edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
03/11/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Chávez acelera la 'liquidación total' antes de las ‘vacas flacas’: apura a Pdvsa y exprime las reservas y la banca

La Ley de Banca llegará con más créditos obligatorios; la de Valores, con una Bolsa estatal; la de Inmuebles con derecho a expropiación de obras
Ni expropiaciones por 24.000 millones de dólares ni el control de precios impiden un desabastecimiento del 14% y una inflación agrícola del 44%
Ana Zarzuela

Cuenta los días y las leyes, una decena verán la luz en un mes en Venezuela. Chávez juega al doble o nada con la ‘agenda del remate’ para agotar su hegemonía monocolor parlamentaria, antes de que el 5 de enero, los 65 diputados opositores de la MUD le arrebaten la mayoría cualificada que necesita para legislar a medida. La ‘revolución’ -advierte el Presidente- sigue adelante, ahora a doble carril, el de las urgencias de liquidez (para aumentar en un 28% el gasto) y el de las prisas por taponar las vías de agua de su modelo: inflación, escasez de divisas, devaluación. Se le acabaron las ‘vacas gordas’ ahora que los dilemas de Pdvsa -seguir nutriendo al Fonden y aumentar su endeudamiento o reponer inversión y operación- dejan en riesgo de colapso a la ‘gallina de sus huevos de oro’, ya incrementó en dos años un 40% su deuda. Chávez se ha ‘bebido’ más de 850.000 millones de dólares en hidrocarburos, pero, acabada la resaca del boom del crudo, Fondén agotó recursos y los ingresos petroleros ya sólo alcanzan al 42% de las necesidades de los PGE 2011. Su modelo productivo convierte a Venezuela en el único país de la región en el que el PIB decrece y la inflación sobrepasa el 20% y con cada avanzadilla de intervencionismo, Chávez se condena a diluirse, con él, en la ‘liquidación total’.

La intervención bancaria necesita nuevas obligaciones para mantener un modelo ‘social’ que ya no encuentra liquidez en las cajas públicas; la reducción del encaje legal del Banco Central, la escasez de dólares de Cadivi y del Sitme y las emisiones de bonos le disparan otra nueva devaluación en ciernes.

A Chávez se le estrecha su juego de ‘cajas’, (con Pdvsa al frente y las empresas nacionalizadas como la telefónica CANTV y el Banco Bicentenario heredero de el Santander como nuevos ‘aportantes’) y el zigurat de su cadena de Fondos Públicos a medida, hasta el punto de que en la nueva ley de Financiación, -que apunta a un incremento del 28% respecto a 2010, neutralizado por un nivel al menos similar de inflación-  por primera vez un 58% del presupuesto tendrá que ser financiado con ingresos no petroleros: recaudación tributaria y endeudamiento público.

Morgan Stanley le acaba de encender las luces rojas: en lugar de reservas está acumulando deuda; cerrará el año con una demanda de dólares de 61.000 millones y 65.000 para 2011 y, hasta ahora, todas sus divisas llegan sólo por la puerta petrolera. Sus urgencias de mayor liquidez respiran por las heridas de Pdvsa: sólo con una previsión de barril a 40 dólares (muy por debajo de las previsiones de la industria y del precio real a un promedio de 63 dólares) han podido encajar en la Ley de Presupuestos los ingresos previstos el próximo año para Petróleos de Venezuela, para que el importe final no deje ver que la producción del gigante estatal no es de 3,1 millones de barriles por día, sino apenas 2,3 según la OPEP.

Para septiembre ya no había recursos a favor del Fonden de los 1.297 millones que existían en julio. El Fondo Nacional de Desarrollo creado en 2005 ha recibido 67.000 millones de dólares en sus cuatro años y medio y, según el ministerio de Finanzas, ha financiado más de 600 proyectos, pero no publica informes financieros oficiales. Con unas reservas que ha caído en 6.680 millones de dólares en lo que va de año, (casi un 20%), a Chávez, otra vez, le faltan ‘billetes verdes’. Este año, ya las necesidades de financiación del Gobierno se han cubierto en un 80% con emisiones de deuda local, hasta un total de deuda de 64.000 millones de dólares, el 54% de deuda pública. La Ley Especial de Endeudamiento alcanza 54.000 millones de bolívares, que serán aprobados por la Asamblea Nacional en las próximas semanas. Los fondos acumulados entre 2005 y 2009 y el acceso a ocho ‘cajas’ a medida (Fondo Miranda, Fondo Chino, Fondespa, Bicentenario, Ganancias Súbitas, Miranda, Mao etc.) han estado reduciéndose y en buena parte ya fueron utilizados en 2009. Para financiar gran parte de los créditos adicionales, el Gobierno cuenta con el Fondo Miranda (que suele recibir los excedentes de ejercicios pasados y los ingresos adicionales), pero en el primer semestre del año se autorizaron operaciones extraordinarias por 13. 000 millones de bolívares y ante ese monto de créditos, la disponibilidad del Fondo Miranda se encuentra en 2.500 millones de bolívares.

