada que los balances de  Salgado y los silencios de Sebastián quieran repensar, aunque el Supremo admitió a trámite el recurso de las operadoras contra el ‘espectrazo’ de 2001 y, de paso, la tasa radioeléctrica, que recuerdan a Industria que no puede destinar los ingresos -como hace- a fines ajenos al sector que grava. El Supremo ya ha trasladado el conflicto de la financiación a la CMT a Luxemburgo.

Moncloa ensaya a curarse en salud en todos los ‘bolsillos’ de las telecos, pero todos sus caminos conducen a los tribunales. En el TUE se dirimirán los recelos de Bruselas a la tasa del 0,9% para financiar RTVE -que en dos meses España no ha querido adaptar a los requerimientos de Kroes y Almunia- y en el Tribunal Comunitario acabará también la reforma fiscal de los reguladores, si prospera la captura del Tesoro al superávit de la CMT. En los tribunales, provincia a provincia, pelean las telecos una a una las tasas de dominio público, la luz verde a las antenas móviles y su carga fiscal y el uso del espacio radioeléctrico, que Industria -a pesar de las llamadas de atención de Bruselas- no quiere aclarar con la FEMP. Los ayuntamientos se suben también a la hoja de ruta de las operadoras: ya saben que tendrán que implantar 200.000 antenas más para hacer frente a la nueva generación de banda ancha móvil y el reparto de frecuencias desde 2011.

Como Miguel Canalejo, presidente de la patronal que reúne a Movistar, Vodafone, Ono y Orange, denuncia ya desde antes del final de la presidencia española de la Unión Europea,  la política de las Administraciones (especialmente del Ejecutivo) ha hecho del sector de las telecomunicaciones “uno de los grandes olvidados”, salvo para una carga fiscal adicional al IS de 600 millones anuales. El Estado recauda anualmente alrededor de 400 millones de euros con la tasa por reserva del dominio radioeléctrico (la utilización que las operadoras, las televisiones y las radios hacen del espectro de frecuencias); de ellos, el 80% llevan los apellidos de las operadoras móviles, que frente a los 14.453 millones de euros ingresados en 2009 pagaron alrededor de 320 millones de euros sólo por esa tasa, un 2,2% de sus ingresos. Unas apreturas  a las que, desde esa denuncia, Moncloa, además de las urgencias de RTVE suma (en la letra pequeña de la LES) la posibilidad de hacerse con el superávit de la CMT que pagan las cuotas de las operadoras.

La avidez de Moncloa llueve sobre mojado en todas las aristas de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El Grupo Socialista escogía la puerta trasera de las enmiendas de última hora de la Ley de Economía Sostenible (LES) (en el paquete de reforma de estos organismos, junto al recorte de sus consejeros y la subordinación a la CNC) para intentar, de paso, asegurarse, por primera vez desde la creación de la CMT, la disponibilidad del superávit del regulador del sector de las telecomunicaciones, cerca de 14 millones de euros en el último ejercicio y que han permitido a la CMT la construcción de una nueva sede, recién inaugurada en Barcelona, en la que ha invertido 62 millones. Una avanzadilla gubernamental que llegaba apenas un mes después de la denuncia de Telefónica ante los tribunales de la tasa con la que las operadoras españolas financian a la CMT, la práctica totalidad de los 36,6 millones de euros de su presupuesto en este ejercicio. Y es que no sólo es la cartera de Elena Salgado la que busca ‘apellidos’ y destinos para un superávit que los de Rodríguez tendrían que ingresar al Tesoro (después de “cubrir pérdidas de ejercicios anteriores y un fondo de maniobra del 5% para sus necesidades operativas) desde la entrada en vigor de la LES: en los mapas de Presidencia, el vicepresidente primero y el Ministerio de Industria podría servir, de paso, para desbloquear la herencia audiovisual de Fernández de la Vega.

