edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
20/12/2012

Cataluña quiere recaudar 1.000 millones con tributos nuevos y recuperados

Javier Ardalán
Artur Mas ya cuenta con un plan de nueva fiscalidad como parte del acuerdo con ERC que culminará en 2014 en la anunciada consulta popular por la independencia, que ya había presentado el pasado mes de mayo como actuación de Gobierno para luchar contra el déficit público, aunque descartaba la inclusión en el mismo del Impuesto sobre Sucesiones. Estas medidas supondrán un incremento de la fiscalidad elevado, cifrado en una recaudación anual de 1.000 millones de euros.

Mas anunciaba el 15 de mayo pasado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, un tercer plan de ajustes para recortar 1.500 millones de euros adicionales, que contemplaba nuevas tasas e impuestos, además de reducción de plantillas de empresas públicas y privatizaciones de patrimonio.

SUCESIONES

Para justificar que la reimplantación del impuesto de Sucesiones no figurase aún dentro de este nuevo plan de ajuste, Mas explicó en aquella rueda de prensa que se trataba de un "compromiso programático de muy alto nivel" por parte de CiU y, además, argumentaba que no deseaba "cargar con más presión fiscal al conjunto de la ciudadanía catalana".

Las cosas han cambiado. Entre los nuevos impuestos, figura la recuperación del de Sucesiones para las rentas más altas, la reforma del de Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Grandes Superficies Comerciales, y el establecimiento de gravámenes sobre depósitos bancarios, emisión de gases contaminantes, la "euroviñeta" para camiones, las bebidas de refresco con exceso de azúcar, así como sobre los pisos vacíos.

En Cataluña, el Impuesto sobre Sucesiones ha experimentado importantes  modificaciones en los últimos tiempos hasta llegar, con efectos desde el 1 de enero de 2011, a prácticamente no tener que tributar por el mismo en el supuesto de familiares directos.

Así, con carácter general, ya no se tributa por la herencia recibida por la muerte del cónyuge, de un descendiente o ascendiente directo (abuelos, padres, hijos y nietos), con independencia del valor patrimonial de los bienes que se transmiten.

En concreto, la no tributación se articula mediante la aplicación de una bonificación del 99% de la cuota del impuesto de sucesiones para las transmisiones realizadas a favor del cónyuge, descendientes o descendientes (grupos I y II de parentesco), así como para las cantidades que éstos perciban como beneficiarios de seguros de vida (bonificación introducida por la Ley 3/2011, de 8 de junio).

PATRIMONIO

En Catalunya se elevó el mínimo exento de gravamen en el impuesto sobre el Patrimonio hasta 700.000 euros, que era el nivel general aprobado en otras comunidades autónomas. También, se introduce una bonificación aplicable a las propiedades forestales. Este mínimo exento y esta bonificación se aplicaron retroactivamente al ejercicio 2011. Solo Madrid, Valencia y Baleares rechazaron aplicar en su territorio este tributo que grava las rentas superiores a 700.000 euros.
Este tributo se puso en marcha en 1979 con carácter extraordinario y se mantuvo en vigor hasta 2008, cuando el Gobierno de Zapatero lo suprimió. La ex ministra de Economía, Elena Salgado, lo recuperó en 2011 para los ejercicios de 2012 y 2013 y elevó el umbral a partir del cual el contribuyente está obligado a declarar de 108.182,18 euros a 700.000 euros.

TRANSIMISIONES

En la actualidad también existe el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que afecta a la vivienda habitual o sus derechos reales de familia numerosa, de persona con minusvalía reconocida o de menores de 32 años (5%);  con protección oficial (7%); inmuebles urbanos y rústicos (8%).

GRANDES SUPERFICIES

Cataluña podrá cobrar el impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales, que aprobó por ley el Parlamento el año 2000, y que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de José María Aznar en el 2001. Ahora, el Alto Tribunal lo ha declarado constitucional y, por tanto, la Generalitat podrá recaudar el dinero a partir de este año y, además, ingresar la cantidad que los establecimientos le adeudan.

El Impuesto grava la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales, con una superficie de venta igual o superior a los 2.500 metros cuadrados como consecuencia de estar implantados en grandes superficies, dado que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a hacer que aquéllos tengan una posición dominante en el sector y puede generar externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente, cuyo coste no asumen.

El impuesto queda afectado al fomento de medidas para la modernización del comercio urbano de Cataluña y al desarrollo de planes de actuación en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales.

El TC acepta que el IBI y el IAE no tienen un hecho imponible idéntico. Hasta ahora, el tributo ha estado vigente, pero la mayor parte de los operadores de grandes superficies presentes en Cataluña se negaban a pagarlo, si bien presentaban aval por el importe que les quedaba asignado.

DEPÓSITOS BANCARIOS

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto aprobado por el Gobierno catalán en funciones que grava los depósitos bancarios y esperará hasta que se apruebe el nuevo tributo sobre las centrales nucleares para llevarlo también ante el árbitro de la Constitución.

Esta nueva medida tributaria de la Generalitat, que tiene como objetivo que afecte a las cajas y bancos que operan en Catalunya y que incluye una cláusula "para que no afecte a los clientes", aunque no ha concretado como van a garantizar que ello ocurra. Con este nuevo impuesto, el Gobierno catalán prevé recaudar 500 millones de euros en un año.

La nueva medida es una respuesta a la decisión del Gobierno de fijar un tipo impositivo al 0% sobre los depósitos bancarios con el fin de evitar que las autonomías pudieran legislar en esta materia.

PISOS VACÍOS

El ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía Pedro Solbes descartó en 2007 la imposición de recargos a las viviendas vacías en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el fin de dinamizar el mercado del alquiler, pero precisó que las comunidades pueden adoptar algún tipo de canon en este sentido si así lo estiman oportuno, lo que da idea de que es una de las medidas que menos problemas legales puede plantear.

IMPUESTO SOBRE LOS GASES CONTAMINANTES

Regiones como Murcia o Andalucía ya disponen de un Impuesto sobre los Gases Contaminantes. La contaminación del aire es un ejemplo de lo que los economistas llaman externalidad negativa y han considerado que es posible utilizar mecanismos basados en el mercado para conseguir una conducta eficiente por parte de las empresas. Las soluciones basadas en el mercado para resolver las externalidades del medio ambiente son de tres tipos: multas e Impuestos, subvenciones para la reducción de la contaminación y permisos transferibles.

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