edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
29/05/2010

Colombia vive unas elecciones normalizadas como herencia incuestionable del uribismo

Pedro González
Los nueve candidatos que este domingo disputan la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas  llegan a esta cita después de haberse recorrido todo el país, celebrado múltiples mítines y zambullido en baños de multitudes más o menos entusiastas. O sea, lo normal en cualquier país de larga y acrisolada tradición democrática. Pero, en Colombia la normalidad de la campaña electoral ha sido toda una novedad, porque en un país que aún combate el terrorismo de las FARC y del ELN presentarse como candidato equivalía a serlo también a ser secuestrado y/o asesinado. En 1990 tres aspirantes a la Presidencia fueron acribillados a balazos mientras que en comicios generales a lo largo del último cuarto de siglo fueron más de doscientos los aspirantes a diputados y cargos electos los que sufrieron atentados terroristas, y varias decenas de ellos no sobrevivieron a sus heridas o a su cautiverio.

El artífice de que se haya llegado a esta normalidad es el presidente saliente, Álvaro Uribe, el único que al fin logró resultados tangibles en la lucha que durante casi medio siglo ha librado el Estado colombiano contra fuerzas guerrilleras que finalmente evolucionaron descaradamente hacia el narcoterrorismo y la delincuencia común. Ni las FARC ni el ELN pueden argüir que no se les tendiera la mano. Lo hicieron varios presidentes antes de Uribe, que tras acordar cesiones humillantes se vieron defraudados y engañados por presuntos liberadores del pueblo, que eso sí gozaron durante mucho tiempo de la complaciente comprensión de los intelectuales de la izquierda-caviar europea.

Ciertamente, al socaire de esa lucha contraterrorista algunos han cometido excesos y se han lucrado con primas y recompensas. Elementos de las Fuerzas Armadas habrían asesinado a campesinos indígenas, vestidos después con los habituales ropajes de los miembros de las FARC o del ELN, para contabilizarlos como bajas y cobrar la prima correspondiente. Son los denominados “falsos positivos”, una causa por la que se pretende sentar en el banquillo de los acusados tanto a la cúpula de las Fuerzas Armadas como al propio Uribe. Será, en todo caso, una cuestión que deberán depurar los tribunales.

El presidente saliente, al que exoneran de responsabilidad en ese caso la totalidad de los candidatos a sucederle, ha restaurado no sólo la normalidad en las campañas sino también la de otros usos democráticos. Falló en su intento de una reforma constitucional que le hubiera permitido representarse por tercera vez, pero acató el resultado y dejó el paso expedito sin agarrarse a presuntas revoluciones bolivarianas ni al carácter imprescindible ni insustituible de su persona al frente del poder. Entendió finalmente que el pueblo, una vez superados los peores momentos de la guerra, da las gracias por los servicios prestados y fija su interés en otra cosa. También le pasó lo mismo a Winston Churchill después de haber ganado una guerra y la democracia británica no se tambaleó en absoluto.
 
Ahora lo más probable es que haya que acudir a una segunda vuelta, a celebrar el 20 de junio, entre los dos principales favoritos: el ex ministro de Defensa y depositario del legado uribista, Juan Manuel Santos, y el extravagante matemático de origen lituano Antanas Mockus, líder del Partido Verde que, a diferencia de sus homólogos europeos, no centra su programa en el ecologismo sino en el paro, la sanidad, la educación y el combate decidido contra las mafias y la corrupción. Su meteórica ascensión en los sondeos se ha visto frenada paradójicamente por el vecino incómodo, el venezolano Hugo Chávez, que ya ha advertido de que un posible triunfo de Santos crispará aún más las interrumpidas relaciones e intercambios entre los dos países. Santos sigue preconizando la línea dura contra el terrorismo, dejando muy en segundo plano sus recetas para colmar las otras grandes preocupaciones de los electores, especialmente el combate contra la crisis económica, la sanidad y la educación. De todas formas, ambos candidatos coinciden en su rechazo a negociar con los terroristas la liberación de los rehenes que aún obran en su poder, y abogan incluso por su liberación a la fuerza.

Se han desinflado opciones como las representadas por Noemí Sanin, Rafael Pardo y Gustavo Petro, todos ellos por delante de Mockus cuando comenzó la carrera electoral allá por febrero, y ahora en busca de conseguir al menos un 5% de los votos, listón que les facilitaría resarcirse de una parte al menos de sus gastos de campaña. Aparte de los posibles actos de boicot y sabotaje que intenten las FARC durante las votaciones, la normalidad será por tanto la novedad principal, incluida la vuelta de la izquierda a la vida política real. No es en vano que más de dos mil dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados a lo largo del siglo XX mientras en el poder se alternaban los partidos Conservador y Liberal. Si ahora triunfase el candidato del Partido Verde el abanico político colombiano consolidaría la alternativa democrática en una América Latina, una parte de la cual deriva hacia un totalitarismo incapaz de ocultarse aunque pase de vez en cuando por las urnas. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL CONSTATA QUE LA JUSTICIA UNIVERSAL ESTÁ EN RETROCESO

Una vez más la presentación anual del informe de Amnistía Internacional subrayó que los abusos y exacciones sobre millones de personas, lejos de aminorar, aumenta a lo largo y ancho del mundo. Pero, como novedad de importancia, se constata que la justicia universal ha sufrido un considerable retroceso a causa de los intereses económicos de los países que podrían exigirla. España, por ejemplo, que se había erigido en pionera y abanderada de numerosas causas más que sospechosas de genocidios y delitos de lesa humanidad, reformó el pasado mes de octubre la ley del Poder Judicial para restringir la aplicación de la justicia universal. El interés de algunos jueces de la Audiencia Nacional por sentar en el banquillo a ministros de China, a propósito de la oleada de represión que sufrió el Tibet, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del poder político, que había recibido previamente serias advertencias de Pekín.
 