OTRA VUELTA DE TUERCA A LA TASA RADIOELÉCTRICA Y LA CMT

Ya hace siete meses que el Parlamento incorporó al entramado institucional, bajo el paraguas de la nueva Ley General Audiovisual (LGA) de De la Vega un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que hasta ahora no ha podido ver la luz de Rubalcaba, ni de Jáuregui. No sólo por la oposición del Partido Popular, CiU y los recelos de la CMT, que no se resigna a perder la posibilidad de hacer converger las competencias audiovisuales en el regulador. Hacienda no encuentra ‘patrocinadores’ para los al menos 25 millones de euros que requiere el CEMA para ver la luz. La solución -paradojas de las batallas audiovisuales- podría estar  desde ahora también en los bolsillos de las telecos a través de la CMT, justo los que más se han resistido a la génesis y los gastos de la nueva autoridad audiovisual, el organismo de titularidad pública número 260 que mantendría el Estado vía Presupuestos.

Pero no sólo son los técnicos del equipo de Reinaldo Rodríguez los que advierten que con el superávit de la CMT, topará también con los muros de la Comisión Europea. A diferencia del estatuto de la CNMV -que ya recoge la posibilidad de devolver al Estado el exceso de financiación recibida (de hecho por eso no ha hecho falta incluirlo en la LES), la Directiva de Comunicaciones Electrónicas de la UE señala que las tasas a las operadoras, de las que la CMT extrae sus beneficios, tienen que estar relacionadas con el coste del servicio que, a su vez, el Estado preste a las operadoras. Por eso la CMT venía aplicando hasta ahora la normativa europea, que impone que, en caso de superávit, se ajusten a la rebaja las tasas, que deben tener carácter finalista, no recaudatorio. Ya, justamente el incumplimiento de esta regulación es el motivo que fundamenta la decisión de la Comisión Europea de declarar no ajustadas al derecho comunitario las tasas que el Gobierno quiere cobrar a las operadoras para financiar RTVE.

Además, como avanzaba en su momento Expansión, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tendrá que pronunciarse en los próximos meses sobre una consulta -una cuestión prejudicial- que le trasladaba en mayo el Tribunal Supremo español acerca de la adecuación de la tasa por utilización del dominio público radioeléctrico a la normativa comunitaria. Los términos de la consulta del Supremo ya presuponen las dudas que alberga el Alto Tribunal español sobre la ideoneidad de la formulación de esta carga. Y es que, ahora que la espada de Damocles de Bruselas vuelve a pender sobre la tasa de las telecos para RTVE, Moncloa se enfrenta de nuevo además, a la sombra del ‘espectrazo’ a Movistar, Orange y Vodafone -las cableras y Yoigo sólo depositaron avales- que en 2001, a instancias del Ministerio de Hacienda, encabezado entonces por Cristobal Montoro, elevó la tasa final fijada por el espectro radioeléctrico a casi mil millones de euros, de los que cerca de 850 millones fueron pagados por las operadoras de telefonía móvil. Una cifra que el Estado se arriesga a tener que devolver, si Luxemburgo considera que la tasa radioeléctrica española vulneraba el art. 11.2 de la directiva comunitaria 97/13, que señala que las tasas deben “garantizar el uso óptimo del espectro” y “potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia”, mientras en España imponía un mayor pago a las licencias de UMTS, las más modernas y eficientes. También cuestiona la formulación de la tasa en sí, ya que, inicialmente, su destino era financiar la investigación en telecomunicaciones, aunque, posteriormente, su recaudación se destinó sin más al Tesoro.

INDUSTRIA, SIN VOZ NI VOTO EN LA BATALLA POR LAS TASAS MUNICIPALES

Aunque de los 3.400 millones de euros que pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones -incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE -, el 90% corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10% a la local, el desencuentro impositivo con los ayuntamientos llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferentemente a las operadoras se elevaban ya a 825 millones de euros en 2008 y se han quintuplicado desde entonces. Además de pagar los impuestos comunes  (Sociedades IBI, etc), abonan una serie de tasas exclusivas por casi 600 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas- son las principales contribuyentes, en un 85%-. Una carga fiscal muy superior a la que sufren otros sectores.

Aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente. Siguiendo el consejo de la FEMP, más de medio millar de consistorios ha estrenado en el último año ordenanzas para la tasa de dominio público y el cobro por antenas móviles. A falta de ordenanza, ni urbanística, ni fiscal que regulara las antenas de telefonía móvil, muchos municipios hasta ahora utilizaban las licencias de obras para grabar la instalación: la empresa debía pagar una tasa del coste de la obra, pero el cobro por el uso de dominio público quedaba en tierra de nadie. Ahora, apuran. Ya son más de 260 millones en tasas locales que ingresan sus arcas de manos de las cuatro operadoras móviles con red propia y quieren duplicarlo. Se suman a los 1.000 de los 8.000 existentes que tiene ya vigente una tasa de ocupación -un 1,5% de los ingresos totales de las compañías-, que además les suponen a las operadoras de Redtel unos 20 millones de euros anuales en recursos jurídicos que suman y siguen con los 200 millones de euros que soportan por cargas administrativas y trámites burocráticos. Nada que las telecos reciban de brazos cruzados, desde que Telefónica ganó el primer juicio a un municipio -Pozuelo de Alarcón- por la tasa por dominio local en febrero de 2009.

La guerra de las telecos y las administraciones locales se libra ya, municipio a municipio. Y juzgado a juzgado. Pelean una a una las tasas de dominio público, la luz verde a las antenas móviles y su carga fiscal y el uso del espacio radioeléctrico. Los ayuntamientos se suben a la hoja de ruta de las operadoras: ya saben que tendrán que implantar 200.000 antenas más para hacer frente a la nueva generación de banda ancha móvil y el reparto de frecuencias desde 2011. Tardan hasta tres años en conceder las licencias y ahora se plantean tasas específicas en algunos sitios de costa, en los que habrá que incrementar hasta un 30% su penetración. Las operadoras quieren más que tregua, coordinación. Habrá que invertir 80.000 millones de euros en banda ancha -16.000 de ellos en móvil- y saben que el 70% de la inversión pasa por infraestructuras y un 10% se va en burocracia municipal. Salgado y Sebastián prometieron hace casi un año mediar, pero las operadoras aún esperan. Bruselas le ha afeado a España las trabas locales a las antenas -algunas en tierra de nadie administrativa por más de tres años- y la omisión de Industria (que es la autoridad que debe registrar y homologar cada emplazamiento de las operadoras) en los conflictos fiscales con municipios. Pero Sebastián ni siquiera ha creado la a prometida agencia estatal dependiente de Industria y de Sanidad para difundir todo tipo de datos científicos y sanitarios sobre las antenas. Menos aún ahora que, en su sentencia de noviembre, el Tribunal Supremo considera que los ayuntamientos pueden fijar sus propias normas sobre emisiones y que éstas pueden ser más restrictivas que la norma española para ubicar las antenas de las telecos móviles.

OLIART SE APUNTA AL ‘COGE LA BOLSA Y CORRE’ CON LAS TELECOS

La herencia que Fernández De la Vega les dejaba a Rubalcaba, Jáuregui y Sebastián y los planes de Alberto Oliart han buscado asegurar pagadores para RTVE sin esperar por Bruselas, hasta tal punto que han hecho oídos sordos a las líneas rojas de la CE, que el 30 de septiembre daba un plazo de dos meses a España para suprimir las tasas sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones (el 0,9% de sus ingresos brutos anuales totales, no sólo audiovisuales), impuestas cuando el Gobierno decidió suprimir la publicidad en TVE. Nada que tomara por sorpresa al Ministerio de Presidencia, a la vista no sólo del antecedente galo y de los informes de la CMT, la CNC y el Consejo de Estado, sino de la iniciativa de la Comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, que desde marzo abrió expediente contra España por considerar la tasa limitadora de las inversiones y amenazante para los clientes de las telecos. Nada que, sin embargo haya hecho desde entonces a Oliart o Rubalcaba modificar el rumbo de la televisión pública, a la vista de sus zozobras para los 1.200 millones del Presupuesto de 2010.

