edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
08/04/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Chávez arruina a la banca pública y busca levantar su reino financiero con la rentabilidad de la privada

Sólo el Estado -con nueve bancos y dos aseguradoras- conservará un grupo financiero completo; Botín tendrá que desprenderse de Valores Santander y BBVA de su Casa de Bolsa
Ana Zarzuela

Marca sus nuevas tablas de la ley a sangre y fuego, en las espaldas de la banca. Ahora que su nueva Ley Orgánica del Sistema Financiero ha pasado el visto bueno de la Asamblea en primera discusión, Chávez tiene ya lista la nueva ‘revolución’ que pensaba haber levantado en 2007, pero que la derrota en el referéndum constitucional de 2008 le dejó en el congelador. Miraflores trató de gestar primero su propio gigante financiero tras la compra del Santander y la incorporación de una decena de entidades medianas intervenidas en el último semestre. Pero a la vista de los números rojos del Bicentenario, de la morosidad de la banca pública -por encima ya del 20% de media- y de sus niveles de intermediación, a Miraflores le urgen las entidades privadas, tienen a mano también el 70% de los papeles del Estado y quiere beber en su rentabilidad.

Por ahora, nada de nuevas ‘digestiones’, Chávez promete  ordeñar a la banca comercial con su ‘diezmo’ a las ganancias, una cartera obligatoria de créditos ‘productivos’ aún superior al 47% actual, exigencias de bancarización y nuevos niveles de intermediación. Lo hará además por la puerta de la legislación orgánica  y bajo la mano de un nuevo organismo supraregulador, el Osfin (Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional), llamado a controlar -gracias a la composición dictada por el Ejecutivo- no sólo al regulador Sudeban y al Banco Central, sino a las aseguradoras y el negocio bursátil. Los bancos no podrán tener ya participación en seguros ni casas de bolsa, ni siquiera con socios multinacionales. Nada de detalles, los perfilarán sobre la marcha: ni en las mesas de Pedro Rodríguez, Goguikian, FG y Botín saben mucho más que ya ha comenzado el ultimátum para 15 consorcios privados del país: desde la hora de su entrada en vigor, dispondrán de 180 días para disolverse y deshacerse de sus aseguradoras y sus empresas de mercado de capitales si quieren mantener sus brazos bancarios.

Ha cocinado durante semanas en los fogones de Ali Rodríguez primero y ahora del titular de Banca Pública, Eugenio Vásquez -el presidente del Banco de Venezuela desde su nacionalización-  la reforma del sector. Con la vista puesta en atajos de inversión extranjera como los del Provincial y el Santander, la Asamblea Nacional retocaba la versión original de la Ley y extendía su prohibición a todos los grupos financieros. No hay compradores dispuestos y solventes para la avalancha de ventas y el ‘juego de sillas’ que se avecina para todas las empresas que tengan que desmembrarse de sus grupos financieros. Chávez no quiere outsiders venidos de fuera de Venezuela en la banca nacional, ha purgado a sus banqueros  y el resto de los que se midieron las intenciones con los enviados del Provincial ya saben que es mejor no meneallo, al menos por ahora. Sólo el Estado podrá aglutinar su presencia en más de una arista del sector. La carrera está en marcha, por más que hasta Sudeban le advierta que ni la purga a sus ‘banqueros privados’, ni la ‘digestión’ de las dos aseguradoras intervenidas por parte de la banca pública, ni la intervención en U21 Casa de Bolsa (aún con un horizonte por definir), ni la decisión de desmontar todas las operaciones de mutuos activos por parte de las Casas de Bolsa  invitan a volver a abrir el mercado de las compras bancarias.

