edición: 2454 , Miércoles, 25 abril 2018
19/05/2010

Chávez ‘torea’ a Zapatero y a sus enviados y olvida un año de promesas para las empresas españolas

La visita de Iranzo a Caracas no pudo liberar los 3.500 millones de dólares de divisas pendientes para las empresas; ahora, la cerrazón al dólar permuta lo empeora
Ni rastro del acuerdo-marco en energía de 2009, Caracas aún no resuelve las expropiaciones de tierras de españoles y no hay nada nuevo para Navantia ni EADS
Ana Zarzuela

Han tratado de esconder su ausencia bajo las alfombras de Lula da Silva, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sebastián Piñera. La Cumbre de Madrid era, en los mapas de Zapatero, la oportunidad para liquidar los frentes abiertos con Venezuela, desempolvar una decena de convenios firmados que aún no se han ejecutado y normalizar relaciones en el marco del Viejo Continente. Pero el ‘ninguneo’ de Chávez a la cita euro-americana es sólo el más ruidoso de los portazos a Madrid en las últimas semanas. Ni la visita a Venezuela del secretario de Estado para Iberoamérica y sus acuerdos con Maduro evitaron la sorpresa en Madrid, ni la negociación en Caracas de la secretaria de Estado Silvia Iranzo despejó los contenciosos comerciales pendientes. Miraflores se guarda una vez más los más de 3.500 millones de dólares de divisas retenidos para dividendos y beneficios de repatriación de las multinacionales españolas. De los 2.500 millones de dólares por tierras expropiadas a españoles, ni hablar. Silencio para los impagos de Pdvsa a sus proveedores con apellidos ibéricos. Moncloa tiene sobre la mesa la ‘patata caliente’ de la expropiación de Monaca, que es parte de un holding español, pero el ‘sálvese quien pueda’ de Moratinos deja a las empresas cuerpo a cuerpo ante Chávez. Lo sabe Movistar: de Miraflores sólo ha conseguido el silencio oficial ante una amenaza de denuncia para las teleoperadoras privadas que salió de un grupo de 'espontáneos' de la Asamblea capitaneados por el diputado oficialista Landaeta, pero que Chávez trata de aprovechar para tenderle las alfombras rojas de la fabricación de móviles a dólares preferentes a la operadora estatal Cantv.

El objetivo era reactivar la negociación con MERCOSUR no sólo con el silencio de Hugo Chávez y Evo Morales, sino con su integración como ‘socios fiables’ para las inversiones españolas y europeas. Hasta el propio presidente venezolano planeó un baño de masas para el cierre de Cumbre de Madrid al calor de la ‘première’ de la película de Oliver Stone 'South of the Border' sobre los presidentes bolivarianos. Pero los planes de Chávez y sus vaivenes han terminado por despistar hasta a su propio ministro de Exteriores: finalmente, el film llegó sin presidente y la Cumbre UE-Latinoamérica ha pasado de largo sin ninguno de los dos. Si el presidente dejaba a toda la organización -incluso la suya- compuesta y sin visita, su ‘enviado’ Nicolás Maduro, nunca llegó a pisar suelo español. “Motivos de agenda”, trataba de justificar De la Vega, para desdecirse, sólo ocho horas después de que Moncloa contara de nuevo, de primera mano diplomática, con la presencia del mandatario venezolano. En el Ministerio de Exteriores no querían que nada manchara la última de sus posibilidades para amortizar las relaciones internacionales de la presidencia de la UE. Y sabían que Chávez tenía en sus manos muchas posibilidades para hacerlo.

Las fichas diplomáticas buscaban despejarse desde un mes antes de lado y lado. De hecho, el mismísimo secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia estaba seguro de haberlas dejado atadas y bien atadas durante su visita a Caracas el 28 de abril y su mano a mano con el canciller venezolano Nicolás Maduro. Incluso se le dejó en bandeja a Hugo Chávez en el último momento -aunque fuera formalmente en la bandeja de Unasur- la ausencia de presidente hondureño Porfirio Lobo (una “gran victoria” en palabras del propio presidente venezolano) para garantizar la asistencia del eje bolivariano (Ecuador, Venezuela y Bolivia). Nada suficiente para Chávez. Menos aún para salvar sus distancias comerciales con Madrid. Como el Palacio de Miraflores le había indicado explícitamente, Aurelio Martínez trató en persona de despejar sin éxito durante las últimas semanas nuevos horizontes para Navantia, ahora que ha entregado los cuatro patrulleros oceánicos contratados por Caracas, pero que sabe que el presidente Chávez aspira a grandes fragatas y ha salido a la caza de fabricantes. Y era el propio Chávez, que quería la visita de un ministro español para hablar de nuevos acuerdos, el que había pedido ver por allí a Miguel Sebastián. No pudo ser. Se conformó con la visita de la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo. Y con sus silencios para ella.