En conjunto, aparte de los 580 millones correspondientes a la subvención del Estado, RTVE esperaba obtener este año 320 millones de la tasa radioeléctrica, al menos 160 de los operadores de telecomunicaciones y 100 de las televisiones privadas, pero Hacienda busca rebajar hasta un 7% la subvención pública, los ingresos de la tasa radioeléctrica son más bajos de lo esperado y la tasa que tendrán que pagar las cadenas privadas para financiar a RTVE no se aplica sobre los ingresos por negocios distintos del de la televisión, como el cine o el 'merchandising'. Por eso Moncloa ha intentado blindar los casi 400 millones de las tasas de RTVE en sus tres vertientes, cobrar con carácter de urgencia las de las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones, aún a riesgo de tener que reembolsarlas en 2011. Más aún: el Reglamento ha escogido un modelo de autoliquidación, que asegura el cobro en efectivo de las tasas, que no pueden avalarse hasta la resolución de las impugnaciones que tienen previsto presentar a la tasa, sino que deben pagar en efectivo y reclamar luego, si llega el caso, la devolución de las cantidades. Aún resuenan en su memoria los ecos de las demás guerras de las tasas con las operadoras de telefonía: por ejemplo, su batalla legal con la tasa municipal del 1,5% por el espectro radioeléctrico: les había permitido, en tanto llegaban las sentencias judiciales no pagar durante tres años, sólo consignar esos ingresos en los juzgados a través de avales bancarios.

Ahora, con el tiempo de descuento ya agotado, la Comisión Europea tiene vía libre para denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo. Las telecos confían en que Bruselas tumbe la tasa del 0,9%. Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, agrupadas en Redtel, mantendrán sus recursos en Bruselas y mantienen  el reglamento ante los tribunales españoles, al considerar la tasa “injusta” e “ilegal”. Lo recuerda Redtel: la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003: no está asociada a los servicios que prestan. Una postura que sintoniza en realidad con el informe no vinculante de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) del 16 de junio, que considera que el sistema impositivo asociado al modelo de financiación de RTVE (el famoso 0,9%) podría crear “asimetrías” en los distintos mercados afectados y es “un importante elemento de distorsión a la competencia”. Las empresas calculan que, con la Ley sobre la financiación de RTVE, las compañías audiovisuales (entre tv y telecos) financiarían casi un 60% del ente público, -entre 190 y 230 millones de ellos anualmente las operadoras- aunque Redtel recuerda que todos los ingresos audiovisuales de los operadores de telecomunicaciones no llegan a los 500 millones de euros. Lo han hecho ya, con el pago obligatorio y anticipado antes del 6 de octubre de su primera cuota: aunque los ingresos audiovisuales de las compañías de telefonía apenas fueron de 24 millones, la tasa de RTVE ascendió a 136 millones de euros en su primera cuota, correspondiente al último cuatrimestre de 2009 y a pagos pendientes de 2010.

El regulador no esperará de brazos cruzados. Fueron las valoraciones de la CMT las que echaron atrás algunas de las líneas rojas de los primeros borradores de la Ley de Financiación de RTVE: vicepresidencia había sugerido pasar por adelantado la ‘gorra’ a las telecos, obligarlas cada mes de julio a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación del ente público, buscaba que la liquidación de la tasa la pudiera efectuar la propia CMT y pretendía dejar en manos del regulador incluso la opción del corte administrativo del servicio en caso de impago. Ahora, la CMT intenta revivir el debate, ante de que la TUE no deje más opción a Moncloa: ha vuelto a recordarle a Moncloa que no encaja en su mapa regulatorio la tasa a las operadoras para financiar RTVE y propone -a través de su consejero Ángel García Castillejo, que sean los ciudadanos los que “asuman el pago del canon para el mantenimiento de la TV pública”, un modelo que ya propuso en su momento el consejo independiente, el comité de sabios que constituyó el Gobierno para estudiar el futuro de RTVE aunque sólo el ejemplo británico es un éxito. Los televidentes tienen que pagar por poder recibir la señal de la televisión pública. Según datos de 2009, las cantidades eran de 142,50 libras esterlinas para un aparato en color y de 48 para uno en blanco y negro.

