edición: 2885 , Viernes, 17 enero 2020
16/01/2012

CiU propone en el Congreso adelantar el criterio de cobro del IVA previsto para finales de 2012

Xavier Gil Pecharromán
En pleno debate sobre si el Gobierno debe incluir el criterio de cobro del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) en lugar del actual principio de devengo, CiU ha decidido trasladar el debate de los foros tributarios al Parlamento a través de una proposición de ley, en la que propone que se incluya en el Texto Refundido de la Ley del IVA  que cuando los sujetos pasivos sean empresas de reducida dimensión o trabajadores autónomos, la exigibilidad del Impuesto para las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos a gravamen se realice en el momento del cobro del precio y en las cuantías efectivamente cobradas.

El IVA es un impuesto armonizado en Europa, por lo que debe respetarse la Directiva Europea. En 2010, el Consejo de la Unión Europea, a fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a las que les resulta difícil abonar el IVA antes de haber recibido ellas mismas el pago, modificó la Directiva a fin de dar luz verde a la posibilidad de establecer el criterio de caja (Directiva 2010/45/UE del Consejo del 13 de julio del 2010), que debería transponerse antes de finales de 2012.

Lo que trata de evitar esta medida es la obligación de las empresas de pagar inmediatamente a la Administración el IVA repercutido a sus clientes en el momento de facturar y no en el momento de cobrar la factura. La diferencia es grande, si el cobro de la factura se retrasa 3, 6 o más meses, la empresa perjudicada no sólo está financiando la morosidad de su cliente, sino que, por ley, está avanzando durante este periodo los impuestos que debería pagar su cliente a la Administración, es decir, está financiando a su cliente y a la Administración.

El criterio del devengo favorece, claramente, a las arcas públicas puesto que ve asegurado el ingreso del impuesto en el momento de emisión de la factura, sin que le afecten los retrasos en el  cobro, pactados o no. En el caso de falta de cobro, no se puede empezar a recuperar el IVA adelantado hasta que no ha pasado un año o seis meses para las empresas con una facturación por debajo de los 6,01 millones euros.

Según Técnicos de Hacienda (Gestha), unos 800 millones de euros anuales correspondientes a los ingresos de IVA son de facturas que no han llegado a ser cobradas, como consecuencia del aumento de la morosidad y los impagos. Los más perjudicados por el actual criterio de devengo del IVA –en general, cuando se entrega el bien o se presta el servicio- son las PYMES y los autónomos, quienes tienen que ingresar las cuotas devengadas y no pagadas de IVA.

Según la organización de autónomos ATA, en el mes de octubre el conjunto de autónomos estaba avanzando a las administraciones tributarias casi 2.000 millones de euros por pagos de IVA correspondientes a facturas no cobradas.

Por ello, CiU sostiene que si hoy la Administración drena financiación de las pymes en 2.000 millones de euros, ello significa que está obstaculizando el crecimiento y la creación de empleo por parte de esta tipología de empresas. Devolver a las empresas esta financiación equivaldría a inyectarles 2.000 millones de euros, un evidente estímulo al crecimiento y al empleo.

CiU dice en su propuesta que la crisis económica y financiera está perjudicando a muchos colectivos empresariales y en especial a las Pymes y a los autónomos. La elevada morosidad y el retraso en los cobros de las facturas, junto a las restricciones de liquidez del sistema financiero tensionan la tesorería de la mayoría de estas empresas. Es una de las principales causas de cierre de pymes y autónomos, y constituye una constante amenaza para la continuidad de las que siguen en activo, a la vez que un severo obstáculo para cualquier proyecto expansivo de las empresas que van bien.

Para paliar este desequilibrio, la presente Ley modifica el criterio de imputación de las rentas en el Impuesto obre Valor Añadido, para que el devengo del impuesto se produzca cuando se realice el cobro de la transacción.

Por este motivo, el objetivo de la presente proposición de ley, no es otro que trasponer de manera inmediata la directiva al Ordenamiento Jurídico Español en este aspecto, a través de la modificación del artículo 75 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre Valor Añadido a fin de instaurar el criterio de caja para aquellas entregas de bienes o prestaciones de servicios en las que el sujeto pasivo sea una Pyme o un autónomo.

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