FIEBRE DE INTERVENCIONES

En Miraflores aún no han digerido la expropiación de la mayor productora de plásticos -Owen Illinois-, la mayor de fertilizantes -Agroisleña-, la siderúrgica Sidetur (aunque ha cumplido con la congelación de precios congelados desde diciembre de 2006), las 200.000 hectáreas de tierra que hasta octubre eran propiedad de la Compañía Inglesa (de Vestey) y las casi 200 empresas intervenidas -en su mayoría por la fuerza militar y sin proceso judicial previo- durante 2010, una veintena de ellas sólo en el último mes. Aún tienen nueve semanas de hegemonía y prometen ponerle apellidos propios a todo lo que se pueda: ya hay -advierten en el Palacio y en los mapas del ministro Giordani- otra treintena de empresas de energía, telecomunicaciones, industria y banca, en la sala de espera de nuevas intervenciones. En cabeza, -nada menos que la estadounidense Cargill y Polar y -aviso para navegantes- cualquier banco que “no colabore en el desarrollo del país” otorgando créditos.

Si la Ley de Contrataciones permitirá al Ejecutivo venezolano hacerse con las construcciones encargadas por el sector público que estén paralizadas, la Ley de Emergencia y Regulación de Tierras Urbanas le permitirá incursionar en un terreno hasta ahora más correoso para la intervención estatal: será la administración la que pueda ‘tomar’ edificios y conjuntos residenciales que el sector privado no haya acabado de levantar, obras paralizadas y la que defina el valor de la expropiado, en lugar de la Asamblea Nacional, como estaba previsto en la llamada Ley Impabi. La Ley de Clínicas Particulares y la de Seguros Médicos y, pondrán precios públicos a los servicios sanitarios privados e impedirán la ‘tercerización’ de servicios. Con la Ley de Seguros espera llegar allá donde no pudo con la constitución de la estatal Bolivariana de Seguros. Y si la nacionalización de los bancos -más de una docena de mediano tamaño en el último año y medio- le ha abierto las puertas a un boom de créditos fáciles y baratos dirigidos a voluntad, Hugo Chávez promete hacer de la nacionalización de las grandes empresas de fertilizantes, distribuidoras y supermercados, la alfombra roja a precios controlados y un modelo de distribución estatalizada.

El mismo, por cierto, que como recuerda ahora la patronal Fedecámaras, Conindustria  y las organizaciones sectoriales, ha terminado por consumar la paradoja del intervencionismo bolivariano: expropiar 195 empresas sólo este año, la mayoría vinculadas al sector energético e industrial (de las 370 grandes y medianas compañías nacionalizadas desde 2003), sin el pago de compensación en la mayoría de los casos y, a cambio, ver cómo la inflación se dispara por encima del 20%, los precios agrícolas suben un 44% en lo que va de año, las inversiones se espantan y el desabastecimiento trepa al 14% de los servicios básicos en un modelo que depende cada vez más de las importaciones. Si los cálculos del Coordinador del Programa de Liderazgo y Visión son ciertos, la avanzadilla gubernamental se ha hecho ya con 762 expropiaciones sólo en los últimos cuatro años -550 de ellas a fincas-, un total de al menos 1.750 empresas de todos los sectores, según la Asociación de Liderazgo y Visión, pero según Ecoanalítica no ha abonado ni un tercio de los 25.000 millones que debía haber destinado a compensaciones. Queda pendiente, por ejemplo, pagar a los dueños de las cadenas Éxito y Hilton ($ 720 millones), a las empresas cementeras (1.900 millones de dólares), Sidor (900 millones pendientes por pagar de la indemnización total por 1.970 millones de dólares), las petroleras Exxon, Conoco y Eni (7.250 millones), las contratistas petroleras (1.950 millones), las petroquímicas (620 millones), las contratistas de CVG (1.300 millones), Cargill (5 millones) y Gold Reserve (1.900 millones).