SALGADO QUIERE ‘HACER CAJA’ CON LAS FRECUENCIAS MÓVILES

Sebastián buscaba, desde septiembre, el estreno de Bernardo Lorenzo como nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones con soluciones para los viejos ‘entuertos’ con el sector de las telecos. Pero desde entonces las presiones de Salgado para fiscalizar a las operadoras y amortizar las frecuencias móviles, los compromisos con el PNV ante la CMT, la herencia ‘audiovisual’ de De la Vega (en la LGA, el CEMA y las tasas a las operadoras) y la ‘Ley Sinde’ le complican el sector TIC. No es sólo el presidente de Redtel el que lo enfrenta al espejo de sus desencuentros y el ultimátum de sus inversiones, en su informe “El pasado, presente y futuro de las comunicaciones móviles”. Más ahora que la asociación española de operadores de telecomunicaciones estima que -después de entre 2.000 y 2.500 millones de euros anuales dedicados a las redes actuales- las operadoras de telecomunicaciones incrementarán en un 50% sus inversiones para poder adaptar las redes a la nueva generación de comunicaciones móviles. La tecnología LTE vivirá en 2011 y 2012 un periodo de pruebas y  a partir de 2013, las inversiones anuales podrían situarse entre 3.000 y 3.750 millones.

Nada que favorezca la nebulosa del modelo de reparto de espectro, ni las presiones fiscales. Las batallas de la financiación con las grandes operadoras de telefonía están más calientes que nunca, ahora que la banda ancha requerirá de 80.000 millones de euros de inversión en España en una década y que, a las puertas de un salto llamado según los analistas a llevar a España a duplicar la penetración de banda ancha en menos de cinco años, la crisis se llevaba ya un 17,3% de la inversión de las operadoras en 2009. La CE deshoja la margarita de 300.000 millones para redes a medio plazo, pero los vientos de la Comisaria Kroes no llegan a Castellana 160: si las compañías hablan de despliegue de fibra y redes de nueva generación selectivo y sin fondos ni regulación pública definitiva, Lorenzo les pide más inversiones; si le piden- en sintonía con la CMT- un plan estratégico de banda ancha, sólo alivia sus cargas con al menos otro año más de espera para su obligación con el servicio universal de banda ancha, que a un mes de su supuesta entrada en vigor no tiene financiación, ni reglamento y la LES elude los compromisos a corto plazo. Moncloa sólo despeja 200 millones de créditos y un reglamento de edificación por definir. Las telecos y la CMT buscarán por su cuenta con el Neba (desde 2012) estirar la penetración del adsl allá donde hasta ahora sólo llega Telefónica. Varias CCAA se lanzan a la fibra con fondos públicos.

Y es que las heridas de la brecha digital aún sangran tanto como los retrasos de Moncloa para definir un marco de inversión pública en nuevas redes y un calendario definitivo que saque a concurso el servicio universal de banda ancha, la reordenación de las frecuencias móviles pendientes (sobre todo 900 Mhz y 2,6 mhz) y el dividendo digital que libera la transición a la TDT. Las telecos y los fabricantes se aferran en España a ‘internet para llevar’ (el segmento con más crecimiento en telecos, cinco veces más que el adsl fijo) a la guerra de velocidades de subida y a la de los contenidos y a las redes sociales. Pero exigen una bitácora de inversiones. Y la exigen ya. Hay que colocar 200.000 nuevas antenas. "¿Quién lo va a pagar?”, llegaba a preguntarse el presidente de Redtel, que pide desde hace meses premuras para un proceso de reparto de frecuencias que fijará el perfil y el peso de los grandes actores del mercado móvil español hasta 2030. De momento, frente a más de 155 operadoras de 64 países que despliegan la tecnología LTE (que multiplicará hasta 100 megas la velocidad ) para sustituir a las redes 3G y cuadruplicar la velocidad, las telecos españolas se piensan la superbanda ancha móvil, aunque operadoras como Telefónica (que la despliega en Alemania) o Vodafone han avanzado sus pruebas desde 2009.

