edición: 3096 , Jueves, 26 noviembre 2020
17/03/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

Cierre por finalización del alquiler y despido improcedente

DATADIAR

El cierre “forzoso” de un centro de trabajo, por motivos ajenos a la voluntad del empresario, puede ser razón suficiente para justificar un despido por causas objetivas; pero no siempre es así. Pensemos en supuestos en los que la empresa cuenta con varios centros de trabajo. Si cierra uno de ellos, ¿está obligada a trasladar a los trabajadores despedidos a otro? A este respecto, hay que señalar que la ley no impone al empresario la obligación de ofrecer al trabajador afectado por el cierre de un centro de trabajo un puesto de trabajo en otro de sus centros. Sin embargo, la jurisprudencia a la hora de examinar la actuación empresarial en un despido objetivo sí va a exigir que las medidas adoptadas sean plausibles o razonables en términos de gestión empresarial, es decir, que se ajusten al estándar de conducta del “buen comerciante”.

Así, en una reciente sentencia (S. de 29 de noviembre de 2010), el Tribunal Supremo no consideró “justificado” el despido de un trabajador por el cierre del local tras no renovarse el contrato de alquiler.

La empresa en cuestión tenía la explotación de un negocio en la Estación Central de Ferrocarriles de Barcelona, en un local que había sido arrendado por RENFE con vigencia pactada hasta el 30 de abril de 2008. Tres meses antes de esa fecha, la empresa arrendadora comunicó la finalización del contrato y el comienzo de obras de ampliación del vestíbulo que imposibilitaban la prórroga del mismo. Por tal causa, el trabajador fue despedido alegándose amortización del puesto de trabajo. La empresa empleadora tiene más de 15.000 trabajadores en plantilla y en los años 2007 y 2008 había efectuado un mínimo de 81 contrataciones.

En materia de despido por causas objetivas, es doctrina consolidada por el Tribunal Supremo que para que las causas económicas se consideren justificadas el empresario debe acreditar que la decisión extintiva contribuye a la superación de “situaciones económicas negativas”; mientras que la justificación de las “causas técnicas, organizativas o de producción” requieren la acreditación de que el despido contribuye a “superar las dificultades” que impiden el buen funcionamiento de la empresa, a través de una mejor organización de los recursos. El control judicial al respecto debe limitarse en estos casos a comprobar si las medidas adoptadas por la empresa para “superar” las dificultades que impiden su buen funcionamiento son plausibles o razonables en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajustan o no al estándar de conducta del “buen comerciante”.

Partiendo de estas premisas entiende el tribunal que si bien no puede negarse que la extinción del arriendo en Sants resulta del todo independiente de la voluntad empresarial, es también incontestable que tal circunstancia era previsible (por pactada) y que fue anunciada con tres meses de antelación. Igualmente se tiene por acreditado que la empresa tenía una numerosa plantilla  y que en las fechas próximas al vencimiento del arriendo efectuó un importante número de nuevas contrataciones para diversos centros de trabajo, con lo que la falta de ofrecimiento de alguna de esas vacantes o nuevas plazas al trabajador despedido no deja de obedecer a estrategia empresarial, y no a imperativos de producción.

Recuerda el tribunal que la decisión extintiva ha de constituir una “medida racional” en términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr un “incremento del beneficio empresarial”, de forma que en el primer caso la extinción del contrato por causas objetivas sería procedente, mientras que en el segundo sería improcedente.

Por ello considera la sentencia que la “medida racional” que respondería al estándar de conducta del “buen comerciante” hubiera sido que ante la extinción del arriendo del local la empresa hubiese ofrecido al trabajador alguna de las numerosas vacantes que fueron objeto de nuevas contrataciones, dentro o fuera de Barcelona.

En este sentido, resulta de muy difícil justificación la “necesidad de amortizar” un determinado puesto de trabajo cuando en la misma empresa existen numerosas vacantes o se van a crear otros puestos, y simultánea o posteriormente pasan a cubrirse con la contratación de nuevos trabajadores. Tal decisión, amortizar un puesto y a la vez cubrir otros muchos vacantes o de creación ex novo, no se presenta así como la “medida racional” de que antes hablábamos, sino más bien una interesada, aunque injustificada, decisión  empresarial.

