edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
12/05/2010

Comienzan las protestas por los excesivos costes de la documentación de las operaciones vinculadas

Xavier Gil Pecharromán
A falta de un mes para que se cumpla el plazo que tiene el Gobierno para reducir las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y su capítulo de sanciones, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso ha rechazado una proposición no de ley, presentada por CiU en la que instaba al Gobierno a que reconsiderase el capítulo sancionador, incluido en la Ley sobre el Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando no haya perjuicio económico para la Hacienda Pública.

También se exigía al Gobierno a anular la exigencia de valoración de las operaciones vinculadas cuando sean distintas del valor de mercado, al considerar que pueden regularse suficientemente a través de la normativa general. La propuesta no logró el apoyo del Grupo Popular, que tiene también su propia proposición, y contó con la oposición del Grupo Socialista, que ofreció un texto alternativa mucho más limitado.

Los asesores fiscales muestran estos días su desencanto con la controvertida burocracia que impone a las empresas la exigencia de documentación por las operaciones vinculadas, referida tanto a las relaciones de las empresas con sus administradores y familiares.
Para hoy tiene previsto el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) entonar su protesta pública por lo que califican de “sangría a las empresas en plena crisis económica.  Por su parte la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha denunciado que el futuro Decreto sobre vinculadas, al que está obligado el Gobierno por la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 6/2010 de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, no va a reformar el régimen sancionador, ni el ajuste secundario, ni a quienes afectan este tipo de operaciones.

El Real Decreto regula que las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca reglamentariamente. Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea inferior a ocho millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado.
Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios establecidos en el artículo 108 de esta Ley. No obstante, deberán documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.”.

Juan Carlos López-Hermoso, presidente de AEDAF, considera que se trata de  una operación de imagen del Gobierno para aparentar que se preocupa por las pymes, a pesar de que se ha visto obligado a abordarlo por la jurisprudencia que los tribunales han emitido en este sentido.

Los tres aspectos mencionados son fundamentales para los asesores fiscales, que proponen incrementar el grado de participación mínimo exigido para que haya vinculación desde el 1% para las sociedades cotizadas  y desde el 5% para el resto hasta el 50%, salvo en aquellos casos en que la Administración pueda probar que algún contribuyente ejerce el control político sobre la sociedad o sobre las filiales.
Consideran que cuando estas operaciones se realizan entre partes vinculadas que tributan en territorio español, en la mayoría de los casos no se realizan pensando en las consecuencias fiscales, sino en criterios económicos, ya que lo que para una es ingreso para la otra parte es gasto, con lo que si no existen diferencias de tipos impositivos el efecto es neutro. Por ello, consideran que se podría corregir mediante el establecimiento de un tipo impositivo común para éste tipo de operaciones, lo que evitaría las sanciones de hasta 50 millones de euros, que actualmente prevé la normativa del Impuesto sobre Sociedades.

Pero es en el capítulo de la documentación donde existe una mayor desesperanza, puesto que los asesores fiscales quieren que se limite a las operaciones internacionales, eximir a las pymes de toda obligación con carácter general y redefinir la definición  pymes en la línea de Reino Unido o Francia, que consideran este tipo de empresas muy por encima de los límites de facturación y empleados que lo hacen en España, situados en 250 empleados con una facturación de 50 millones de euros, justo la cantidad límite de las multas.

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