edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
30/11/2009

Competencia critica la política de energías alternativas y la de residuos

Xavier Gil Pecharromán

La Comisión Nacional de la Competencia ha dado su visto bueno al real decreto que complementa la Ley Ómnibus de Servicios en el tratamiento de residuos y otros aspectos de interés público sobre el medio ambiente. Hace unos días, en otro informe similar criticaba el tratamiento que el Gobierno da a la política de energías alternativas a través de subvenciones.

En este último caso, el de las energías alternativas, el informe sobre el sector eléctrico considera que una gran parte de las distorsiones regulatorias a la competencia que soportan los mercados eléctricos, en particular el mercado de producción, proviene de la intervención pública en materia de subvenciones, bonificaciones y demás ayudas a determinadas tecnologías de producción.

Es el caso de las primas a las energías renovables -indica la CNC-, las cuales (dependiendo de la tecnología) reciben un precio determinado por cada kilovatio/hora que vierten a la red, por encima del precio que marca el pool eléctrico, sobrecoste que se carga a las tarifas reguladas.

“Estas bonificaciones han motivado un incremento sustancial del peso de las tecnologías eólicas y fotovoltaicas dentro del ‘mix’ de generación que era el objetivo perseguido originariamente”, añade.
 
Finalmente, manifiesta que se puede haber generado un estímulo excesivo a la inversión en ciertas tecnologías a costa de otras con menor coste de producción que se han visto desplazadas por las tecnologías subvencionadas. Con ello, se han distorsionado los mecanismos de entrada de centrales con ofertas más competitivas en el pool.

En el actual informe sobre protección del medio ambiente, la CNC considera que aunque se ha incluido un cierto grado de intervención administrativa en el Real Decreto, lo cual puede resultar justificable en virtud del interés público de la protección al medio ambiente. Sin embargo, manifiesta que ello no debe servir para que la protección de dicho interés general deje de compatibilizarse con el mínimo perjuicio posible a la competencia en los diversos mercados.

En el caso de la regulación de la actividad de residuos, donde, como ya puso de manifiesto la CNC en su informe sobre el Anteproyecto de Ley Ómnibus, distintas previsiones legales, tanto del lado estatal como del autonómico, dificultan la entrada en los mercados de gestión y eliminación de residuos, muchas veces por la constitución de monopolios de carácter local o autonómico sobre las distintas actividades.

Indica que resultaría conveniente aprovechar esta oportunidad para clarificar determinados conceptos presentes en los distintos Reglamentos especiales de residuos, que pueden originar inseguridad jurídica y favorecer situaciones de restricción a la competencia.

Es el caso, por ejemplo, del concepto de “puesta en el mercado” existente en el Reglamento de residuos de neumáticos (Real Decreto 1619/2005). Este es un concepto relevante para establecer los operadores obligados a financiar los sistemas integrados de gestión de neumáticos fuera de uso, uno de los instrumentos que la normativa posibilita para la realización de esta actividad.

El mencionado Real Decreto establece que corresponde financiar el sistema integrado de gestión a los fabricantes, así como a los importadores, mediante una cantidad acordada por la entidad a la que se asigne la gestión del sistema, por cada neumático de reposición puesto por primera vez en el mercado nacional, con la consiguiente repercusión de este coste a través de toda la cadena de valor.

Aboga por que el principio general que debe regir es la duración por tiempo indefinido de las autorizaciones. Este principio sólo puede verse superado en los casos tasados que establece la norma.

En lo que afecta al artículo objeto de análisis, nos encontraríamos que aun cuando la autorización se renueva automáticamente, y no siendo este un supuesto en que quepa limitar el número de autorizaciones disponibles, se limita sin embargo la duración máxima de la autorización a un total de dos prórrogas (quince años), lo que contraviene la Ley Paraguas.

En los casos de renovación de la autorización, se considera que la renovación no debería sujetarse a la emisión de informe favorable, puesto que puede que éste no se produzca, sino a la no emisión de informe desfavorable.

A modo de ejemplo, cita, además, la regulación del acceso privativo al dominio público en forma de concesiones, “acceso que puede condicionar la posición de los operadores en determinados mercados en que tal dominio público constituye un input productivo”, señala el informe.

La CNC defiende la igualdad de oportunidades en cada uno de los sectores, la desaparición de las autorizaciones previas que en muchas ocasiones imponen restricciones a la competencia, sobre todo si están limitadas en el tiempo, o el establecimiento de subvenciones excesivas que dificultan la competencia en los mercados, como ocurre en el sector eléctrico.

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