La máxima responsable del Comercio español sólo se pudo reunir con los ministros de Obras Públicas, Diosdado Cabello; de Energía Eléctrica, Ali Rodríguez; y de Comercio, Richard Canán. Y con Manuel Barroso, presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el ente gubernamental que autoriza la concesión de divisas. Precisamente el objetivo confeso de su viaje del 26 al 28 de abril era tratar de despejar al menos alguno de los frentes de batalla abiertos entre el Gobierno de Chávez y las empresas españolas; el embargo a las divisas para importaciones o transferencia de dividendos, para empezar. Pero como ella misma explicaba a medios locales, volvió a Madrid sólo con la “esperanza de avanzar en la solución”. Las empresas españolas no creen que la situación vaya a cambiar.

Ya prometían hace ahora un año en el Palacio de Miraflores abrir la mano de CADIVI a Telefónica, con 1.500 millones de dividendos, beneficios y pagos por importaciones que esperan desde hace muchos meses el visto bueno y los dólares bolivarianos para volver a casa en 2009, un tercio de ellos desde 2006-. Aunque el bloqueo pasó a ser un asunto de Estado en la Casa Amarilla y el Palacio de Santa Cruz, no llegó muy lejos. Las estrecheces de Alierta no son nada que no sufran Air Europa, Repsol o el BBVA, para los que Venezuela por momentos es una caja fuerte sin llave. Retiene más de 3.500 millones de dólares de dividendos y beneficios para repatriar y juega con su paciencia para forzar las reinversiones.  La nueva bitácora monetaria del Gobierno ‘bolivariano’ hace del ahogo de dólares una estrategia de mercado contra las multinacionales, más ahora que Cadivi sopesa recortar este año la entrega de divisas para importaciones y repatriación hasta en un 33% y que la devaluación del bolívar ha dividido a la mitad todos los pagos pendientes de Cadivi que las multinacionales habían acumulado.

LA ESTRATEGIA DE LAS DIVISAS

Esta vez han sido de nuevo los anuncios de Miraflores y los nuevos ‘deberes’ del Banco Central de Venezuela los que se han encargado de chafarle las “expectativas” a los de Castellana 160. No han pasado ni diez días desde la negativa ante Iranzo y ya en Miraflores han servido a la mesa -justo para ‘celebrar’ la Cumbre de Madrid- el siguiente ‘plato amargo’ para la liquidez y la operatividad de las compañías foráneas en Venezuela. El Gobierno de Chávez ha optado por prohibir el mercado del dólar paralelo y por limitar el acceso de las empresas al dólar permuta, al que ya ahora tenían que acudir con un sobreprecio de entre el 50 y el 100% sobre el dólar oficial, que ha tenido una ruta ascendente, porque existe una cada vez más limitada oferta de dólares. Ante el menor flujo de divisas, el BCV no puede quemar reservas. Los activos ya cayeron en 22% por los traspasos al Fonden y las reservas que se tiene son para liquidar importaciones pendientes de 2009 y pagar deuda externa. Chávez ha admitido que el alza del dólar no podía impedirse ni siquiera recurriendo a la quema de las reservas. Poco le importan a los planes de Miraflores los avisos de los analistas: de prohibir las operaciones de las transnacionales en el mercado permuta, se potenciaría el desabastecimiento.