Mas aún: ni la movilización de más de 600.000 toneladas de comida en 2009 -aunque ahora sólo reconozcan que se repartieron 190.000- para subvencionar la cesta de la compra de los venezolanos a través por cierto del ‘brazo alimentario’ de Pdvsa, Pdval, ni el control de los silos de cereales por parte del Estado, ni la intervención en más de 3.000 pequeñas empresas de alimentación y distribución con la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, o la nacionalización de los gigantes del sector como la cadena de hipermercados Éxito (de capital galo, hoy Hipermercado Bicentenario) y Cada (ahora Abasto Bicentenario), los galpones y las amenazas a Polar (la empresa más grande de alimentos y bebidas, generadora del 4% del PIB no petrolero) y el decomiso de 114.000 toneladas de alimentos y nacionalización de la empresa Monaca (de accionariado español) han contenido el doble tentáculo del desabastecimiento y la inflación, que según los analistas locales cerrará el año en torno al 35% en su cota interanual. Ni el control del precio básico de los alimentos fijado por el Estado en un país en el que el 80% del consumo es de importación le ha podido poner ‘puertas al campo’. Todo lo contrario: los controles desincentivan la inversión y la producción y cuando se aplican los ajustes, los precios se disparan más aún. Lo han hecho los agrícolas, más de un 44% en este año. De acuerdo con el instituto CENDAS, el precio de la canasta básica se ha incrementado un 46% en los últimos doce meses y duplica ya el salario básico. Lo sabe el propio Presidente venezolano, tiene que darle cada vez más velocidad a la locomotora del mismo modelo -intervención, tejido estatal hipertrofiado, producción agostada, inflación creciente- que lo ha llevado hasta aquí. No es casualidad que, en la nueva Ley de Presupuestos 2011, tenga que destinar más de 4.800 millones de bolívares a buscar la seguridad alimentaria y se haya lanzado a la expropiación de grandes empresas de alimentos (como Aceite Diana), distribuidoras (como Quinta Crespo), o comercializadoras finales. Tampoco, que haya acelerado la entrega -a dedo-de la mayor mina de oro del país, Las Cristinas.

Por eso, a la vista de las huellas públicas en el Metro de Caracas, la propia Corpoelec, Sidor, o CANTV, se lo han recordado ahora los analistas locales tras la expropiación de la estadounidense Owen Illinois (también este mes): la vocación del Estado-Empresario no garantiza la viabilidad de una compañía que controlaba más de un 80% de la producción y el consumo nacional de envases de vidrio, un sector con cotas tecnológicas muy altas.  Lo saben en Venoco -la mayor petroquímica del país- recién intervenida ‘manu militari’, o en Fertinitro, la mayor productora de fertilizantes, urea o amoniaco (con un 35% de la estadounidense Koch), y en Agroisleña, hoy rebautizada bajo gestión pública como Agropatria después de semanas de acusaciones de “oligopolio”, “venta de transgénicos” y hasta “envenenar” a los consumidores: la expropiación -por sorpresa y sin ningún espacio oficial de negociación- de la compañía de un 92% de capitales canarios, deja en manos del Ministerio de Planificación a la mayor proveedora del país, con y con ella, la potestad -prevén en los despachos del ministro Giordani- de dosificar la producción agrícola nacional y sus precios. Han empezado a cuajar, con ella en ristre, las ‘sintonías’ de su nuevo modelo agrario.