Hugo Chávez trató de gestar su propio gigante financiero tras la compra del Santander por 1.300 millones de dólares, con nueve bancos (Agrícola, Bicentenario, de Comercio Exterior, de Desarrollo Económico y Social, de Vivienda y Hábitat, del Tesoro, Industrial y Venezuela y el Instituto Municipal de Crédito Popular) y dos aseguradoras (Bolivariana y Horizonte). Tiene más de un 30% del tejido financiero en manos públicas, y un nuevo 9% aún por ‘digerir’, pero mira a los números rojos del Banco Bicentenario (producto de la fusión del estatal Banfoandes con los intervenidos Banorte, Bolívar, Central y Confederado), con unas pérdidas de 106 millones de bolívares sólo en dos meses) y asume que la criatura de sus expectativas bancarias, forjada a golpe de intervención en diciembre para “el socialismo y el desarrollo”, le pisa ya las huellas de las cinco quiebras al Banco Industrial, hoy de nuevo en pérdidas de 188 millones de bolívares en lo que va de año, a pesar de la intervención estatal y con una morosidad superior al 43%. Botín y sus analistas de riesgos miran al día después del Banco de Venezuela, que bajo la mano del Estado ahora que capitanea el nuevo Banco Bicentenario ya ha perdido mercado, rentabilidad -un 25%- y aumentando la morosidad y se ha convertido ya en la entidad más "empapelada" del país", un 21% más que cuando Emilio Botín la entregó el 6 de julio, con una cartera de crédito vencida que durante el último trimestre se elevó al 13,3%. Peligra ya su estatus de cuarto en créditos, patrimonio y activos; tercero en captaciones y segundo en disponibilidades, inversiones en títulos valores y ganancias netas.

EL 'ROBIN HOOD' DE LA BANCA PÚBLICA, EN ROJOS

Hugo Chávez quiere hacer de la banca pública el bálsamo de sus zozobras. La caída de los ingresos petroleros ha obligado al Gobierno a acudir a las entidades financieras en busca de recursos y a guiar su bitácora al objetivo de financiar la deuda interna del Estado y darle cuerda al motor de sus ‘programas productivos’, al calor de la dependencia de las finanzas y las decisiones gubernamentales. La banca pública tiembla, aferrada al único pálpito de su supervivencia: la compra de los bonos del Estado, en una magnitud que supera en un 128% a todos los créditos concedidos. Chávez quiso hacer de ella la "caja fuerte de su reino petrolero, pero ha acabado siendo la hucha de sus miserias, de la que este año buscará sacar 4.000 millones de dólares para programas estatales. Las normas de la Superintendencia de Bancos ordenan que el capital debe respaldar los activos, como créditos y bonos, en una proporción mínima de 8%; no obstante, el Banco Industrial contaba a marzo con una proporción de tan sólo 0,16% y Banfoandes de 6,7%. En el ranking de las 10 principales instituciones, los bancos estatales ni siquiera aparecen entre los que más otorgan préstamos al sector agrícola, los dirigidos al microcrédito, al turismo y a la manufactura. Además de las entidades financieras que son reguladas por la Superintendencia, la administración de Hugo Chávez ha creado los bancos del Pueblo, la Mujer, bancos comunales y distintos fondos para impulsar la actividad agrícola e industrial, donde la transparencia es muy poca, lo que imposibilita el análisis de los resultados.

En Miraflores les duele la piel de la rentabilidad de la banca privada. La necesita. Que Chávez está dispuesto a ‘estatalizar’ cualquier banco, no es nada nuevo. El “radar” -lo advierten en Miraflores- aún no se ha detenido con las últimas diez entidades intervenidas y tras la caída del ministro Chacón, en Miraflores sólo saben que se ha abierto la veda y no hay intocables, ni dentro ni fuera de Palacio. Para el presidente es cuestión de Estado, pero no quiere incorporar ya más bancos privados al tercio del PIB que ya tiene apellidos estatales en todos los sectores productivos.

Son los bancos comerciales los que tiene más títulos valores del Estado -un 30% de sus activos están dirigidos a adquirir deuda pública-, a pesar de que el dinero del Gobierno se va cada ve más a la banca Pública, los depósitos oficiales en las instituciones bancarias del Estado aumentaron 74,6% en el último año, de 13.430 a 23.447 millones de bolívares fuertes. A la vista de la morosidad de la banca pública -por encima del 20% de media este trimestre- y de sus niveles de intermediación, a Miraflores y su mapa financiero le urgen los grifos de la liquidez privada. El sistema financiero venezolano sigue siendo más rentable que la media de la región (un 30% frente al 15%), pero en cinco años ha reducido a la mitad sus beneficios y se ha convertido ya, a su pesar, en el ‘mejor amigo’ de la revolución bolivariana: a ella tienen que destinar una media del 37% de sus préstamos, con un coste de oportunidad perdido que la patronal estima en 630 millones de bolívares al mes. Chávez se dispone a apretar sus puños sobre todo el sector, antes de que el Supervisor Bancario Sudebán tenga razón en sus avisos apocalípticos y llegue el 'corralito'.