De ahí que si bien la empresa no tenía la obligación ex lege de buscar necesario acomodo al trabajador afectado, si que debía haberse dado prioridad al traslado frente a la masiva contratación de trabajadores ajenos. Y aunque ciertamente esta obligación, trasladar, antes que contratar, no figure expresamente en la norma, entiende la sentencia que puede colegirse de su propio texto, puesto que habla de “superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa” y en todo caso es consecuencia de la interpretación jurisprudencial sobre la racionalidad de la medida a adoptar.

Ésta es, a juicio de la Sala, la solución más acorde con el derecho al trabajo reconocido en la Constitución, que en su vertiente individual se concreta en el “derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo”, es decir en el derecho a no ser despedido sin justa causa. Expone el tribunal que tanto exigencias constitucionales como compromisos internacionales hacen que rija entre nosotros un principio general de limitación legal del despido así como su sujeción a condiciones de fondo y de forma, lo que invita a acoger interpretaciones no extensivas en la aplicación del derecho empresarial a amortizar puestos de trabajo por causas objetivas, en tanto que más favorables a la deseable continuidad en el empleo, lo que no significa que no hayan de tenerse en cuenta también los derechos constitucionales de libertad de empresa y de defensa de la productividad.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por la que se establece un plazo especial de opción para la cobertura de las contingencias profesionales y el cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. BOE nº 60 de 11 de marzo de 2011.
El artículo 47.4.2.ª del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, regula el ejercicio de la opción y la renuncia respecto a la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. A efectos de facilitar el acceso a la reciente prestación por cese de actividad por parte de los citados trabajadores, regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, cuya cobertura va unida a la de las citadas contingencias profesionales, resulta aconsejable posibilitar que los trabajadores autónomos que no hubieran optado por esta última protección, procedan a ejercitar dicha opción mediante la concesión de un plazo especial para ello. Esta orden se dicta de conformidad con la función atribuida por el artículo 2.2 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de alzamiento de bienes. Insolvencia real que impidió el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de noviembre de 2010.
Delito de alzamiento de bienes. Los hechos declarados probados evidencian no una ficción de insolvencia en perjuicio de los acreedores bancarios, sino una insolvencia real que impidió el cumplimiento de las obligaciones contraídas con ellos. Empresa dedicada a la adquisición y exportación de aceite de oliva que para el desarrollo de su actividad disponía de varias líneas de crédito bancarias. En garantía se asumía la obligación de conservar la mercancía, pignorada en la modalidad de prenda con desplazamiento, que quedaba a cargo de un depositario; de manera que la prestataria no podría disponer de ella sin previo consentimiento del banco prestamista. Doctrina de la Sala: para que una acción referida a bienes pueda denotarse como «alzamiento» no es preciso que haya tenido lugar una sustracción en sentido material, o bien alguna forma de extracción o apartamiento de aquéllos del lugar en que pudieran encontrarse. Basta con que la realizada fuera una actuación, obviamente intencional, funcionalmente dirigida a obstaculizar la esperable ejecución, total o parcial, de un crédito, y dotada de cierta aptitud para producir tal efecto. Es suficiente, pues, con que la satisfacción de aquél se vea dificultada en un grado apreciable, como consecuencia de ese modo de proceder. No hace falta provocar una verdadera situación de insolvencia. Caso de autos. Absolución: en el factum no se describe ninguna acción típica, ninguna conducta de los acusados reflexivamente dirigida a frustrar las legítimas expectativas de las entidades con las que la sociedad que administraban había concertado las múltiples operaciones de crédito. En los hechos probados no figura, más allá de la gestión de los acusados, mención a operación alguna del mismo dirigida a obstaculizar el cobro de los créditos.

Mercantil

Los síndicos de la quiebra no tienen legitimación para el ejercicio de la acción individual de responsabilidad de administradores. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de octubre de 2010
A los síndicos, como representantes de la masa de acreedores de la quiebra y administradores legales de su haber, se les encarga el ejercicio de acciones de reintegración de la masa, aquéllas que van destinadas a la recomposición del patrimonio del quebrado. Así resulta de los artículos 1218.3.º, 1371 y 1375 LEC 1881 y 1073.2.º y 5  .º y 1091 CCom 1829. Los acreedores en su conjunto -como grupo- son los titulares de los derechos que se ejercitan a través de las acciones de retroacción -legitimación por sustitución-, en tanto que la sindicatura es solo un representante legal -exclusivo desde que entra en ejercicio de su cargo hasta que cesa- de la masa de acreedores, como se deduce del artículo 1366 LEC 1881 y se recoge en reiterada doctrina de esta Sala. Ningún precepto atribuye a la masa pasiva de la quiebra la titularidad de las acciones previstas en los artículos 105.5 LSRL y 135 LSA, que pertenecen individualmente a quien afirme ser acreedor de la sociedad o socio o tercero perjudicado por la actuación de los acreedores, con independencia de que su crédito haya sido o no reconocido en la quiebra.