Por primera vez está casi a punto un calendario para la reordenación de las frecuencias móviles pendientes, aunque Salgado envenena el tiempo muerto y busca sitio -con un modelo de subastas- en la ‘caja’ del espectro radioeléctrico. La vicepresidenta estrecha también el horizonte de incentivos estatales a nuevas redes ultrarrápidas, ahora que Lorenzo vincula el fin de las tarifas planas y la posibilidad de gestión de redes a la inversión de las operadoras. Las urgencias del dividendo digital (parte del espectro en la banda de 790-862 MHz que dejan libre las televisiones con el apagón analógico), las necesidades de reparto de frecuencias (especialmente las más valiosas, de 900 Mhz) y sobre todo las expectativas del ‘refarming’ de la banda GSM -la recalificación de la banda de 900 Mhz y 1.800 Mhz para poder utilizarlas en 3G- justifican la urgencia de un concurso de frecuencias móviles que tanto la CMT, como Bruselas y Redtel le apremian desde hace semestres y que debe aclarar. La licitación afectará a 782 megahercios (Mhz), incorpora una propuesta para sacar a licitación una propuesta de 310 Mhz durante el primer semestre de 2011 (un 70% más del espectro que hay actualmente) con un plazo de vigencia de hasta 2030 e incluye el 'refarming' (recalificación) de las bandas de 900 y 1.800 Mhz y la licitación del dividendo digital (800 Mgz) y de 2,6 Ghz.

Ahora, la nueva fecha límite que el Ministerio de Industria ha hecho llegar al sector era el mes de diciembre, aunque aún no ha definido si será mediante un concurso (-un modelo que según la patronal ha funcionado anteriormente y no debería cambiarse por una fórmula "meramente recaudatoria"), subasta o un modelo mixto, ni si el acceso a las frecuencias bajas estará abierto a la alianza de los cableros y Yoigo. Bajo el paraguas de Redtel, las cuatro telecos móviles con red propia temen acabar convertidas en una ‘ofrenda’ más de Miguel Sebastián en el altar de déficit de Hacienda y Carlos Ocaña. Y es que en Castellana 160 aún sopesan si seguir las indicaciones de Elena Salgado y pisarle los talones al modelo alemán de subasta -que permitió ingresos al Estado de 4.380 millones de euros a cambio de 330 Megahercios de nuevo espectro radioeléctrico- o suscribir sus propios credos técnicos y la preferencia de las principales operadoras agrupadas en Redtel y apostar esta vez por un modelo de concurso, que  prime los compromisos de inversión frente al pago al Tesoro, “menos productivo a medio plazo”. En el entorno de Sebastián no quieren que la ‘fiebre recaudatoria’ pueda frenar las inversiones del sector, como en el año 2000 con las subastas del UMTS. En palabras de Lorenzo, uno de los objetivos de la secretaría de Estado es que “las empresas con deseos de invertir y que ahora no poseen espectro, lo consigan”.

El Gobierno -con informes de la Comisión Europea en la mano- descuenta que el dividendo digital va a generar un valor añadido de entre 12.000 y 16.000 millones de euros para todos los subsectores implicados en España. Y promete pagar parte de coste de la segunda transición audiovisual pendiente (HD y 3D, ajuste de la TDT y dividendo digital, multisoporte e interactividad), al menos los 150 millones de euros del coste de la antenización que habrá de asumir en 2012 y 2013, cuando se haga la sintonización definitiva de la televisión digital terrestre. Y al parecer Industria también se hará cargo de los gastos de operadoras y usuarios originados por este nuevo apagón digital, pero todavía no se han concretado las fechas de esta nueva reforma de emisión ni el coste que supondrá para las arcas estatales.
SINDE Y LA SGAE SE APUNTAN TAMBIÉN

Avizoran ya a un solo paso en el Congreso un modelo ‘antipirata’ en el que depositaron el ahora o nunca del nuevo modelo de negocio de los contenidos digitales español. Se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la ‘Ley Sinde’ -que la ministra promete para abril- y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que le nacerá condenada a muerte a la ministra y miran de nuevo a los bolsillos de las operadoras de telefonía.  El nuevo caballo de batalla para la SGAE y la Coalición es el de los ingresos y, subidos a él, tocan tambores de tregua con las telecos. La Coalición de Creadores promete -a pesar de los recelos de Redtel al modelo de Sinde- centenares de portales en concurso con las operadoras cuando la Ley de Economía Sostenible haga ‘su efecto’. Los creadores buscan sitio en modelos conjuntos de negocio que las telecos sí han desplegado, con un 39% de incremento de ingresos por datos móviles. La SGAE, tras las declaraciones del CEO de Micrososft,  quiere espacio en posibles acuerdos económicos entre los proveedores y buscadores de la red.

