edición: 2748 , Jueves, 27 junio 2019
06/03/2014

Cataluña combatirá la Ley de Unidad de Mercado en todos los frentes

El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, ha afirmado este miércoles que el Govern combatirá la Ley de Unidad de Mercado por medios jurídicos, políticos y en el ámbito operativo al considerar que limita el autogobierno de Cataluña.

En declaraciones a los medios con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Empresa y Empleo del Parlament, se ha referido a los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) aprobados por el Ejecutivo catalán y el Parlament; a futuras iniciativas políticas en defensa del autogobierno, y a una oposición a la norma en las próximas conferencias sectoriales, a las que el Govern "asistirá por cortesía, pero no será un colaborador obediente".

Preguntado sobre si la Generalitat desobedecerá la norma, ha afirmado que obedecerá la Directiva de Servicios Europeos, que según ha dicho se ve contravenida; la Constitución, que a su juicio se vulnera, y el Estatut, que ve alterada su competencia exclusiva: "Intentaremos que se evite su aplicación en nuestro territorio".

Puig, que ha calificado la norma como una ley más de la factoría Faes, ha lamentado que se trata de una actuación política que sitúa a España en un "marco preautonómico e incluso, en algunos ámbitos, preconstitucional", y ha avanzado que valoran colaborar con otras autonomías para oponerse a su aplicación.

Ha alertado de que las pymes se pueden ver perjudicadas por esta "desregulación, intervencionismo, recentralización y favorecimiento de los grandes operadores", y ha considerado que la ley atenta contra el autogobierno; desprotege a los consumidores; relativiza la seguridad y la calidad, y promueve los paraísos administrativos.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

La ley, aprobada por el Congreso en noviembre, introduce aspectos como el principio de eficacia estatal, que permitirá a las empresas operar en las diferentes autonomías cumpliendo la normativa de su región de origen.

Puig ha argumentado ante la Comisión que la ley impone una "fiscalización política y administrativa" de las autonomías en sus competencias, y deja a la Generalitat en un plano de subordinación al Estado, puesto que la incapacita para decidir sobre su desarrollo económico y para sancionar incumplimientos normativos.

Ha cargado contra la creación de un Consejo de Unidad de Mercado como órgano de cooperación interadministrativa obligatoria, así como la instauración de un instrumento que permite a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia instar a la suspensión automática de normativas autonómicas ante la Sala del Contencioso de la Audiencia Nacional si cree que afectan la unidad de mercado.

Montserrat Ribera (CiU), Oriol Amorós (ERC), Alícia Romero (PSC), Joan Mena (ICV-EUiA) e Isabel Vallet (Grupo Mixto) han expresado su oposición a la norma por desregular y responder a los intereses de las grandes empresas, mientras que Inés Arrimadas (Cs) se ha mostrado a favor de la unidad de mercado y José Antonio Coto (PP) ha asegurado que beneficiará a pymes y autónomos: "El Parlament tiene suficientes competencias como para dedicarse a actuar como subcomisión del Congreso".

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