edición: 2285 , Lunes, 21 agosto 2017
29/06/2011

CiU se adelanta a Zapatero y presenta una proposición de ley que permita a los jueces cancelar las deudas hipotecarias

Javier Ardalán
Convergencia i Unió (CiU) le ha ganado por la mano a Zapatero en el asunto de las medidas a adoptar para aliviar la situación de quienes sufren o están al borde de sufrir ejecuciones hipotecarias, que ya rondan las 300.000 en los últimos tres años. Mientras Zapatero anunciaba ayer que presentará esas medidas, sin dar muchas pistas al respecto, salvo que elevará de nuevo la parte inembargable del salario y que se mantendrá la seguridad jurídica del actual marco de garantías hipotecarias, los diputados catalanes han presentado ya una  proposición de ley que proponen extender expresamente también a los préstamos hipotecarios que se encuentren en trámite de ejecución o cuya ejecución se haya instado desde la aprobación de la Ley.

La propuesta de CiU está basada en las lanzadas por un amplio grupo de catedráticos de Derecho Civil y considera necesaria la  adopción de estas medidas al entender que afecta a un derecho social constitucionalmente reconocido como es el acceso a una vivienda digna y que las entidades financieras no son ajenas a la  generación de la actual crisis.

El argumento de CiU es que en la situación de declive económico en la que ha tenido una influencia decisiva la estrategia del sector financiero, que ha impulsado la expansión de la concesión de los créditos hipotecarios de manera paralela al crecimiento exponencial del precio de la vivienda, relajando, al mismo tiempo, las facilidades en el acceso al crédito, siendo todo ello decisivo en la conformación de la burbuja inmobiliaria. La resultante es un enorme crecimiento del endeudamiento familiar, cuyo principal factor ha sido el crédito hipotecario.

Entre sus argumentos, la propuesta explica que la legislación procesal, hipotecaria y civil vigente impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que les sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a una vivienda digna de personas cuyo incumplimiento de la obligación de afrontar los pagos derivados de préstamos hipotecarios viene motivada por causas ajenas a su voluntad, por verse de repente inmersos en una crisis económica que ha provocado la pérdida de empleo y el deterioro de su poder adquisitivo.

Esta rigidez del marco procesal, aun conociendo la ardua realidad económica de muchas familias, no admite siquiera un proceso contradictorio donde se analicen alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda vencida, tales como la entrega de la vivienda como pago de la deuda contraída (la dación en pago), el diferimiento del pago en tanto no se supere la situación económica negativa o incluso la conversión en contratos de arrendamiento, que, en muchos casos, repararían a las partes en conflicto (entidad financiera acreedora y deudor en dificultades económicas transitorias) de manera más satisfactoria que la subasta apresurada de los inmuebles hipotecados.

Además, argumentan en el texto que pretenden que se debata en el Congreso de los Diputados, que en estos momentos en que se está produciendo un ajuste a la baja en los precios de los inmuebles por la irrupción de la crisis económica, la aplicación de la legislación vigente provoca que sean exclusivamente las personas propietarias de la vivienda las que tienen que asumir dicha pérdida, pues aun entregando la vivienda como pago de la deuda contraída no se produce su resarcimiento total, quedando un saldo vivo a favor de la entidad financiera que mantiene la reclamación del pago pendiente sobre otros bienes de las personas que ya han perdido la vivienda.

Por ello, la propuesta apuesta por una reforma de la normativa procesal, hipotecaria y civil que permita ponderar adecuadamente los intereses en conflicto en caso de una ejecución hipotecaria, cuando el deudor ha actuado de buena fe y el inmueble sobre el que se ha constituido la garantía hipotecaria constituye la vivienda habitual, de forma que existan causas legales de oposición que puedan ser valoradas por los Juzgados y Tribunales en función de la situación económica y social del deudor, no sólo en relación a la posición de privilegio del acreedor, para evitar con ello que, a la profunda falta de ingresos de muchas economías domésticas que les impide llevar un nivel de vida digno, se una la pérdida de la vivienda habitual.

El artículo primero modifica, en diversos aspectos, la legislación procesal, para establecer, por un lado, la admisión de la dación en pago como cancelación de la totalidad de la deuda hipotecaria en el caso de deudores de buena fe, de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad financiera que la tasó con un valor artificialmente alto.

Por otra parte, se introduce un proceso de negociación en los procesos ejecutivos hipotecarios que conduzca a una moratoria en el pago de los plazos pactados acomodándolos a la situación económica del deudor, la transformación en un contrato de arrendamiento con opción a compra o a la condonación parcial de la deuda.

Se apuesta por la modificación del artículo 1.911 del Código Civil, permitiendo que normas legales o pactos voluntarios alteren el principio de responsabilidad ilimitada del deudor, con el fin de que exista un mayor equilibrio entre la posición jurídica de las partes obligadas por un contrato hipotecario. También se solicita la reforman, parcial de la Ley Hipotecaria, en conexión esta modificación operada del Código Civil.

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