La «causa petendi» y la «ratio decidendi» coinciden en la existencia de una actuación fraudulenta determinante de responsabilidad a través de la doctrina del levantamiento del velo. Tribunal Supremo. Sentencia 19 de octubre de 2010
El objeto del proceso versa, en síntesis, sobre las consecuencias de una actuación fraudulenta por parte del que era socio y administrador de una sociedad que, después de vaciar de contenido económico a la misma, dando lugar al incumplimiento de las obligaciones contractuales que ésta tenía contraídas con otra entidad, crea una nueva sociedad, en la que asume la práctica totalidad del capital social (99%), para suceder a la anterior en la actividad que venía desarrollando, eludiendo las responsabilidades existentes. La invocación como norma eludible o soslayable -burlada- del art. 133 LSA resulta infundada, porque no es una norma de aplicación imperativa. Además, cuando existen varias alternativas para accionar, la parte es libre de optar por una u otra, por lo que, la posibilidad de una hipotética responsabilidad del administrador, no obsta a que se puede ejercitar una pretensión de actuación fraudulenta con aplicación de la doctrina denominada del levantamiento del velo.

Civil

El sometimiento al régimen de prórroga forzosa ha de ser inequívoco, bien por así ser expresado en el contrato, bien por, de forma implícita, extraerse sin ningún género de dudas del articulado. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de noviembre de 2010
Con la entrada en vigor del RDL 2/1985, el legislador pretendió acabar con el régimen de prórroga forzosa que obligaba a los arrendadores, por la sola voluntad de los arrendatarios, permanecer en el contrato de arrendamiento indefinidamente, contraviniendo los principios generales del Derecho civil que dotan a las obligaciones y contratos de la naturaleza de la temporalidad y del mutuo acuerdo. Dicha regulación se impuso no obstante la voluntad de las partes, que podían, si así lo deseaban, someterse voluntariamente al régimen del artículo 57 LAU 1964. Ahora bien, el citado sometimiento al régimen de prórroga forzosa ha de ser inequívoco, bien por así ser expresado en el contrato, bien por, de forma implícita, extraerse sin ningún género de dudas del articulado.

El carácter de la obligación contraída no permite presumir, sin más elementos, que las arras pactadas sean penitenciales. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de noviembre de 2010
La interpretación efectuada por la Audiencia Provincial para calificar el pacto de arras, que medió en la relación contractual, como arras penales y no como arras penitenciales, no es ilógica ni arbitraria, único por las siguientes razones: (i) la literalidad de la rúbrica y del contenido de la cláusula controvertida  no contradice, por ilógica, la conclusión de la sentencia impugnada, (ii) que la Audiencia Provincial no haya tenido en consideración la referencia al artículo 1454 CC  , que se hace en el último inciso de la cláusula, no puede ser tachada de arbitraria pues está integrada en una estipulación relativa al incumplimiento del contrato, (iii) la calificación como arras penitenciales no contradice lo pactado en las demás cláusulas del contrato ni se opone a elemento fáctico alguno, declarado por la sentencia impugnada, que sirva de apoyo para afirmar que la voluntad de las partes fue otorgarse recíprocamente la facultad de desistir del contrato (iv) el precio de las arras se entregó a cuenta del precio total de la compraventa -estipulación tercera A) del contrato lo que les otorga la característica de las arras confirmatorias que no es incompatible con que, a la vez, se constituyan como arras penales.