Si ya tras las devaluación de 50% del bolívar ‘oficial’ en enero, las empresas españolas tragaron dos veces para digerir el “no pasa nada” de Moratinos, esta vez tanto los ‘heraldos’ tanto del Ministro de Exteriores como de Industria llevaban a Caracas la exigencia, negro sobre blanco, que las principales empresas del Ibex les hicieron formal en abril, en las conclusiones del Informe de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, que constituyó el año pasado una ponencia para las Inversiones Españolas en Iberoamérica: las empresas españolas ven en Venezuela -junto a Bolivia, Ecuador y Cuba- las menores oportunidades de negocio debido a la falta de seguridad jurídica, aunque “todavía es posible hacer buenos negocios” en tierras venezolanas. Pero reclamaban a Moncloa una implicación "mayor" de las Embajadas en las oportunidades de negocio y un nivel de interlocución "muy elevado" con las autoridades para consolidar las garantías legales. Una brújula que no ha cambiado en mucho el portazo del Ejecutivo de Chávez a Moncloa y a la diplomacia comercial conjunta.

Moratinos ve de nuevo -de lejos- cómo prospera la concreción de los acuerdos empresariales, cuerpo a cuerpo entre las empresas y Miraflores. Esta vez ha sido para Repsol, que sellaba la semana pasada con Petróleos de Venezuela (PDVSA) un acuerdo en Caracas con el que ambas  iniciarán la producción temprana de crudo en la Faja del Orinoco -una de las mayores reservas de petróleo del mundo- a partir de 2013. Lo otro, todo lo que depende del Palacio de Santa Cruz y su sintonía con Miraflores, tendrá que esperar, por más que el titular de Exteriores sea visto como el más cercano de los socialistas españoles para la diplomacia venezolana y le cuelguen la medalla de haber desbloqueado el contencioso político bilateral tras el auto del juez Velasco, que ordenó investigar a Venezuela por la supuesta alianza entre ETA y las FARC.

Moratinos ya guardó en su momento silencio sobre las 74 compañías de servicios vinculadas con las actividades primarias de hidrocarburos que ordenó nacionalizar Petróleos de Venezuela en mayo de 2009 para obviar pagar las deudas de la petrolera estatal entre ellas Simco, con capital español. Los acuerdos energéticos anunciados con Madrid desde 2008 no dejan ver la letra pequeña aún. Y, a juzgar por sus últimas acciones, no la verán a corto plazo. Ya en 2008, sólo la desidia bolivariana ´salvó´ a España de pagar el crudo venezolano más caro que el precio de mercado en virtud del acuerdo que prometía suministrar a España petróleo para 100 años. La “alianza energética de magnitud” que Moncloa quería desplegar desde 2009 en torno a los acuerdos empresariales bilaterales -ésos sí, concretos- seguirá sin definir. La intención del Consejo de Ministros español era sólo acudir a la compra de crudo venezolano con el precio del barril por encima de ciertos precios; la de Venezuela, expandir su obligatoriedad a todas las circunstancias y crear un fondo común con los recursos financieros de la factura petrolera para que Caracas dispusiera de ellos.

El Palacio de Miraflores le acaba de volver a esconder a Silvia Iranzo la concreción de la venta de cinco buques científicos por 700 millones de euros. El visto bueno a la participación de empresas españolas en la construcción del metro de Caracas así como de un tramo de línea ferroviaria a los que el Consejo de Ministros español trató de poner de largo a bombo y platillo una semana antes del viaje de Moratinos no han podido bautizarse aún en las aguas de Hugo Chávez. Y EADS Casa y Navantia -que depende en su Unidad de Producción de San Fernando-Puerto Real de los encargos de buques venezolanos, a punto de concluir sus encargos ya- siguen sin novedades, por más que el Palacio de Santa Cruz les había prometido comenzar a despejar los atajos, tres años después de que se frustrara - por el veto de la Administración Bush, que no concedió la licencia para transferir a Venezuela la tecnología estadounidense que llevaban incorporada- su venta al Gobierno de Chávez de doce aviones militares -diez C-295 de transporte y dos CN-235 de vigilancia marítima-, valorados en 500 millones de euros.