NUEVAS OBLIGACIONES CREDITICIAS

En la mesa del PSUV y la Asamblea Nacional espera para ver la luz la misma propuesta de Ali Rodríguez para tocar las reservas internacionales, meter la mano a los “excedentes” del BCV, aumentar las obligaciones crediticias con programas públicos -de más de un 47% ya hoy-, mover de nuevo el techo y el suelo de las tasas de interés, limitar el porcentaje de activos que la banca puede destinar a la compra de papeles del Estado, elevar del 3 al 10% la obligatoriedad de concesión de microcréditos y duplicar hasta el 30% el ‘encaje legal’, por igual para todos los bancos. Chávez quiere mucho más de los bancos, se lo ha dejado claro: “la única manera de que el Gobierno siga aceptando su existencia es que cumpla con los niveles de intermediación y con se una al gobierno para el desarrollo económico del país”. Lo que, negro sobre blanco, quiere decir que impondrá exigencias de bancarización (aunque ya aumentó un 12% este año), con la obligación incluso de abrir puntos de venta en mercados o farmacias); a golpe de decreto les acaba de mover de nuevo la brújula de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sudeban) y del Banco Central de Venezuela (BCV); acaba de redefinir la reestructuración de créditos hipotecarios para que no admita el cobro del IPC y obligará a las instituciones financieras a destinar el 5% de sus ganancias a su “responsabilidad social” y a transferir el 10% de su capital social a un fideicomiso de propiedad colectiva de los trabajadores.

Tendrán que competir con la banca pública con las reglas de Miraflores y hacerlo en un tablero de juego en el que los efectos del desempleo, la recesión, la hiperinflación y ha hecho repuntar la morosidad al nivel más alto de la historia -2,61%- y, por primera vez, han empezado a empañar los galones de uno de los mercados bancarios más rentables de la región: entre enero y febrero de 2010 las ganancias acumuladas de la banca venezolana cayeron un 40,28% y la rentabilidad sobre el patrimonio descendió hasta un 9,55%, casi la mitad que en el mismo período del año pasado.

Por si las dudas, hasta el BCV quedará supeditado al Plan Nacional de Desarrollo para “alcanzar los objetivos del Estado socialista” hasta 2013 y podrá ser acreedor directo de los planes gubernamentales. Al control estatal, se suma la contraloría social en la supervisión del sector financiero. Y como denuncia la oposición, la reforma de la Ley del BCV habilita la revisión semestral del nivel óptimo de reservas internacionales, una posibilidad que le dará carta abierta al gobierno “para echarle mano” a los recursos del país. En manos del Banco Central, con la reforma de su regulación que acompaña a la Ley Orgánica Financiera, estará no sólo el grifo de la liquidación de divisas -por encima de los criterios de Cadivi y del mapa de sus disponibilidades-. En 2009 ya le redujo las divisas al sector privado en casi 20.000 millones de dólares. Sus nuevas normas serán aún más asfixiantes para el sector financiero: además de otorgar un 40% menos de divisas a los importadores en 2010, sólo permitirá ‘tocar los dólares’ a quienes tengan tarjetas con banda magnética, nada del proceso de chips electrónicos al que entre otros el Provincial se ha lanzado y que prometía tener terminado en junio de 2010.

