edición: 2325 , Miércoles, 18 octubre 2017
03/07/2010
El mes del papeleo

Comienza julio con declaración de Sociedades, depósito de cuentas y cambio de leyes de SA, SL y Auditoría

Las empresas pueden aplicar un tipo del 20% si su base imponible no supera los 120.202,41 euros y del 25% si lo hace pero hayan mantenido el empleo
Aprobado el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que unifica toda la normativa reguladora de las SA, SL y sociedades comanditarias por acciones
Xavier Gil Pecharromán

El mes de julio supone para las empresas españolas que realizan la declaración del Impuesto sobre Sociedades que cerraron el ejercicio de 2009 el 31 de diciembre de 2009, lo que engloba a la mayoría de las sociedades obligadas a tributar en España. El plazo general concluye el próximo día 26 de julio. La gran novedad a tener en cuenta este año es que todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño, podrán amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en ejercicios iniciados en 2009, desde el momento de su entrada en funcionamiento siempre que la plantilla media de los 24 meses posteriores al inicio del período de entrada en funcionamiento, al menos, se mantenga respecto a la de los 12 meses anteriores.

No menos importante es que las empresas pueden aplicar un tipo del 20% si su base imponible no supera los 120.202,41 euros y del 25% si lo hace, a condición de que hayan mantenido el número de trabajadores de la plantilla, el importe neto de la cifra de negocios es inferior a 5 millones de euros y plantilla media suma por debajo de 25 empleados.

Además, se rebajan las obligaciones de documentación de operaciones vinculadas de tal forma que no se documentan las operaciones realizadas por personas y entidades con una cifra de negocios en el ejercicio inferior a ocho millones de euros y cuya suma total de operaciones vinculadas  no supere los 100.000 euros. Lo lamentable, es que a estas alturas aún no se ha publicado el Real Decreto que modificará nuevamente esta obligación, ya que el  proyecto de Real Decreto que lo regula se encuentra en fase de información pública).
También es tiempo de realizar el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, que debe cumplimentarse un mes después de su aprobación en la Junta General Ordinaria de Accionistas, que a su vez debe celebrarse en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, por lo que, en buena parte de los casos el depósito se puede efectuar hasta el 31 de julio. Siempre refiriéndonos a los ejercicios que coinciden con el año natural.

Las sociedades deben presentar la certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría.

El incumplimiento por parte de las sociedades mercantiles de la obligación del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Las sanciones se determinan atendiendo al importe total de las partidas del activo y a su cifra de ventas del último ejercicio.
Las cuestiones a tener en cuenta, sin embargo, no terminan aquí, ya que El Gobierno, en el último Consejo de Ministros ha aprobado, a través de un Real Decreto Legislativo, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que unifica en un único texto toda la normativa reguladora de las sociedades anónimas (SA), sociedades de responsabilidad limitada (SL), y sociedades comanditarias por acciones.

Esta ley, consecuencia de un mandato incluido en la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no sólo unifica la normativa existente al respecto, sino que trata de acabar con algunas lagunas existentes en la actual legislación y se adaptan los diferentes tipos de sociedades para la transposición del Reglamento de la Sociedad Privada Europea.

Por cierto, que el Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de Ley de la Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España, un texto que, según el Ejecutivo, favorecerá la internacionalización de estas entidades y la suscripción de alianzas con cooperativas de otros países de la UE.

Según la nueva Ley, una sociedad cooperativa europea podrá constituirse por un mínimo de cinco personas físicas o jurídicas residentes en dos o más estados miembros de la UE y con un capital de al menos 30.000 euros.

La ley regula que además de aplicarse las normas concretadas en el Reglamento de la Sociedad Cooperativa Europea, en el caso de las domiciliadas en España, teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia de cooperativas, se aplicará la legislación estatal o de las comunidades autónomas en función del lugar donde se realice principalmente la actividad.

Y finalmente, en esta semana de cambios y plazos para los empresarios españoles, destaca que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley de Auditoría, que entró en vigor el día 2 de julio, y que regulará las cuentas de 2010, salvo la conocida como Enmienda Florentino, que los hará dentro de un año, y que obligará a  las empresas cotizadas con cláusulas de blindaje a suprimir las limitaciones sobre los derechos de voto.

Esta cláusula fue promovida por el PSOE, avalada por CiU y consentida por el PP, que se abstuvo en el Senado, e intenta que desaparezcan los topes al ejercicio de voto según el capital representado por cada accionista, que en el caso de ACS supone un 10 por ciento sobre Iberdrola, sin que tenga reflejo el porcentaje real sobre el capital de que dispone en la actualidad, que es del 12,7 por ciento.

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