Laboral

Supresión del descanso de 15 minutos de bocadillo a trabajadores con jornadas  continuas de menos de seis horas. Condición más beneficiosa. Régimen de descanso compensatorio. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de noviembre de 2010
Se solicita declaración de nulidad por ilegalidad de lo convenido  frente al Acuerdo  colectivo suscrito entre el Comité Intercentros  y la empresa relativo a jornada y descansos. En el primero de los motivos, relativo a la supresión del descanso de 15 minutos de bocadillo, resulta probado que los trabajadores, que realizaban jornadas  continuas de menos de seis horas, venían disfrutando de 15 minutos  de descanso, habiéndose suprimido dicho descanso a iniciativa de los representantes  de los trabajadores, con la finalidad de asegurar  una menor presencia  en la empresa, sin que dicha supresión  haya supuesto un aumento de la jornada  anual de tiempo de trabajo efectivo. La diferenciación entre las dos jornadas se realiza en forma  de  jornada  continuada o jornada partida. En el art.34.4 ET se prevé que siempre que la duración de la jornada  diaria  continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo  de descanso durante  la misma de duración no inferior a quince minutos. El derecho contemplado en el Estatuto, es un derecho mínimo  reconocido a las  jornadas  continuadas superiores a seis horas de duración. El descanso objeto de debate afecta a jornadas inferiores a seis horas y de la lectura del art.32.9 del Convenio Colectivo no se desprende que venga atribuido a otras jornadas que no sean las estatutarias, es decir las superiores a las seis horas, por lo que  siendo inferiores a dicha duración, se ha de coincidir con la sentencia que constituye una condición más beneficiosa  reconocida por la empresa  de origen unilateral y proyección colectiva. Respecto al régimen de descanso compensatorio, lo que en definitiva se establece con el acuerdo es determinar en qué días fijos de la semana tendrá lugar el descanso de los trabajadores que con cinco días de servicios, librando de sábado a lunes, les corresponde el descanso sin que con ello se demuestre que la compensación en descanso resulte limitada en su duración, por lo que el motivo deberá ser desestimado al no apreciarse vulneración ni de las normas de mínimos de derecho necesario ni del nivel convencional adquirido.

La posibilidad de llevar a cabo los reconocimientos en otro centro médico que sustituyera al anterior está expresamente contemplada en la negociación colectiva. No se infringe el principio de condición más beneficiosa. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de noviembre de 2010
El presente proceso de conflicto colectivo versa, en esencia, sobre la pretendida condición más beneficiosa postulada en la demanda, concretada, según el Sindicato actor, en el derecho de los trabajadores afectados (la totalidad de los Tripulantes Técnicos Pilotos  de la empresa) a que los reconocimientos médicos que éstos deben superar periódicamente hayan de seguir programados por la demandada para su realización en un determinado centro médico (CIMA, situado en Madrid), en el que, por ser el único centro autorizado para expedir los pertinentes certificados hasta el año 2003, se habían venido efectuando desde que, en 1989, la empresa comenzó su actividad. En primer lugar, y respecto al precepto invocado como infringido regulador de las fuentes de la relación laboral, el derecho postulado no consta que se hubiere incorporado, por la voluntad individual de los afectados, a sus respectivos contratos de trabajo. En segundo lugar, tampoco se vulnera la normativa convencional porque, en la mente e intención de los negociadores colectivos, además de en la letra de la norma, estaba perfectamente presente la posibilidad de que los repetidos reconocimientos pudieran efectuarse en otro centro médico. Por último, tampoco se ha infringido la doctrina jurisprudencial sobre la condición más beneficiosa, no sólo porque no conste acreditada la inequívoca voluntad empresarial de concederlo, sino también porque, en proporción a todo el período de referencia, no resulta significativo el espacio temporal (desde 2003 hasta noviembre de 2007) en el que, tras la autorización de otros centros, la empresa continuó programándolos en el CIMA. Además, y probablemente éste sea el argumento desestimatorio determinante, la posibilidad de llevar a cabo los reconocimientos en otro centro médico que sustituyera al anterior, como vimos,  había sido expresamente contemplada en la negociación colectiva.

Administrativo

Autonomía y atención a la dependencia. Criterios de participación en las prestaciones del sistema. Audiencia Nacional. Sentencia 25 de febrero de 2011
Acuerdo del Consejo Territorial del sistema para la autonomía y atención a la dependencia por el que se propone la capacidad económica del beneficiario y se determinan los criterios de su participación en las prestaciones del sistema. nulidad del acuerdo en este segundo aspecto al haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento: disposición general que debió ser aprobada por el gobierno. las referencias a la capacidad económica constituyen, sin embargo, meras propuestas dirigidas a las administraciones competentes. Estimación parcial 

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