No es casual que, apenas una semana después de la expropiación, Chávez, además de forzar una rebaja media del 40% en los precios de Agropatria, asignó directamente 565 millones de bolívares para que el Banco Agrícola financie a los productores de Agroisleña (que producirá además uranio para cumplir el convenio con Rusia), además de establecer la obligación de conceder créditos a un 8%, lejos de la tasa indicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), del 13%. Ya en septiembre -a pesar de contar con el 35% de todos los créditos vencidos de la banca venezolana- compró títulos por 466 millones de bolívares y dio créditos por 298 millones como si fueran de inversión. Ni que el ‘Gobierno Bolivariano’ acelere ahora un marco legal a medida para el modelo de “comunas” nacionales (hoy ya son 217 constituidas de facto), que fue reprobado en el referéndum de 2009, pero que se ha ido imponiendo, con el gota a gota de fondos y subvenciones recibidas primero por los consejos comunales y ahora por el nuevo modelo de comunas. Ya hay 52 bancos de la comuna con recursos públicos y una Comisión Presidencial y desde 2011 se acaba de establecer que los municipios deben designarles partidas presupuestarias, a pesar del vacío legislativo. Una laguna que pretende llenar ahora la nueva Ley Orgánica de Participación y Poder Popular y la Ley de Economía Popular para promover -según las intenciones oficiales- empresas “de propiedad social” y poder así zambullirse en las posibilidades que abrió el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (2007-2013), que esperaba, para este momento, haber impulsado un boom de la “propiedad social de los medios de producción”.

CHÁVEZ, REHÉN DE LA ÚLTIMA VUELTA DE TUERCA A SU LABERINTO

En Miraflores y, sobre todo, en la bitácora del ministro Alí Rodríguez comienzan a pesar los indicadores macroeconómicos. Por más que el ministro Giordani prometa que son sólo los últimos coletazos y que la recesión acabará en el primer semestre de 2011, ni todos los esfuerzos del Presidente Chávez y sus promesas de facilidades al consumo de neveras, o ‘cocinas rojas rojitas’ pueden opacar que a Venezuela se le ha subido la ‘fiebre’ de la estanflación. A pesar de los precios estables del crudo en torno a 70 dólares el barril, el es el único país de toda Latinoamérica con un crecimiento negativo. Son las propias cifras del Ejecutivo las que reconocen que, después de haber caído ya un 3,3% en 2009, el PIB se contrajo un 5,8% durante los seis primeros meses de 2010, a contrapié de todos sus vecinos al sur del Río Grande y el FMI proyecta un declive al cierre del año del 2,5%. Nada que impida que el desempleo la inflación se haya disparado hasta un 19,9% durante el primer semestre del año y que vaya a cerrar 2010 en torno al 35%.

Cosas del “capitalismo salvaje” dicen en la Presidencia venezolana, para explicar la “rebeldía” de las divisas, el mercado paralelo de dólares, su demanda y sus precios; la geografía de la escasez de bienes básicos, la persistencia de la inflación, o los recelos de los inversores internacionales y las compañías multinacionales. Nada -prometían desde junio los planes del ministro Jorge Giordani- que no pudiera contener su “guerra a los especuladores”. El Gobierno se ha lanzado a ella en todos los frentes durante el último semestre, pero ahora agota todos los cartuchos. En el frente cambiario, tras un tercer modelo en manos del Banco Central y la intervención de 24 firmas de “corretaje” y casas de bolsa a la que se acaba de sumar ahora la intervención, la semana pasada de la Casa. En el productivo, con una oleada de expropiaciones, denuncias e intervenciones, más de 3.000 sólo en el sector alimentario. En el político, con la propuesta de hacer realidad su modelo de “economía socialista”, de “propiedad con beneficio social” que no pudo conseguir respaldo electoral en su propuesta de reforma constitucional y que ahora impone de golpe en la Asamblea Nacional. Pero en el que se prometía el ‘reino’ anticapitalista de Occidente, los ‘daños colaterales’ de su guerra al dólar  le recuerdan a Chávez que es el primer rehén de un laberinto acotado por la estatalización de los medios de producción y la reducción del mercado de capitales. El presidente venezolano ha terminado por lastrar lo que interviene: ha engendrado en el Banco Bicentenario a un gigante con tasas de morosidad en el entorno del 20%; Pdvsa redujo su producción en un millón de barriles; perdió  un 35% de beneficios en la ‘era Chávez’, sus ingresos cayeron  un 42% (hasta 4.600 millones, menos de la deuda pendiente con proveedores), y aporta un 76% menos que hace dos años a fondos sociales.