En manos del Central, además, la llave de las obligaciones de la banca privada, que financiará su existencia con entre un 0,1% y un 0,5% del promedio de los activos de cada aportante. Ni la falta de liquidez de las entidades, ni la falta de demanda específica serán de ahora en adelante excusa para no alcanzar las obligaciones crediticias para los ‘planes productivos’ del Ejecutivo. El Central les inyectará fondos a las entidades usando como colateral los activos que tengan en créditos, o a través de la adquisición de activos bancarios. No sólo Víctor Vargas -el antiguo director de la Asociación Bancaria Nacional (ABN) y ahora presidente del Consejo Bancario Nacional- y los informes de Ecoanalítica le encienden las luces rojas: espanta la bancarización con su intervencionismo, ya en 2009 la fuga de capitales ascendió a 22.406 millones de dólares, la más alta en 13 años. Hasta la Asociación Bancaria en cuya junta directiva acaba de desembarcar a la fuerza y por primera vez en cincuenta años de historia del gremio la presidenta del Banco Bicentenario, Kimlen Chiang, a pesar de ser una asociación de entidades privadas, le advierte que debería ajustar a la baja las exigencias a la banca y sus sanciones. Por ejemplo, la norma que obliga a destinar 10% del total de préstamos a la actividad turística se ha tornado especialmente difícil por problemas de demanda, trámites complicados en permisos de Mintur y el cortocircuito oficial a los dólares para viajes fuera el país.

El Gobierno no tiene oídos para las peticiones de las principales entidades del país, que no alcanzan a cumplir los cupos mínimos de créditos al turismo, el sector agrícola, los microcréditos y todo lo que el Estado considere actividades “productivas” de interés nacional. Más aún, con la nueva regulación orgánica los seguros tendrán que crear coberturas de riesgos para el agro y el turismo  y pólizas para las comunas y constituir fondos especiales para la cancelación de las primas. En el caso de las entidades financieras, la nueva normativa limita sus funciones sólo a la intermediación (captación de recursos y realización de inversiones) y estimula el financiamiento comunal. Los bancos comerciales tendrán que promover por su cuenta planes de educación financiera y financiar a empresas de producción social y a los proyectos de los consejos comunales, a pesar de que la propia Ley les hace sitio propio a las ‘instituciones financieras comunales’ y del antecedente de la banca impulsada para “promocionar actividades económicas sociales”. La rentabilidad de los cuatro bancos de desarrollo ha seguido la senda de 2009, con un incremento de sus pérdidas del 37% en enero y febrero y una rebaja de activos del 66%. Al presidente venezolano y su equipo económico les sabe a poco uno de los índices de intermediación más altos de la región-55,32% en el primer trimestre del año-. Miraflores obligará de ahora en adelante a llegar a los bancos al 70%. Lo hará espaldas a la morosidad, la inflación prevista del 30%, las previsiones de todos los bancos de análisis y las propias zozobras que infunde en el tejido financiero, en el que por ejemplo se exige cobrar por una parte de la cartera hipotecaria 4,67% de interés como máximo al cliente, y a la par, ordena a los bancos que les paguen a los ahorristas un 16% como mínimo.

Chávez marcará las líneas rojas del interbancario, a pesar de que el tipo de interés interbancario (overnight) se ha disparado a máximos del 32% y aunque -paradojas del tablero económico bolivariano- sean justamente, las urgencias de su deuda las que ‘empapelan’ la banca venezolana. Y la concentración entre los cuatro bancos grandes bancos privado y el Venezuela, Bicentenario y Del Tesoro representan una concentración del 71% en las captaciones del público y del 67% de todos los créditos de la banca. La cartera de créditos del sistema financiero cayó en términos reales un 8% en los nueve primeros meses del año pasado, mientras que las inversiones en títulos valores aumentaron un 35%, pero no sólo porque  los bancos apuestan por los bonos -ganan dinero con ellos y no pagan impuestos- sino porque el gobierno emite cada vez más papeles.  Las instituciones públicas que en enero destinaban 46% de sus activos a la compra de papeles, al cierre de agosto dedicaron 76% de sus inversiones a ese negocio financiero y el resto quedó para los créditos.

