edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
28/02/2017
LA OREJA DE LARRAZ

¿Compensa la recaudación de algunos de tributos autonómicos frente al gasto que soportan en los tribunales?

Xavier Gil Pecharromán
El Registro de Economistas Asesores iscales (REAF) del Consejo General de Economistas en su ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017’ considera que sería conveniente un patrón común para el establecimiento de tributos que gravan el mismo objeto imponible, pues cada autonomía establece el impuesto de un modo diferente, en muchos casos para acabar gravando el mismo hecho imponible.
Un ejemplo del problema es que los tributos relacionados con el agua suponen el 77,3% por cien de la recaudación por tributos propios (sin contar la recaudación obtenida por algunas autonomías por la vía del establecimiento de cánones como tasas), por lo que el agua es la principal fuente de gravamen de este tipo de tributación.

El REAF  considera que sería conveniente analizar el gasto que suponen los litigios existentes con algunos tributos propios (principalmente, el gasto de personal de técnicos autonómicos, jueces, personal de apoyo que se ocupan de todos estos temas o los gastos asociados a la gestión tributaria) y los resultados recaudatorios.

Debería ser obligatorio, antes de crear un impuesto, realizar un análisis coste-beneficio por parte de las autonomías, principalmente en el caso de los impuestos medioambientales pues en muchos de estos casos, los costes derivados de su establecimiento superan a la recaudación obtenida, subraya el informe.

Los impuestos propios representan solamente el 2,2% de la recaudación tributaria en 2015, por lo que siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías. La recaudación por impuestos propios ha descendido, reduciéndose en 101,8 millones de euros en 2015 con respecto a 2014.

En 2016 apenas se han creado tributos de ámbito autonómico, pero algunos de los existentes han sido declarados inconstitucionales, se han dejado sin efecto o se ha planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que parece que la tributación propia autonómica no ha tenido el desarrollo deseado por los diversos legisladores.

Por ello, el REAF considera que es imprescindible un consenso nacional en este tema, pues los recursos de inconstitucionalidad son continuos en este tipo de tributación. En concreto, en 2015, se han resuelto varios recursos de inconstitucionalidad relacionados con el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito y en la actualidad se ha planteado cuestión prejudicial por parte del Tribunal Supremo ante el TJUE por el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

También estima el REAF en este informe, que es conveniente una armonización de los tributos propios que contemplara hechos imponibles, bases imponibles y cuotas tributarias. Un ejemplo podrían ser los impuestos locales, regulados en una ley estatal que otorga cierta potestad normativa a los municipios para la regulación de los tributos, fijando unos límites mínimos y máximos, así como otros aspectos relacionados con los beneficios fiscales.

Este sistema podría ser de interés para una mejor regulación de los tributos ambientales, pues probablemente se reducirían considerablemente los litigios actuales, si bien serían necesarias modificaciones normativas que tendrían que ser valoradas.

La jungla de normativas autonómicas sobre tributos propios complica considerablemente el conocimiento de la fiscalidad existente, máxime si, como está ocurriendo en los últimos años, las autonomías cuando deciden no aplicar un impuesto optan por suspenderlo en vez de derogarlo, como sería más razonable. En otras ocasiones, se regulan impuestos que no se aplican como, por ejemplo, los relacionados con la tierra o las explotaciones agrarias.

Hoy en día, con los avances informáticos en todos los ámbitos y también en el de la Administración Pública, no deberían existir tantos retrasos en el conocimiento de las liquidaciones presupuestarias desagregadas, pues esto complica considerablemente conocer la realidad presupuestaria autonómica en todos los ámbitos y, en especial, en el de los tributos propios.

Todo ello lleva a los asesores fiscales del REAF a pensar en la necesidad de analizar detenidamente el panorama actual de los tributos propios y sus efectos sobre la recaudación y gestión tributaria, pues entienden que quizás sería conveniente considerar la realización de modificaciones sobre el ejercicio de la capacidad normativa de las comunidades autónomas  en este ámbito, en el marco de la futura reforma de la financiación autonómica.

Por ello, consideran que es más que probable que, junto con la modificación del sistema de financiación, sobre el que existe algún consenso –sobre la propia necesidad de modificarlo, que proporciona recursos insuficientes y que no es en absoluto transparente-, se produzcan cambios en los tributos ligados al mismo, sobre todo en los cedidos totalmente, caso del Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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