Además, con cada vuelta de tuerca  la liquidez y la libertad del sistema financiero, deshace lo que le había costado meses tejer al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Tras el esfuerzo del BCV por mantener la liquidez monetaria sin alzas, lograr cierta estabilidad en las reservas internacionales y revertir las carreras del tipo de cambio paralelo, las expropiaciones y la rebaja de la liquidez del sistema -sobre todo la estrechez de divisas del Sitme- obligarán a muchos grandes empresarios a liquidar algunas posiciones en moneda dura, para pagar utilidades y bonos decembrinos. Después de más de una década de esfuerzos, Chávez ha terminado por levantar uno de los únicos once modelos del mundo de control cambiario (que lo hermanan con China, Myanmar, Libia, Cuba, Túnez, Zimbabwe o Paquistán), pero con un dólar de techo en techo y que lo deja con escasez de billete verde para la revolución. Los analistas venezolanos advierten que tal como están las reservas internacionales de Venezuela -29.000 millones de dólares, apenas para cuatro meses de importaciones- y la demanda existente de divisas, tanto para el pago de acreencias, como para las importaciones de bienes y productos (que supera en un 33% la capacidad disponible), el país se encamina hacia una nueva devaluación. El volumen requerido de reservas en divisa extranjera en estos momentos en el país debería ubicarse entre 65.000 y 70.000 millones de dólares. Eso indica que la disponibilidad está en 41,42% por debajo de los montos requeridos.

A la baja disponibilidad de divisas en relación con los requerimientos se agrega la creciente deuda externa, tanto de la Nación, como de la industria petrolera, principal generadora de divisas en el país. Si se le suma a la deuda actual la emisión de Bonos de Pdvsa por 3.000 millones de dólares, la deuda del país se ubicará en 112.000 millones de dólares, eso equivale a cuatro veces, las reservas totales y a ocho veces las operativas. Chávez sólo huye hacia adelante en una crisis que no es coyuntural, ni responde sólo a las fluctuaciones del precio del crudo y que cumple, paso a paso, la senda de las advertencias que le hacía justo antes de las elecciones, un informe suscrito por 26 economistas y ex ministros venezolanos: “el peso de la deuda pública externa se eleva en forma acelerada: los bonos, las diversas modalidades de ventas de petróleo a futuro contra dinero en efectivo para gasto inmediato, los mega-prestamos sin discusión ni aprobación en la Asamblea Nacional, los pasivos del BCV y contingentes por estatizaciones pendientes, permiten estimar en aproximadamente 112.000 millones de dólares la deuda pública externa para finales de 2010”. Venezuela se ha convertido en una “economía de puerto” que ahora no encuentra cómo contener.

LA ÚLTIMA ‘PINZA’ BANCARIA

Ni las promesas a la Asociación Bancaria -apenas quince días antes- de no seguir con intervenciones al sistema financiero, ni la ‘digestión’ aún pendiente de los bancos nacionalizados (sólo el  20% de los clientes afectados ha recibido sus fondos), han impedido que, de nuevo, el ministro Ali Rodríguez tenga que lanzarse a ejecutar otra partitura de expropiaciones, esta vez con el Banco Bancoro -aún de destino incierto-, a pesar de que con la estatalización del icono del estado Falcón, fundado hace seis décadas, ha llegado la zozobra financiera a esa región. Y ni los 2.500 millones que Fogade ha tenido que desembolsar sólo en los dos últimos años por bancos intervenidos, han impedido que la banca pública enseñe sus zozobras. Todo lo contrario. Hoy que tiene casi un 40% del tejido financiero en manos públicas, a la vista de la morosidad de la banca pública -por encima ya del 8% de media, el 17% en el Bicentenario o el 49% en el Industrial- y de sus niveles de intermediación, a Miraflores le urgen las entidades privadas.  Miraflores busca como mucho un sistema con siete bancos grandes y un par de aseguradoras. Quieren más agencias para llegar con más bancos a los Estados (regiones), poder dar créditos allá donde no llega la banca pública y estirar los programas sociales allá donde ni Pdvsa ni el Fonden alcanzan ya. En el despacho de Ali Rodríguez y el ministro Ortega, la consigna es ya sacudir todos los bolsillos pendientes de la banca privada, sólo tienen ojos para los 2.615 millones de dólares de beneficios que se anotaron en 2009. Los bancos privados deberán pagar un interés sobre el efectivo retenido en los cajeros; deberán atender a los clientes en menos de 30 minutos, o asumir las compensaciones en caso contrario. Y, sobre todo, en la mesa del PSUV y la Asamblea Nacional espera para ver la luz la Ley de Actividad Bancaria -que reemplazará a la Ley General de Bancos- y con ella la propuesta para tocar las reservas internacionales, meter la mano a los “excedentes” del BCV, aumentar las obligaciones crediticias con programas públicos -de más de un 47% ya hoy-, mover de nuevo el techo y el suelo de las tasas de interés y elevar del 3 al 10% la obligatoriedad de concesión de microcréditos. El Banco Central acaba de reducir por segunda vez en tres meses el encaje legal, del 23 al 20% y finalmente al 17% para liberar recursos, pero les escasea la liquidez bancaria, lastrada por la emisíón del bono Pdvsa 2017 y el incremento de la demanda crediticia, no sólo la estacional, sino la rebotada de las nacionalizaciones y las obligaciones impuestas desde Miraflores. Al fin y al cabo, son los siete primeros bancos privados los que acumulan el 66% de la cartera crediticia. Y, si tras la reforma del Banco Central ya tuvieron que someterse a un nuevo modelo, ahora el Supervisor Bancario, Sudeban, prepara una nueva resolución que prohibirá a los directivos de bancos formar parte de la junta administrativa de instituciones financieras.

