edición: 2408 , Viernes, 16 febrero 2018
14/07/2010

Competencia condiciona la futura norma de financiación de RTVE a que lo autorice Bruselas

Javier Ardalán
Otra joya de la corona del Gobierno de Zapatero que se tambalea. La Comisión Nacional de la Competencia acaba de concluir su informe sobre el proyecto de Real Decreto sobre la financiación de Radio Televisión Española (RTVE) y en él, denuncia que el “impacto positivo” que establece como base para que paguen los proveedores de servicios de acceso a redes es, cuando menos, difuso, ya que los beneficiados directos no son ellos, sino los proveedores de contenidos, que ven incrementado el valor de su espacio publicitario.

Además, y lo considera más grave, el resto de oferentes de espacio publicitario (operadores de radio, prensa escrita, publicidad externa, publicidad online) quedan exentos de dicho gravamen y que parece evidente la diferencia de trato que se establece entre los operadores (bien de telecomunicaciones, bien audiovisuales) en función de su ámbito geográfico de actuación. Aquellos operadores que actúan en el ámbito de una Comunidad Autónoma, quedan exentos del pago al que se obliga a los operadores de ámbito nacional, cuando ambos compiten en el mismo mercado.

El informe concluye que debería incluirse una disposición final al texto del proyecto de real decreto por la cual se supedite la entrada en vigor del mismo a la autorización por parte de la Comisión Europea.

Recordemos, que este sistema de financiación también ha sido analizado por la Comisión Europea a la luz de la normativa de ayudas públicas, ya que se trata de un nuevo sistema de financiación basado en los impuestos para los organismos de radiodifusión pública en España, lo que ha supuesto la apertura de un procedimiento de investigación formal en relación con dicho asunto.
 
En tal Decisión, la Comisión Europea ya ha considerado que se dan los requisitos necesarios para que las medidas reguladas puedan ser consideradas como ayuda de Estado a partir del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que estas confieren una ventaja financiera a RTVE en el sentido de la sentencia Altmark2 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ello, la Comisión ha decidido iniciar un procedimiento formal de investigación según el artículo 108.2 del TFUE, que a fecha de emisión de este informe no ha concluido todavía.

Por ello, entiende que esta diferencia de trato carece de justificación, puesto que el beneficio derivado del nuevo régimen de financiación de la Corporación RTVE existe también para las televisiones autonómicas e introduce distorsiones significativas en la competencia. Este argumento incluye a las televisiones públicas autonómicas cuyo régimen de financiación no excluya la publicidad (que, por el momento, son todas).

Las críticas subidas de tono no concluyen ahí, puesto que la CNC también indica que el nuevo mecanismo de financiación de la Corporación puede seguir siendo un importante elemento de distorsión a la competencia entre RTVE y sus competidores, en particular a través del incentivo al incremento presupuestario que supone.

Recuerda la CNC que ya consideró en su informe de 2009 que la razón que subyace a dicha imposición - que los beneficiados de esta decisión sean también quienes soporten, en parte, esa carga económica-, así como el reparto preciso de dicha carga entre las distintas categorías de afectados, no resultan suficientemente justificados.

El nuevo sistema de financiación se basa en ingresos públicos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, aportaciones de los operadores de televisión y los de telecomunicaciones de ámbito estatal o supraautonómico; ingresos derivados de la aplicación de un porcentaje del rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico regulada en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y los ingresos obtenidos por la propia Corporación de RTVE.

Así al referirse la CNC a los operadores de telecomunicaciones, entiende que la justificación del supuesto beneficio que justificaría la imposición de la obligación de contribución directa a la financiación de RTVE no está debidamente desarrollada ni en el articulado ni en la exposición de motivos ni en las memorias de acompañamiento de la Ley 8/2009, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

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