NI ACUERDOS, NI COMPENSACIONES, NI PENSIONES

Desde 2007 el gobierno de Chávez ha expropiado empresas por 23.300 millones de dólares de los cuales solo 8.600 han sido efectivamente pagados. Mientras París y Buenos Aires han pedido ya explicaciones por la expropiación esta semana de la metalúrgica Matesi, participada por el grupo ítalo-argentino Techint, y de la productora de bauxita Norpro de Venezuela, con capital francés, Moncloa guarda silencio con la expropiación de Monaca, amparada por acuerdo bilateral de protección a las inversiones entre España y Venezuela que indica que la compensación por la nacionalización debe ser al valor real de los activos previos a esta compra. Líder en el mercado de las arepas en Venezuela, era propiedad del empresario mexicano Roberto González Barrera. Tan pronto como cerró en 1999 la compra de Monaca y Chávez asumió el poder, se dio a la tarea de buscar protección para sus inversiones en Venezuela. Pensó que la había encontrado dejando la propiedad al 100% en Valores Mundiales, una empresa constituida en España de la cual Gruma tiene 72,86%. Pero no ha encontrado hasta ahora  eco en Moncloa. Moratinos ha dejado a su suerte a las inversiones españolas, sólo llegó a tiempo de bendecir a posteriori, el ‘efecto Santander’ y su fagocitación por 1.050 millones de dólares. Caracas le enseña la senda de Emilio Botín al BBVA Provincial, ha hecho de ella credo: el que se mueva no sale en la foto. Chávez recordaba esta semana que “expropiará a los bancos privados que no otorguen crédito a sus clientes”.

Se lo recordaba una moción del PP en el Senado del 14 de abril: hay más de 220 españoles residentes en Venezuela afectados por expropiaciones de 200.000 hectáreas de fincas rurales o propiedades industriales por parte del Estado. Y todos siguen esperando que Chávez cumpla las promesas que le hizo a Moratinos y le reeditó en persona a Zapatero durante su viaje a Madrid, tres meses después, en septiembre de 2009. Pero por más que los inversores agrícolas y ganaderos le hayan puesto entre la espada de Chávez y la pared de las reclamaciones económicas y el acuerdo bilateral de protección recíproca de inversiones de 1997, solo han conseguido reeditar la misma receta que desde el 2008: una comisión bilateral.

Hoy, la polémica comparte nevera diplomática con una docena de contenciosos bilaterales que Miraflores exigió no tocar durante el semestre de la presidencia española de la UE para no envenenar la sintonía con Zapatero. Ni palabra de los 2.500 millones de euros de resarcimiento monetario por las propiedades afectadas. Como reconocía hace menos de dos semanas el presidente de la patronal, Fedecámaras, Noel Alvarez, todos los esfuerzos que han realizado los embajadores de España, Portugal e Italia para que paguen a sus inmigrantes no han tenido éxito. Los afectados siguen esperando que el Gobierno de Moratinos les indique si los respaldarán en el caso de una demanda contra el Estado venezolano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Y si los Gobiernos de Venezuela y España acordaron en julio de 2009 la creación de una comisión binacional que se encargará de evaluar y dar seguimiento a las solicitudes de indemnización de unas 200 empresas españolas que fueron expropiadas por el Estado venezolano sin honrar los correspondientes pagos, aún siguen esperando, en el mismo dique del olvido en el que aguardan una solución definitiva las denuncias de los pensionistas. A pesar de las promesas del Ejecutivo caraqueño, que en marzo, publicó un comunicado donde garantiza los “pagos a los 2.082 pensionistas que viven en España” y sólo reconocía entonces un centenar de personas sin recibir su pensión (porque no presentaron la documentación necesaria), la moción respaldada tanto por PP como por PSOE en el Senado en marzo le recordaba a Zapatero que existen 3.000 ciudadanos españoles a quienes la nación andina les debe dinero. Además, como denuncia Coalición Canaria y el PP regional, en Venezuela, donde hay unos 140.000 españoles residentes, el 60% de los emigrantes canarios, con derecho a la ayuda del Gobierno regional de 2009 para casos de extrema necesidad, ha visto pasar los meses sin recibir su dinero, a pesar de que ya en marzo se publicaba la convocatoria para este ejercicio. Eran cheques nominativos en bolívares, que se encontraban en el Banco Canarias, uno de los intervenidos y sólo ahora, gota a gota, empiezan a desbloquearse.