Después de dos años de nacionalización intensa que abrió la espita con la “compra estatal” del hoy Banco de Venezuela de manos del Banco Santander, las siete entidades mayores manejan un 66% de la intermediación crediticia y la banca pública no ha conseguido situar más que a dos de sus entidades -obligadas a tasas crediticias 9 puntos por debajo del resto- en el top de las diez líderes en rentabilidad, activos y captaciones del público. Es verdad que, como anuncia Ministro para la Banca Pública -y presidente del Banco de Venezuela- Humberto Ortega, a golpe de captación de los clientes que naufragaban en las otras expropiaciones bancarias, el Banco de Venezuela ha conseguido hacerse con el liderazgo de las captaciones de ahorradores -cuatro millones de clientes y 40.500 millones de bolívares-. Pero aunque ha escalado en el tercer trimestre puestos, aún permanece el 19º entre las 30 instituciones financieras del país por ingresos y beneficios y sólo representa el 14,5% de las utilidades.

CHÁVEZ AGOTA TAMBIÉN LAS BAZAS ENERGÉTICAS

Pdvsa está también de liquidación. Lejos quedan los techos de su internacionalización, allá por los ochenta, cuando adquirió paquetes accionariales en tres refinerías germanas. Tras la venta en 2006 de la refinería Lyondell y dos años después de dos en EE UU, a Petróleos de Venezuela le quedan pocas ‘joyas’ por vender  fuera de casa, pero está dispuesta a hacerlo. Hay urgencia de liquidez. Aunque oficialmente sólo contribuía con un 60% a las arcas públicas, los dilemas de Pdvsa -seguir nutriendo al Fonden y aumentar su endeudamiento o reponer sus planes de inversión y de operación- le ponen líneas rojas al motor de todas sus revoluciones. Y dejan en riesgo de colapso a la ‘gallina de sus huevos de oro’, Pdvsa, empujada ya a hacer malabares con su terna de obligaciones ‘bolivarianas: asumir pasivos acumulados y futuros para reponer producción, aportar a la caja fiscal del Gobierno y sus planes comunitarios y contribuir a la oferta de bonos de deuda del Ejecutivo para aliviar la crisis cambiaria. La gira por Europa Oriental, Asia y África del presidente Hugo Chávez -la que sus opositores han bautizado ya como la gira de la liquidación- deja como saldo, amén de media docena de Leyes de Convenio bilateral con China, Cuba, Rusia, Bielorrusia (200.000 barriles adicionales aunque Venezuela no tiene suficiente para surtir a Pekín y EEUU)), Siria (4.000 millones para una refinería aunque es excedentaria), o Portugal -que la oposición con sus 65 escaños no podrá echar ya atrás- la venta de la refinería alemana de Ruhr Oil- a un precio aún por fijar, según la propia administración, pero inferior al de Lyondell hace ya cuatro años y menos de la mitad de los 3.600 millones de dólares de su propia compra más inversiones- y la puesta formal en el escaparate de todos los activos de Citgo en EEUU, por los que el ministro Ramírez pretende cobrar 10.000 millones de dólares. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos ya impone compromisos sociales que ahora se verán incrementados para los socios comerciales de Pdvsa. No sólo es que Venezuela vende este semestre un 34% menos al conjunto de sus vecinos en toda la región, además de una caída general de las exportaciones del 39% durante todo 2009 y un bajón de las exportaciones de crudo (desde 2,43 mbpd en el segundo trimestre de 2009 a 2,29 en los tres primeros meses de 2010). Es que, a la vista de las urgencias crediticias y el nuevo préstamo con fines energéticos de 20.000 millones de dólares (que suma y sigue al que lograron hace tres años), China se ha convertido ya en el cliente preferencial de Pdvsa, en detrimento del vecino del Norte, a ella tendrá que dedicar desde 2012 un millón de barriles diarios, hoy un 40% de su producción: los envíos de productos petroleros norteamericanos han caído un 60% interanual a cifras de junio, el mínimo desde que las autoridades norteamericanas llevan registro. Y ni la oposición venezolana ni Pekín olvidan además que al menos unos 10.000 millones de dólares (la mitad e ellos en renminbi) esperan ser destinados a proyectos de cooperación conjunta.

