edición: 2306 , Martes, 19 septiembre 2017
29/09/2011

Cataluña presentará un conflicto positivo de competencia ante el TC por el reglamento de acceso a la abogacía

Critica que el Estado se reserve competencias en acreditación de cursos y concesión de becas
Sigue pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acceso
Javier Ardalán

El Gobierno catalán cree que el reglamento que desarrolla el acceso a la abogacía -con el que se instaura el sistema de master y prueba de acceso obligatorios para poder colegiarse y ejercer las profesiones de abogado o procurador- vulnera las competencias de la Generalitat en materia de educación y universidades, por lo que ha decidido presentar un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional. Lo hace "en coherencia con las posiciones mantenidas por la Generalitat", que ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acceso, aún pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional.

En total, según la propia Generalitat, una docena de artículos del reglamento de la Ley 34/2006 contravienen el Estatut, ya que en la nueva regulación, que entrará en vigor en noviembre junto con la propia Ley, se reserva a los Ministerios de Justicia y de Educación funciones ejecutivas para la acreditación de cursos de formación, sin preverse las competencias del Gobierno catalán para las mismas tareas. Lo mismo se aplica, según la Generalitat, al caso de la concesión de becas. El reglamento de acceso prevé que el Estado sea competente para otorgarlas, así como para regular aspectos concernientes al profesorado y las tutorías de las prácticas, o para determinar el carácter y contenido únicos para toda España de las pruebas de evaluación.
 
DOCE ARTÍCULOS CONFLICTIVOS
 
En concreto, el gobierno de la Generalitat considera que “los artículos 4.2, 6, 7.3, 7.4, 9, 13, 16, 17.1, 17.4, 18.1, 18.3 y 19.2 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, para el acceso a estas profesiones, vulneran las competencias de la Generalidad en materia de ejercicio de las profesiones tituladas, de educación y de universidades (artículos 125.4, 131 y 172 del Estatuto de Autonomía de Cataluña)”, lo que significa que se considera que se exceden en sus límites competenciales un total de más de la mitad de los veinte artículos en que se desarrolla el texto.
 
Se trata de puntos como el concerniente al procedimiento de acreditación de los cursos de formación impartidos por las escuelas de práctica jurídica. El artículo 6 del reglamento entrega la potestad para evaluar la calidad del curso al Ministerio de Justicia, siendo éste el encargado de recibir la solicitud y de valorar la relevancia, adecuación, eficiencia, garantías, adecuación y viabilidad de éstos. Se prevé, además, que los cursos de este tipo que sean impartidos por universidades pasen también por el 'filtro' estatal para ser validados. Así, según el artículo 7.4 del reglamento, el Secretario de Estado de Justicia y el Secretario General de Universidades serán quienes otorguen, mediante resolución conjunta, la acreditación de esta formación.
 
En cuanto a las becas, el artículo 9 del texto recoge que “el Gobierno contemplará el otorgamiento anual de becas para la realización de cursos de formación para la obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de los tribunales en el marco de las profesiones de abogado o procurador”. En cuanto al profesorado, el propio reglamento marca límites en cuanto a la composición del cuerpo docente, estableciendo que éste deberá ser “equilibrado” sin que cada uno de los colectivos (abogados, procuradores y, en su caso, profesores universitarios) superen el sesenta por ciento ni sean inferiores al cuarenta por ciento. Cuestión ésta que los catalanes entienden como una intromisión en sus competencias. También en lo referente a que se fije a nivel estatal que los profesores deban haber estado colegiados al menos desde tres años antes.
 
Algo similar ocurre con otro de los puntos controvertidos, que es el del contenido de la evaluación para la capacitación profesional. Así, el artículo 17.1 fija que las evaluaciones para el acceso a la abogacía y para el acceso a la procura sean “únicas e idénticas para cada profesión en todo el territorio español”. Su contenido, además, quedará fijado para cada convocatoria por el Ministerio de Justicia, si bien las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, las universidades, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Colegios de Procuradores de España podrán dirigir propuestas al Ministerio de Justicia (artículo 17.4), extremos a los que la Generalitat se opone. También a que el mismo ministerio se encargue de fijar la composición de la Comisión de Evaluación de cada Comunidad Autónoma, que es la encargada de la ordenación, dirección y gestión de los ejercicios.
 
Por último, en lo relativo a las prácticas externas y sus tutorías, se fija en el reglamento el tiempo mínimo de ejercicio de la profesión con que deberán contar estos tutores, se aclara que deberán presentar una memoria sobre sus funciones cada seis meses, y se exige su cumplimiento con el régimen de derechos y obligaciones y con la responsabilidad disciplinaria de sus respectivos estatutos generales de la abogacía o la procura. Punto que también se considera intrusivo.
 
SEGUNDA RECLAMACIÓN
 
No es la primera vez que el Gobierno catalán pone pegas al reglamento. Cuando éste se aprobó, cinco años atrás, ya se formuló un requerimiento de incompetencia al Gobierno estatal, que fue rechazado íntegramente. A ello se unió un recurso de inconstitucionalidad contra la ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador, que fue admitido a trámite en febrero de 2007 y que aún sigue pendiente de resolución. En este caso, se trata de los artículos 2.2 (y, por conexión, el artículo 4.1, en su inciso "de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2"; el artículo 5.1, en su inciso "conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia"; y el artículo 6.4, en su inciso "por los Ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el art. 2.2"); 2.3; 7.2, 3 y 5; la disposición adicional segunda y disposición final segunda, en relación con los artículos 4.3 y 7.7, de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
 
Esta vez, según nota de prensa de la Generalitat, el Ejecutivo catalán entiende que los artículos del reglamento contravienen el Estatuto, "especialmente en reservar a los ministerios de Justicia y de Educación funciones ejecutivas para la acreditación de los cursos de formación, prever el otorgamiento de becas por parte del Estado, regular aspectos de detalle del profesorado y de las tutorías de las prácticas y determinar el carácter y contenidos únicos para todo el Estado de las pruebas de evaluación".
 
Así, dado que el Gobierno del Estado rechazó íntegramente el requerimiento, la Generalitart “se ha esmerado en interponer el conflicto de competencia e impugnar la totalidad de los preceptos que fueron objeto del requerimiento previo, por coherencia con las posiciones mantenidas por la Generalitat en el recurso de inconstitucionalidad que se planteó contra la ley, que se encuentra todavía pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional”. Por ahora, el Gobierno catalán tan sólo ha hecho pública su voluntad, aunque tiene como plazo para presentar el conflicto hasta el próximo 13 de octubre de 2011.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...