edición: 2595 , Miércoles, 14 noviembre 2018
21/02/2017

Ciudadanos ordeñados

Alfonso Pajuelo
Todos nos indignamos cuando las empresas privadas cometen abusos y tenemos ejemplos de ello de sobra, hasta el punto que nos vemos obligados a trocear la indignación para poder abarcar la totalidad. El esfuerzo puede resultar agotador. Los partidos siempre llagan tarde, a remolque del enfado y lo utilizan para aportar remedios que den lustre a sus propuestas electorales pero olvidando que tienen parte de culpa por dejación en el momento en que comenzó a aplicarse el abuso. La cosa se complica cuando son las propias administraciones públicas las que cometen el abuso, como es el caso del impuesto municipal sobre plusvalías. No recuerdo haber escuchado a ningún ayuntamiento levantar la voz por la tropelía y mucho menos haber planteado inconvenientes sobre tamaña injusticia. Todos, sin excepción, estaban encantados con cobrar impuestos sobre las plusvalías cuando había minusvalías. Y en ello siguen.
El Constitucional ha sido bastante duro en su fallo contra el impuesto de marras y ha abierto la puerta a que el caso particular juzgado se convierta en general. Es solo cuestión de poco tiempo que el fallo sea aplicable a todos y cada uno de los municipios españoles y, consecuentemente, se plantee la devolución de lo indebidamente cobrado. Mientras eso ocurre, seguiremos pagando porque no queda más remedio y después podremos pleitear para su devolución. El trastorno es por tanto doble y no es gratis. Primero por lo indebidamente cobrado y segundo por el gasto y las molestias de pleitear.

Además, si los ayuntamientos deben devolver lo cobrado tendrán que buscarse la vida para compensar el ingreso y eso puede afectar a todos, incluidos los que no han tenido que pagar ese impuesto porque no han vendido ni heredado una vivienda. El trastorno es mayúsculo y es muy probable que paguen justos por pecadores.

Hay además un atisbo de mala fe en el asunto. Juan Ignacio Navas, socio del despacho Navas & Cusí, recuerda que los Presupuestos de 2014 otorgaron la posibilidad de rebajar los valores catastrales hasta un 60%. “No se hizo y ahora nos encontramos con el problema”, señala.

Con estos casos es obligado preguntarse si de verdad las administraciones trabajan para los ciudadanos. Y recordar, una vez más, que pleitear no es gratis, que defender los derechos es caro y especialmente indignante cuando hay que hacerlo frente al Estado.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...