PRESIONES A MOVISTAR PARA HACERLE SITIO A CANTV

Ni la voluntad manifiesta de Movistar de “colaborar con la Asamblea Nacional para resolver sus dudas sobre los  servicios de compañías de telefonía móvil, ni el trabajo previo con los miembros de la subcomisión de de Servicios Públicos, ni el cumplimiento -Movistar dixit- con las leyes especiales y generales que regulan la actividad de las telecomunicaciones en Venezuela librarán a la operadora española de agotar los últimos meses antes de la renovación de su licencia como operadora móvil bajo la retórica de las amenazas del presidente de la subcomisión de servicios públicos de la AN, Ángel Landaeta, que promete denunciar ante el Supremo a todas las ‘telecos’ móviles privadas por “el pésimo servicio que prestan a sus usuarios". En Miraflores miran desde la tribuna de la empresa estatal CANTV, la evolución de Movistar, que con un total de más de 3.000 millones de bolívares fuertes (unos 698 millones de dólares) en inversión en los últimos tres años, ha consolidado una red GSM con más de siete millones de clientes, la mayor red 3.5G de Venezuela y la más amplia red de fibra óptica y ha ampliado su cobertura global de un 28% en 2008 a 92% en 2010.

Ni seis años de precios congelados en telefonía fija (donde controla 5,6 millones de clientes), ni su posición como dominante por CANTV (con un 70% de los abonados directos de internet y más del 82 % de telefonía fija) y Movilnet -con un 45,2% del mercado móvil- han impedido que la rentabilidad de la filial de Telefónica en Venezuela sea en los últimos doce meses casi el doble que CANTV, ni que las operadoras privadas sigan arañando en cuota de mercado en todos los segmentos.  En Miraflores y en el Ministerio de Telecomunicaciones reconocen -ya desde los tiempos en los que estaba Jacqueline Farías- que no piensan en una nacionalización de la que prevenían desde el primer semestre de 2009 los analistas de Bernstein -aunque le permitiría controlar el 80% del mercado móvil-; no la necesitan para tratar de amargarle a Telefónica el segundo mercado con más crecimiento de toda Latinoamérica (después del brasileño) y para despejarse, a golpe de dólar oficial, el desembarco desde el próximo semestre en la televisión digital por parte de CANTV.

Los 55,6 millones de dólares que Cadivi le liberó a Telefónica  entre enero y marzo de 2009 prometían -sigue advirtiendo la administración- ser los últimos en mucho tiempo. La obliga -como a las demás privadas- a recurrir al dólar permuta que ha pasado de ser un 50% más caro a casi un 200%, le mancha el precio de sus smartphones, ha puesto la mano sobre las transmisoras de Zulia y trata de neutralizar su nueva fábrica de móviles con la chilena Bess Mobile en Venezuela. Ya ha conseguido, para empezar mucho más que estrecharle los muros de su producción, con aranceles del 15% a las piezas de telefonía que hacen más barato para las operadoras -advierte Bess- comprar un aparato móvil e importarlo que fabricarlo por piezas en el país. A Movistar y Digitel sólo les queda el dólar permuta a 4,30 bolívares, el intento por aprovechar la ‘ventaja’ de la repatriación de divisas a 2,60 (si les dejan) y cruzar los dedos para que la inflación no les erosionen aún más la espera.

Ni Movistar ni Digicel le pelean su hegemonía móvil a CANTV. Pero a Chávez se le han escapado los contenidos de la red y el mercado de las telecomunicaciones, a pesar de que el sector aporta un 4,2% al PIB en el último año y ha generado ingresos de 13.000 millones de dólares en el último año y de que, a contrapié de la crisis mundial, la patronal Casetel descuenta que crecerá un 15-20 % en 2010. Y ni la devaluación del bolívar un 50%, ni la obligación de costearse a un dólar el doble de caro que la estatal han impedido que el sector gane un 13% más y que Movistar (que vende 10.000 celulares diarios) con su fábrica local y un nuevo plan de aparatos de marca blanca en todo el continente, escape de los muros del móvil ‘vergatario’ de Chávez. Además,  CANTV necesita estirar sus costuras, le urgen más de 2.000 millones de dólares de inversión para despliegue de fibra en 2010 (ya en 2009 recortó un 30% su capex) y lo hará aunque -como hasta ahora- sea a costa de estrecharles las aguas a las demás operadoras privadas. Por eso el presidente bolivariano imbrica a dos manos las urgencias de sus telecomunicaciones con las soluciones para su gigante estatal. No es otra que la Subcomisión de Servicios Públicos del Congreso la que acaba de obligar a la Movistar y Digitel a eximir a los usuarios de pagar al completo sus cuotas mensuales si no las han consumido, ni es otra que la Comisión de Telecomunicaciones la que baraja fórmulas -no lo esconde- para forzarles a rebajar hasta límites similares a los de CANTV y Movilnet sus principales tarifas.

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