El caso más flagrante es, sin embargo, el del presidente de Sudán, Omar Hasan Al Bashir, sobre quién hay orden de caza y captura por parte del Tribunal Penal Internacional. Una disposición que la mayoría de los miembros de la Organización de la Unidad Africana (OUA) no solo rechaza sino que incluso alardea de desobedecer. Reelegido presidente de Sudán, a Al Bashir se le considera responsable de una de las mayores tragedias de la humanidad en la región de Darfur, no solo al provocar el éxodo de dos millones de refugiados sino también de centenares de miles de violaciones y de muertes violentas entre ellos.

Desgraciadamente, la violencia sexual como arma de guerra o sometimiento está a la orden del día en la República Democrática del Congo, Somalia y Chad, además de otros países africanos de más difícil acceso a las pruebas documentales que lo certifiquen. Amnistía Internacional también señala en Asia millares de muertos y decenas de miles de desplazados en Afganistán; record mundial de ejecuciones en China, donde las protestas de las minorías tibetanas y uigures fueron reprimidas a sangre y fuego; cientos de casos de torturas y trabajos forzados en Corea del Norte para los fugitivos que intentan atravesar la frontera con China para escapar del hambre y la represión, y en fin la concluida guerra civil de Sri Lanka ha arrojado un balance de más de 300.000 personas torturadas atrozmente tanto por el ejército como por los rebeldes tamiles.
 
En cuanto a América Latina, Cuba sigue encabezando la represión y hostigamiento contra quienes disienten de la dictadura. Sigue siendo la única república con presos políticos reconocidos como tales internacionalmente, si bien en algunos de sus aliados más íntimos el hostigamiento al discrepante y su encarcelamiento so pretexto de haber cometido delitos comunes ha crecido de manera alarmante.
AI lamenta que el retroceso de la justicia universal fortalezca los abusos de países presuntamente democráticos, pero cuya práctica disfraza auténticas dictaduras, que se refuerzan ante la comunidad internacional en base a las amenazas de medidas de retorsión que tales dictaduras profieren frente a quienes osan recordarles su falta de respeto por los derechos humanos.

SERBIA QUIERE ACELERAR SU ENTRADA EN LA UNIÓN EUROPEA

Pasó por Madrid el viceprimer ministro serbio Bozidar Djelic, para dar cuenta de la marcha de su período de adaptación al acervo comunitario. Como ministro encargado del proceso de integración, cifró en el 74% el cumplimiento hasta ahora del programa de implementación, lo que le llevó a concluir que Serbia habrá cumplido todas las condiciones para convertirse en miembro de pleno derecho de la UE a finales de 2012.

En su encuentro con la Asociación de Periodistas Europeos, Djelic no se extrañó de la creciente preocupación tanto en España como en el resto de Europa por la presencia de mafias balcánicas, violentas y sanguinarias, que en la comisión de sus delitos aprovechan su experiencia como antiguos combatientes. El político serbio reconoció la mala imagen que estas bandas proyectan sobre su país y el resto de los Balcanes, pero matizó que la mayor parte de esta delincuencia procede de Albania y Kosovo. Exhibió datos que demuestran que Belgrado capturó más de 4.000 kilos de cocaína el pasado año, que colabora con las policías europeas y de Estados Unidos para contener el tráfico de drogas, y que está procediendo a una importante reforma judicial que endurecerá los castigos.

La principal medida consiste en la confiscación de todos los bienes de los traficantes detenidos y condenados. Las modificaciones han empezado a dar sus frutos si se atiende a que la joven ministra de Justicia, Snezana Malovic, de 34 años, es el personaje  político que goza de un mayor número de guardaespaldas permanentes, ante la amenaza de los narcotraficantes. Las medidas de seguridad en torno a ella son tan impresionantes que se vió obligada a alumbrar a sus dos hijos en su propio despacho para evitar desplazamientos que hubieran facilitado la comisión de posibles atentados.

Djelic asumió que hay que cercenar a los traficantes desde el principio: “el que contrabandea tabaco pasa después a la gasolina, luego a las diferentes drogas, la prostitución y las armas”. Es un ciclo infernal que solo se corta si se les confisca el dinero obtenido ilícitamente y sin contemplaciones. Recordó que Tito utilizó a los criminales para matar a sus oponentes. “Hay que acabar con cualquier tentación de utilizar semejantes métodos”, subrayó, antes de confirmar que Serbia contempla su adhesión a la UE como un factor decisivo de paz estable, y de advertir que Kosovo es un problema aún sin resolver, de manera que si permanece invariable en su actual status sin reconocer a la minoría serbia pudiera convertirse en un nuevo Chipre “intolerable para la propia UE”.

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