No es casualidad que en la Sociedad General de Autores resuciten, aunque sea tímidamente, la posibilidad de que si Google u otro de los gigantes de internet tienen que llegar a pago de tasas o de acuerdos económicos con las grandes operadoras de telefonía e Ips, una parte -un subcanon- vaya a compensar a las sociedades de gestión de los derechos de autor españoles. Ni el perfil de los ingresos del sector de las telecomunicaciones recién publicado por la CMT (con un 3% menos de ingresos para las operadoras, pero nuevas fuentes de ingresos y un 39% de incremento de ingresos por datos móviles), ni las posibilidades que pueden ‘arañar’ a la rueda de una internet a varias velocidades se les escapan. Los ingresos del mercado de contenidos digitales (televisión, video, videojuegos, prensa, música, soportes y reproductores, redes sociales, publicidad y libros) cayeron un 5,3% en 2009, pese a contabilizar unos ingresos de 20.591 millones de euros, según el III Informe de Contenidos Digitales 2010. La SGAE no sólo necesita compensar -tras el veredicto del TUE- el fin del modelo español de canon digital que le ha salvado dos años consecutivos, unas cuentas cuyos ingresos cayeron un 11,5% en 2008, y un 5,1% en 2009, año en que la suma recaudada ascendió a 316,8 millones de euros.. Ni la sublevación de un millar de municipios, ni el requerimiento del Senado para excluir a las Administraciones del pago del canon, ni la reforma de la LPI permitirán que la SGAE blinde la inercia de sus ingresos.

La guerra de denuncias con las operadoras de telefonía españolas no ha sido nunca ni siquiera un secreto a voces para la Coalición de Creadores, un lobby que agrupa las sociedades de gestión de derechos y parte de la industria audiovisual. La misma que les acusaba de “sacar tajada con el tráfico que se genera con la piratería" y que, en junio de 2009, señalaba a varios de los miembros de Redtel (donde están Telefónica, Ono, Vodafone y Orange) e incluso financiar el P2P con publicidad.  La AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, ha ido aún más lejos: encargada de gestionar los derechos de autor de los músicos, la entidad llegó a interponer en mayo una demanda contra Telefónica, Vodafone y Orange, así como a Jet Multimedia, especializada en servicios online para móviles, por las descargas de música en los teléfonos móviles, desde canciones, en formato MP3, válidas para almacenar y reproducir en los terminales; hasta ringtones y aquellas melodías que se reproducen durante los segundos previos al establecimiento de una llamada. 

No es casualidad, tampoco, que la Coalición de Creadores y los lobbies de la industria cultural española traten de tocar justo en este momento tambores de cambio “con los que antes eran nuestros grandes enemigos, como los operadores o Google”. Y lo hacen ver. Todo un batallón de sociedades de gestión y grupos de creadores calientan la posibilidad de llegar a un “gran pacto de buen gobierno” en Internet entre creadores, operadores, contenedores de información y usuarios. Sólo, claro -advierten- cuando tengan la Ley Sinde y la Comisión de Propiedad Intelectual en pleno funcionamiento. El fomento de la oferta legal de contenidos audiovisuales en internet es una de las pocas partidas que crecerán en 2011 para el Ministerio de Sinde: un 15%, hasta los 2,2 millones de euros, a pesar del recorte de Cultura recorta en más de cien millones su presupuesto, casi un 11% respecto del actual de 917 millones de euros. Y una de las pocas que, como Industria acaba de anunciar, estarán dotadas de nuevos planes en Castellana 160: 200 millones de euros para el incentivo de contenidos musicales y televisivos.

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