A FG se le complica su consigna de máxima rentabilidad, la que le ha permitido casi duplicar beneficios en un año en Venezuela y hacer de ella su plaza más rentable al sur del Río Grande. Al Provincial y al Santander se les complica, por igual, la supervivencia con apellidos propios de sus casas de valores. FG consuela sus cuentas y sus calendarios: a pesar de los pronósticos de los analistas, la aportación de su filial sólo supone el 4% del beneficio del grupo -lo justo para que la devaluación del bolívar fuerte quede diluida en el conjunto-  y, con beneficios casi duplicados en un año aún es la latitud más rentable al sur del Río Grande, pero ni sus ecuaciones de prudencia -la reducción de activos, el cobro de los resultados acumulados, menos las captaciones del público, la disminución de su patrimonio y los activos y el crecimiento de sus ingresos financieros- permiten perpetuar el oasis de su rentabilidad. Menos aún poder repatriarla. Y la escasez de ‘billete verde’ planea también por partida doble sobre el BBVA Provincial, una de las entidades más afectadas por las restricciones de divisas a las tarjetas de créditos de quienes viajan fuera del país.

Chávez le ha puesto este año precio a su perpetuidad caraqueña: más de 1.100 millones en dividendos y beneficios retenidos, 7 millones de dólares en multas sólo en los 3 últimos meses del año y un 25% más en tasas. Como advierten los analistas locales, “lo que les interesa más que ser el cuarto banco en captaciones e intermediación financiera, tercero en créditos y activos, segundo en inversiones en títulos valores, capital y patrimonio, es ser los primeros en beneficios. Lo mismo que a Hugo Chávez de ellos. El Estado no será el dueño de los confines del Provincial, pero sí de su suerte: Chávez y Ali  Rodríguez esperan que ‘los españoles’ sean el ejemplo de todos los escarmientos, ahora que promete “apretar más a la banca privada” y que estrecha el lazo de la nueva Ley  sobre sus créditos obligatorios, o el apoyo debido a las actividades productivas del Estado. La entidad más rentable del país le resulta más eficaz para sus intereses si sigue en pleno rendimiento. En los despachos de Alí Rodríguez, Giordani y Vásquez buscan ya recetas adicionales, alguna fórmula extra para que salpique al Estado el 23,7% de las ganancias de la banca comercial, ahora en manos del Provincial. Desde Miraflores, además, han hecho de la sintonía con el banco español una cuestión de Estado. Lo saben ya en sus brazos diplomáticos.

El Gobierno tiene su propia teoría sobre la “oleada de desestabilización sobre el sistema bancario venezolano lanzada desde latitudes internacionales”. Y busca escudos globales para neutralizarla. Quién mejor que FG. El Gobierno ya ha dejado caer en el Provincial que quiere que sea un ‘banco de confianza’, la de la rentabilidad para Miraflores, la de los inversores extranjeros que miran a Caracas y la de la banca internacional. Algo que ni el Banesco, ni el Mercantil -los otros dos grandes de la banca nacional- le pueden dar. Si el ejecutivo ya consumó el pacto de silencio con Botín y Goguikian para su salida, buscarán reeditarlo con Rodríguez para su permanencia.

Los de FG se enrocan de nuevo en el silencio con la vista puesta en las huellas aún calientes del adiós de Emilio Botín. Desde ahora, sólo los hermanará la venta de sus Casas de Bolsa, para los de Boadilla un mal menor que ayuda a cortar los flecos que no entraron en el paquete nacionalizado en julio de 2009, ahora que ya es un secreto a voces que Botín se plantea liquidar Bancrecer, el último vestigio del Santander en Venezuela, que en 2009 perdió 5 millones de dólares y quedó reducido a una decena de oficinas, con menos de 10 millones de dólares en créditos y la reclamación de 150 millones de Víctor Vargas golpeando a sus puertas. Para los de Pedro Rodríguez, el recordatorio de que como banco “seguirán en Caracas por mucho tiempo”, como reconocía el propio Ángel Cano, en Madrid, en la presentación de resultados. O al menos, hasta que Miraflores quiera. Por si las dudas de FG, ninguna persona jurídica o natural puede comprar ni una acción bancaria sin el visto bueno de Sudeban y del Ministerio de Finanzas. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley será el Osfin el que tenga la última palabra.

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