edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
28/02/2013

Competencia clama contra la exclusividad de los procuradores y considera que se debe anular el arancel que cobran

Javier Ardalán
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera que la obligación de un procurador en los procesos judiciales debe acabar y pide que se revisen los aranceles que cobran, que son casi fijos, para pasar a un sistema de precios libremente fijados por las partes, puesto que considera que están en contra de la normativa comunitaria.

El informe sobre el futuro estatuto de la profesión es importante, no sólo para los procuradores, sino también para el resto de las profesiones que están a la espera de saber cómo quedará el ejercicio de sus actividades una vez que se publique la Ley de de Servicios Profesionales.

La CNC manifiesta que es necesario reducir los supuestos de obligación de representación procesal, en particular a la luz de las posibilidades de desarrollo de procedimientos telemáticos de notificación y gestión de información.

Demanda que se elimine por innecesario, desproporcionado y discriminatorio, la exclusividad general en la representación procesal a favor del procurador, así como la prohibición de ejercicio conjunto de la profesión de procurador con las de abogado, gestor administrativo y graduado social.

Quiere también, que se revise el régimen de funciones vinculadas al ejercicio de autoridad pública atribuidas a los procuradores derivadas de Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y de la Ley de la Nueva Oficina Judicial. Recuerda que son funciones que han pasado de la esfera de la Administración de Justicia a la de los procuradores. La CNC entiende que, en caso de externalizarse dichas funciones, debería tenerse en cuenta el coste-beneficio de asignarlas a un colectivo en exclusiva.

Estos sistemas, cuyo acceso e interconexión entiende que deberían garantizarse en términos abiertos y no discriminatorios, deberían servir para favorecer la competencia entre procuradores, así como entre éstos y otros profesionales que, en un contexto de no exclusividad de las funciones de aquéllos, pudieran desarrollar actividades análogas. Esta recomendación afectaría al artículo 25 del Proyecto de Estatuto General, relativo al servicio de recepción de notificaciones y traslado de copias que los Colegios de Procuradores deben instaurar.

El establecimiento de este servicio, con arreglo a las leyes procesales, debería ser sin perjuicio de que estos servicios se puedan organizar de manera alternativa por los participantes en los procesos jurisdiccionales (en un contexto de menores obligaciones de representación procesal), o por los propios Procuradores o entidades públicas sin necesidad de pasar por el Colegio.

Recomienda, además, que no se introduzca en  la reglamentación  de los colegios en el ordenamiento obligaciones de colegiación con anterioridad a la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales, que liberalizará la mayoría de las profesiones y prohibirá la gran mayoría de las colegiaciones obligatorias, realizando en tal momento la valoración de su mantenimiento con arreglo a justificaciones de necesidad y proporcionalidad.

Incluso, la CNC denuncia que se atenta a la competencia, el que la organización se reserva la capacitación de sus colegiados, ya que una vez se accede a la misma, en este caso mediante la obtención de la titulación universitaria, la de procurador y el acto de colegiación, no ha de existir capacitación adicional para poder ejercer, como filtro adicional en manos del Colegio, de forma que exista una reserva de actividad para los ya colegiados si quieren prestar servicios en determinados ámbitos (como puede ser la asistencia jurídica gratuita o el turno de oficio, por ejemplo). Hasta se exige capacitación obligatoria para pertenecer al Servicio de representación jurídica gratuita.

Y, finalmente, sobre la posibilidad de emitir informes y dictámenes por parte del Colegio Profesional considera que la redacción del referido precepto ha de excluir la posibilidad de que el Colegio perciba ingresos por prestación de servicios en competencia con sus colegiados.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una sentencia, de 30 de enero, en la que decreta la nulidad de los nuevos estatutos del Colegio de Procuradores madrileños,  aprobado en una asamblea celebrada el 15 de julio de 2010, al no haber sido  ratificado posteriormente por el Consejo General de Procuradores de España.

El Tribunal advierte a la Junta de Gobierno del Colegio de que no podrá presentar para su aprobación de nuevo el Estatuto madrileño "ya que a fecha de hoy no consta que se haya producido la aprobación (del Estatuto General) lo que ciertamente vicia igualmente el procedimiento de aprobación estatutaria". Este estatuto, mientras tanto, ha sido vapuleado por la CNC.

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