Citgo -su brazo americano- con 2.402 millones de dólares de deuda propia, perdía 200 millones de dólares en 2009 y, durante los primeros cuatro meses de 2010 ya acumuló rojos que superan los 120 millones: ya no puede ser ni siquiera el tentáculo para la pesca financiera de Pdvsa en las plazas internacionales. A la vista del repudio en los mercados y de las advertencias de los bancos de inversión y las agencias de rating (Fitch lo ha rebajado a B+), Citgo -con dos líneas de crédito por 1.100 millones de vencimiento próximo- ha tenido que desistir de su idea original de emitir 1.500 millones de dólares en Bonos Globales, emitir sólo 300 y recurrir a préstamos bancarios en dos créditos por 1.200 millones de dólares. Ni siquiera el uso como garantía de tres de sus refinerías fue suficiente. Si la ‘diplomacia amiga’ ha terminado en repliegue, la batalla energética contra el enemigo del Norte, una que aspiraba a ganarle la carta de la dependencia y convertirse en el ‘caballo de Troya’ del crudo y los derivados del segundo mercado mayor del mundo, pinta bastos para Citgo, el brazo americano de Pdvsa. Por primera vez, la consigna oficial desde Miraflores es que “no es rentable ya”.. Ni un circuito refinador con ocho grandes plantas -tuvo que desprenderse ya de tres- ni 13.500 estaciones de servicio, ocho oleoductos, presencia en 27 estados y los galones del tercer operador de refinerías independiente del país esconden la erosión de su peso, su rentabilidad y su músculo financiero. Venezuela produce cada vez menos crudo pesado y tiene comprometido -a golpe de acuerdos crediticios- cada vez más con China. Las exportaciones de derivados venezolanos a EE UU cayeron un 72% desde 2006, hasta los 97.000 bpd y desde 2005 EE UU no ha recibido ni un barril de gasolina reformulada de Venezuela, según la EIA estadounidense.

La crisis del sistema eléctrico, después de ocho meses de la emergencia nacional, es sólo otro espejo para las contradicciones chavistas. Ni las lluvias que llenaron ya el Embalse de Gurí -del que depende un 70% de la generación hidroeléctrica y al que se achacó el colapso inicialmente- ni la inversión prometida por la Administración han servido para alcanzar los 4.000 megawatios adicionales que necesitaba sumar  en un año. Todo lo contrario: el Plan de racionamiento ha desembocado en un ahorro del 6% del consumo eléctrico nacional y, al calor de los problemas de mantenimiento, las limitaciones de la red de distribución y los efectos colaterales de la sobreexplotación de las turbinas ya conectadas, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha incrementado en un 106% las interrupciones mayores a 100 Mw respecto al periodo enero-septiembre de 2009. Y La hidroelectricidad aportó 6.359 Gwh en julio, un 12,5% menos que en 2009, mientras la generación termoeléctrica apenas subió un 4,6% según Opsis (Oficina de Operación de Sistemas Interconectados), apenas la quinta parte de lo preestablecido por las autoridades energéticas, que buscaron en las carreras termoeléctricas las alternativas para superar el colapso. Nada que, en los mapas de Chávez no se pueda solucionar con la misma receta: la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, ya en capilla en la Asamblea Nacional, pauta una “gestión socialista” para Corpoelec, la Coporación Eléctrica Nacional y permitirá que los consejos obreros puedan controlar las actividades de generación, transmisión y distribución de Cadafe.

 

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